Crisis de seguridad
Julio A. Millán B.
A últimas fechas, el crimen y la violencia se han vuelto un tema clave tanto en el desarrollo social y humano como en el económico del país.
Por un lado, la delincuencia “común” que se manifiesta en delitos patrimoniales (robo) y los homicidios, y que ahora se ve exacerbada por la delincuencia organizada ligada al tráfico de drogas, secuestros y extorsiones, lacera el bienestar personal y colectivo de la ciudadanía.
Más allá de las estadísticas que muestran lo creciente del problema en la última década, según datos oficiales publicados por la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y las Drogas, en México la tasa de homicidios intencionales pasó de 9.8 por cada 100 mil habitantes en 2002 a 23.7 en 2011, lo que sin duda es alarmante.
En este contexto, si a la vista de las empresas los gobiernos (federal, estatal y municipal) no pueden proveer la suficiente protección, éstas se ven obligadas a destinar un considerable porcentaje de sus gastos a prevenir y responder al crimen y la violencia.
Los negocios se están viendo gravemente impactados por la inseguridad, por un lado los costos financieros relacionados con los daños físicos a sus propiedades y a sus mercacías en tránsito vía los robos, la extorsión a los operadores y la siembra de drogas en sus cargamentos.
Esta última situación se está presentando de manera significativa en los transportes que llevan mercancía hacia la frontera norte, los delincuentes colocan droga en los camiones y en el caso de ser detectados por las autoridades el trailer es detenido indefinidamente lo que impide la entrega a tiempo y causa pérdidas a veces millonarias a las empresas, sin que tengan culpa alguna.
Ante esta realidad, las empresas en México están identificando el crimen como un obstáculo muy importante para el desarrollo de los negocios. Por ejemplo, en el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial de 2008-2009, el 6.7% de las empresas entrevistadas señalaban que el crimen y el robo eran un obstáculo para hacer negocios.
Recientemente, el INEGI dio a conocer los datos de la primera Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012; sus resultados dimensionan el problema de inseguridad, extorsión y corrupción que enfrentan las empresas en México. Destaca el que el 37.4% de las más de 4.2 millones de empresas hayan reportado ser víctimas de la inseguridad valorando los costos asociados en 56 mil 774 pesos en promedio por empresa.
De tal suerte que el costo total de la inseguridad es de 115 mil 200 millones de pesos que equivale a 0.7% del PIB. Para darnos una idea, es más de lo que se destina a la ciencia y la tecnología.
Es urgente pues que se haga explícita la estrategia que se seguirá para reducir los niveles de inseguridad, tanto personal como en los negocios, claro, si se tiene alguna.