Se multiplican policías comunitarios
Félix Fuentes
Los cobros de piso están de moda en casi toda la república. Los implantaron mafias del narcotráfico y hoy los practica cualquier delincuente común y gente desesperada, carente de empleo.
Quienes se deciden a realizar esos cobros saben que se juegan la vida y por ello secuestran, dirigen amenazas graves y cometen asesinatos.
Los poderosos cárteles se van sobre empresarios de elevado poder económico o comerciantes de buen nivel. Y los muy urgidos de dinero y sin experiencia delincuencial extorsionan a gente de medianos y escasos recursos.
Esa incidencia se arraiga en México y desespera a comunidades de la mayoría de los estados, algunas de las cuales declaran acciones de defensa para enfrentar a los criminales.
La población menonita fue de las primeras en enfrentarse al hampa de Chihuahua y le asesinaron a dos integrantes de la familia LeBarón. Esto ocasionó que numerosos miembros de esa raza de migrantes huyeran de aquel estado norteño.
Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León son de los más castigados por los cárteles, al grado de que en numerosas poblaciones radican escasos habitantes. Es muy conocida la versión de que Tampico se quedó sin ningún empresario. O se fueron a Estados Unidos o a otras ciudades de México, cansados de las extorsiones de piso. Igual sucede en Nuevo Laredo, Reynosa, ciudad Juárez, Torreón, Lerdo, Monterrey y muchos otros lugares.
En los estados del sur, Guerrero ocupa el primer lugar en el renglón de las extorsiones. Se informa que en el moderno centro comercial La Isla, de Acapulco, casi todos los dueños de negocios pagan ese derecho a la delincuencia.
En municipios de Tierra Caliente y la Costa Grande guerrerense se ha generalizado la delincuencia que comete robo, secuestra y ejecuta a quienes se niegan a pagar los derechos de piso.
En esos lugares, de pobreza extrema y desempleo nacieron los grupos de autodefensa o policías comunitarias, los cuales persiguen y detienen a los maleantes porque ya no creen en las policías municipales ni en la estatal de Guerrero, debido a que “todas están de acuerdo con narcotraficantes y bandidos en general”.
En la zona más precaria de Guerrero, la de La Montaña, aparecieron los primeros comunitarios, como en el municipio de Tlapa, y en el pueblo de Temalacatzingo hubo un desfile de hombres y mujeres armados con machetes, pistolas y rifles, habiendo protestado en defensa de la comunidad.
Ese levantamiento se extendió a otros municipios, Tixtla entre otros, donde en cinco poblaciones —en primer lugar la de Zacatzonapa— la gente armada está dispuesta a enfrentar y ultimar a los delincuentes, algunos muy conocidos en esos pueblos.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pareció dispuesto a apoyar a los comunitarios, incluso facilitándoles armas porque de esa manera se ayudaba a combatir a narcotraficantes. Pero le cayó encima el mundo mediante las críticas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y líderes de partidos de izquierda.
Están en lo justo quienes afirman que sólo las autoridades oficiales deben imponer orden porque si los particulares hacen justicia por sí mismos se corre el riesgo de peores desmanes y de caer en una especie de guerra civil.
Sin embargo, las autoridades constituidas carecen de fuerza para contener y eliminar las extorsiones y los secuestros. Así que… a encomendarse a Dios.