Su menor nivel en los últimos dos sexenios
Humberto Musacchio
Lo dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: “Los ingresos tributarios del gobierno federal en 2012” cayeron a “su menor nivel en los últimos dos sexenios, al representar 8.4% del producto interno bruto” (La Jornada, 5/II/2013), pese a que el crecimiento del PIB estuvo muy por arriba del tres por ciento y lo esperable hubiera sido una mayor recaudación.
La caída se registró en varios rubros. Por ejemplo, el impuesto especial sobre producción y servicios, más conocido como IEPS, recaudó 203 mil millones menos de lo calculado; del impuesto empresarial a tasa única, el IETU, se obtuvo 16.8 por ciento menos de lo esperado; del impuesto a los depósitos en efectivo se recibieron 2 mil 785 millones, 28% menos de lo estimado, y del impuesto al activo no hubo recaudación, pero al gobierno le representó un costo de mil 181 millones de pesos.
Lo anterior no incluye el impuesto sobre la renta ni el IVA ni otros gravámenes que en conjunto trazan un panorama aterrador para el ciudadano: hay muchos impuestos y poca recaudación, pero lo peor es que ese cúmulo de cargas fiscales representa una carga onerosísima para el causante y una pérdida brutal de horas hombre, pues en lugar de que la gente se dedique al trabajo productivo, el complejísimo sistema fiscal obliga a que todo trabajador independiente —de los que pagan impuestos— tenga que erogar lo que cuesta un contador y se dedique a perseguir comprobantes, guardarlos y ordenarlos.
En suma, el sistema fiscal mexicano no sólo resulta confiscatorio, pues quita a un clasemediero hasta la mitad de sus ingresos sin que los servicios que ofrece el Estado compensen en modo alguno el inmenso sacrificio ciudadano. Es un conjunto absurdo e intrincado de leyes, reglamentos, circulares, disposiciones y normas que lejos de poner orden hoy representan el más serio obstáculo para contar con finanzas estatales medianamente sanas.
Hay que insistir en lo no tan obvio. Hay que pagar impuestos para sostener el aparato estatal y sentar las bases de una relación política en la cual los ciudadanos tengan la capacidad de presionar a sus autoridades. Con un 60% de la fuerza laboral en la informalidad y que por lo tanto no paga impuestos; con un régimen fiscal que en la práctica exime a los más ricos y propicia la elusión de quienes más deberían pagar mientras que ahorca a los causantes cautivos y a los clasemedieros responsables, no puede haber finanzas públicas sanas ni Estado capaz de cumplir satisfactoriamente con sus tareas. No hace falta decirlo, pero urge una reforma fiscal.