Entrevista a Edgardo Buscaglia/Investigador principal de la Universidad de Columbia en Nueva York
Antonio Cerda Ardura
Haya sido accidente la explosión del 31 de enero pasado en el edificio B-2 del complejo administrativo de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la ciudad de México, o cualquier otra circunstancia que dejen al descubierto las investigaciones, la seguridad de esa empresa es una prioridad de Estado, asegura a Siempre! Edgardo Buscaglia, investigador principal de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Si bien el reporte preliminar dado a conocer el lunes por la Procuraduría General de la República (PGR) al respecto de las causas del estallido, que produjo hasta el cierre de esta edición un total de 37 muertos y 121 heridos, se refiere a una acumulación y explosión de gas metano y descarta que se tratara de un atentado, aún no existe una conclusión definitiva.
A la par de esa explicación oficial, han circulado versiones y especulaciones, planteadas principalmente por la revista Proceso, el diario La Jornada y desde el extranjero, al respecto de un posible atentado.
La Jornada, por ejemplo, señaló que un supuesto mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, adscrito al sector Tacuba, del cual tiene la grabación, indicó que en el interior del edificio siniestrado encontró una maleta negra con una bomba dentro, la cual no había explotado. Esta afirmación la desmintió el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en una declaración que provocó indignación en las redes sociales por su falta de sensibilidad hacia las víctimas, ya que explicó que en la maleta se halló “algo que es muy peligroso para los hombres: cosméticos de mujer”.
La revista Proceso refirió, a su vez, haber recabado información, en el lugar de los hechos, de elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de peritos de la PGR, en el sentido de que entre los escombros del edificio de Pemex se hallaron residuos de explosivo Composition 4 (C-4) y cargas que no detonaron, además de datos relacionados con la ordeña de ductos de Pemex por parte de la banda de Los Zetas, la cual, el 12 de enero, habría amenazado, por medio de mantas dejadas en Hidalgo y Zacatecas, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Desde Austin, Texas, la compañía Stratfor Global Intelligence, dedicada a los análisis geopolíticos dijo, en un artículo titulado: En México, rumores rodean la explosión de Pemex, que al menos dos de tres cargas de explosivos no habían sido detonadas, pero que “un atentado de ese tipo no corresponde al tipo de acciones de los carteles de la droga en México, que no han recurrido a violencia política”.
Stratfor sugirió que si la explosión llegase a ser un ataque, “la explicación estaría en los intereses dentro de Pemex frente a la búsqueda de eficiencia de parte del gobierno del presidente Peña Nieto”.
Para dar seguimiento a la investigación, el Senado de la República aprobó, el martes pasado, la creación de un grupo de trabajo que actúe de manera coordinada con las autoridades y con los expertos que ha designado la UNAM, mientras que la Subprocuraduría de Procesos Penales de Control Regional de la PGR anunció, en la misma fecha, que las conclusiones finales de los peritajes sobre la explosión podrían tardar entre cinco y 10 días.
Mientras, se espera que este lunes comparezcan o comiencen a comparecer, para explicar lo ocurrido ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores, el secretario de Gobernación, Osorio Chong (quien dice que tras la explosión se han investigado distintas amenazas contra la paraestatal); el de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el procurador Murillo, y el director de Pemex, Emilio Lozoya.
En entrevista con Siempre!, Edgardo Buscaglia, especialista en temas de seguridad nacional, profesor invitado de la UNAM y presidente del Instituto de Acción Ciudadana, sostiene que hay pruebas suficientes de que grupos de delincuencia organizada se han adueñado parcialmente de Pemex.
Foco de riesgo
¿Qué tanto representó para la seguridad nacional la explosión, del 31 de enero, en el Centro Administrativo de Pemex?
Resulta siempre una amenaza para la seguridad humana y la seguridad nacional de cualquier país cuando con cierta frecuencia explotan edificios, ductos o pozos, de una compañía petrolera. En el caso de Pemex en particular, ya hace bastante tiempo que esta empresa viene sufriendo un sinfín de atentados, ataques a su infraestructura, accidentes graves no explicados, e infiltración de la delincuencia organizada. Estos simples hechos ya deberían de llevar a cualquier lector a la conclusión de que Pemex es un foco y atracción de riesgos de seguridad humana e inseguridad nacional en sí mismo y que esa situación debe ser controlada como prioridad misma del Estado mexicano.
Existe ya abundante documentación que constituye potencialmente un amplio material probatorio para concluir que Pemex es hoy un instrumento de la explotación económica de grupos criminales transnacionales que se afincan en el Estado mexicano. El libro titulado El cártel negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex (Grijalbo), por ejemplo, escrito por la valiente y brillante periodista mexicana Ana Lilia Pérez, da cuenta, con nombres y apellidos, de los grupos de delincuencia organizada que se han adueñado parcialmente de esa empresa.
¿Es creíble la versión oficial de que una acumulación de gas causó la explosión?
En primer lugar, no existe todavía una verdadera versión oficial y profesional sobre la tragedia. Una versión oficial debe contener un informe firmado por peritos independientes y una investigación separada de una comisión del Congreso, pero de un Congreso con dientes que obligue a las partes a comparecer, sujetas a la figura de desacato y encarcelamiento si no comparecen y responden a las preguntas de los y las congresistas. Estas condiciones no están todavía materializadas; por lo tanto, no existe una versión oficial. Lo que sí existe hasta hoy es una conferencia de prensa del señor Jesús Murillo Karam, impartida con un amateurismo sorprendente. Amateur por sus modismos y forma irrespetuosa hacia las víctimas de esta tragedia en Pemex.
¿Debemos tomar en serio las versiones sobre una participación de Los Zetas y la que habla de un atentado?
Es imprescindible determinar cuál ha sido la causa de la explosión. Pudo haber sido debido a negligencia por falta de mantenimiento, o negligencia por falta de seguridad, lo que permitió un sabotaje-atentado, lo que llevaría a la cuestión de asignar responsabilidades penales. Lo cierto es que la causa inmediata y la directa no han sido todavía establecidas. Por eso lo que hay que hacer ahora es ponerle toda la lupa al Gobierno federal, a través de una comisión del Congreso, a través de los medios de comunicación, a través de la sociedad civil en general y a través de una investigación independiente para que se elaboren tres productos escritos que rápidamente expliquen, asignen responsabilidades y reparen el daño social y a los familiares de las víctimas.
¿Qué corresponde para que todos queden conformes con la explicación?
Corresponde, como le mencionaba, implementar tres mecanismos y cada uno de éstos debe generar un producto. Primero: un panel de peritos independientes e internacionales que lleguen a una conclusión unánime, en un primer reporte, sobre las causas técnicamente directas de esta tragedia en Pemex. Segundo: una investigación de la PGR para afincar responsabilidades penales a través de un expediente, más tarde abierto al público. Y tercero: otra investigación independiente, llevada por una comisión del Congreso que genere un tercer reporte, muy aparte de los demás y en menos de tres meses, que sirva de base para asignar responsabilidades civiles y responsabilidades políticas. Para esto están también las legislaturas en una democracia.
Privatización de facto
El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, habla de posible negligencia de funcionarios de la anterior administración respecto al estallido en Pemex, ya que el edificio donde se registró la explosión y se sospecha que se acumuló gas, supuestamente, llevaba dos años sin ser verificado. ¿Qué tanto incide esta versión para calmar las sospechas de un atentado? ¿Es también creíble?
Son importantes por eso los tres puntos que le he explicado. Pero más allá de esto, el Poder Ejecutivo debe explicar de inmediato cuáles serán los mecanismos que se pondrán en funcionamiento para combatir la delincuencia organizada dentro de Pemex. Por otra parte, existe una reacción negativa de vastos sectores políticos ante la posibilidad de la privatización de esa empresa. Esto se entiende dado el contexto histórico mexicano y por los abusos cometidos por el sector privado inversionista de Estados Unidos y el sector público de esa misma nación en suelo mexicano. Sin embargo, Pemex ya ha sido parcialmente privatizado de facto, dado el nivel de infiltración criminal organizada y dada la explotación ilegal de petróleo que han logrado Los Zetas, las franquicias ligadas a Sinaloa y algunos grupos empresariales ilegales estadounidenses.
