Agencia de Gestión Urbana
Venero sólo los gobiernos libres y extiendo mi atención,
mi cortesía y mi urbanidad aun a mis mayores enemigos.
Antonio Nariño
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
El pasado 12 de febrero el gobierno del Distrito Federal colocó a la ciudad capital a la vanguardia de la administración pública internacional al romper con rémoras y atavismos administrativos y reconocer la urgencia de contar con la Agencia de Gestión Urbana que garantice, se dijo, la “permanente, eficaz e integral comunicación y coordinación entre las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que tienen a su cargo la realización de acciones que garanticen el adecuado funcionamiento de la ciudad y su viabilidad urbana”.
El anterior es el considerando sustantivo que dio paso al decreto por el cual el gobierno —que encabeza el doctor Miguel Ángel Mancera— creó este órgano desconcentrado, cuyo principio rector destaca la coordinación como garantía sine qua non de “servicios fundamentales como la movilidad, el agua, el drenaje y la disposición de los desechos sólidos, entre otros”.
Esta revolucionaria medida administrativa es producto de un acucioso análisis de las diversas soluciones internacionales aplicadas para enfrentar la complejidad, dimensiones y magnitud de acciones necesarias para satisfacer los derechos urbanos de los habitantes de algunas metrópolis del planeta.
La figura que más se adecuó a estas necesidades fue la de la agencia de gestión urbana, cuyos orígenes se ubican en la figura del City Manager, adoptada por vez primera en Staunton, Virginia, Estados Unidos, en 1908.
Cuatro años más tarde, en 1912 la ciudad de Sumnter, en Carolina del Sur, nombra su primer gerente de la ciudad, y en 1916, Dayton, Ohio, establece el primer administrador de la asociación de la ciudad, figuras que se han ido profesionalizando a lo largo del tiempo en función a las necesidades administrativas de cada población a la que sirven.
Es relevante reconocer que el principio que anima a la cultura sajona —y en particular a la estadunidense— para adoptar esta figura gerencial es la convicción por aislar la prestación de los servicios urbanos básicos, de los vaivenes de las políticas partidarias y ello implica la entrega del manejo de esos servicios básicos a expertos en la materia, privilegiando en su asignación a profesionistas a quienes se les exige neutralidad política durante su gestión.
Lo anterior propició desde 1924 la elaboración y adopción de un código de ética de quienes ocupan el cargo de gerentes de la ciudad, de cuyos principios rectores vale la pena rescatar la premisa de la “integridad en la prestación de todos y cada uno de los servicios, lo que obliga al funcionario al rechazo absoluto a cualquier favor”, a exhibir siempre una “conducta ejemplar en asuntos personales y profesionales, un respeto irrestricto a la función y a la contribución de los funcionarios electos”.
Normas parafraseables al precepto del colombiano Antonio Nariño, en relación a que la agencia de gestión urbana de nuestra ciudad capital debe servir “a los gobiernos libres y brindar atención, cortesía y urbanidad” sin distingo de filiación partidista.