Atacar las causas estructurales
Mireille Roccatti
Enrique Peña Nieto anunció los lineamientos de la política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia. Los críticos inveterados que viven de y para la descalificación se han apresurado en descalificar las directrices de este programa por una supuesta falta de integralidad. En tal virtud conviene un análisis sucinto.
En principio, el acento de las acciones públicas se pone no sólo en acciones de prevención del delito o en la realización de operativos policiales sino que busca atacar las causas estructurales. Por ello se plantean acciones que en concordancia con otras políticas públicas buscan disminuir la desigualdad, acabar con el hambre, abatir la pobreza, generar empleos y en general detonar crecimiento económico y desarrollo.
Es cierto que las acciones y operaciones policiales mantienen inercialmente su implementación, al igual que tampoco se puede de un día a otro retirar al Ejército de las regiones donde ha debido desplegarse para contener la espiral de violencia, lo destacable consiste en que la prioridad ha dejado ser combatir la violencia criminal con la respuesta violenta del Estado. En relación con la utilización del Ejército, su repliegue será gradual. Pero la esencia de la nueva política es atender las causas que no es otra cosa —simplificando— que la inmensa desigualdad social.
La políticas públicas en materia de educación, salud, empleo, vivienda, economía y desde luego de prevención del delito deben responder a una trasversalidad que el nuevo régimen en orden de prioridades ha ido construyendo y que seguramente en el Plan Nacional de Desarrollo habrán de consignarse y ubicarse distintas acciones en cada ámbito.
En el ámbito de la procuración de justicia es claro que la visión toral es abatir la impunidad y combatir frontalmente la corrupción. Resulta reconfortante que más allá del discurso retorico de respeto a los derechos humanos, se realicen acciones para revertir la tendencia represiva propias de un régimen de derecho penal del enemigo, como evitar el abuso del arraigo, o la utilización de testigos protegidos y sobre todo que la propia PGR realice acciones legales específicas para remediar flagrantes injusticias cometidas al utilizar la procuración de justicia como ariete ofensivo contra reales o supuestos enemigos políticos.
En el terreno de la aplicación de la ley y atacar la corrupción, el trayecto será arduo y difícil. El reto se antoja una de las tareas de Hércules. Existe la voluntad y el ánimo de lograrlo respetando el binomio indisoluble que constituyen la justicia y el respeto de los derechos humanos. En lo tocante a la profesionalización de las policías preventivas, lo avanzado en los últimos años debe mantenerse y fortalecerse; tampoco es posible inventar en la materia. Hace décadas el planteamiento ha sido capacitarlas y armarlas adecuadamente, se requiere perseverar. La instauración de los mandos únicos estatales tendrán que demostrar su viabilidad y a la luz de una evaluación rigurosa persistir o no.
La experiencia vivida por el país en los últimos años debe servir para evitar repetir errores. El modelo policial y en general todo el accionar estatal en materia de combate al crimen organizado fue casi un total fracaso. La tarea es replantear la estrategia.
Lo fundamental y que debe valorarse adecuadamente es que existe una nueva propuesta del régimen que se basa en la atención de las causas de la violencia social.