Parecería un contrasentido, pero no lo es. El diputado Manlio Fabio Beltrones y el gobernador Ángel Aguirre tienen razón. ¿Los dos? Sí, los dos. No, obviamente, en la guerra verbal y muy personal en la que se enfrascaron recientemente, sino en las declaraciones que hicieron con respecto a la llamada policía comunitaria.

El coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro dijo algo que es absolutamente cierto: los grupos armados de autodefensa constituyen un riesgo para la integridad del Estado mexicano.

Los mandatarios de las entidades donde se han multiplicado esos grupos tienen que replantear el funcionamiento de sus gobiernos para ser capaces de brindar protección y justicia a la comunidad. “De otra forma —subrayó el legislador—, serán sustituidos”, y también podría agregarse: desplazados por quienes decidan tomar la ley y el poder en sus manos.

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se pronunció recientemente por fortalecer la policía comunitaria, por considerarla “un ejemplo y modelo de participación ciudadana”. Y algo similar propuso el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, quien se refirió, incluso, a la necesidad de regular su actividad.

La multiplicación de la “justicia insurgente” en varias entidades del país, especialmente en los municipios más pobres, es una realidad imposible de eludir. Existe, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero desde hace más de 15 o 20 años, y se ha arraigado en los pueblos indígenas como un mecanismo de sobrevivencia ante el incremento de la delincuencia, la arbitrariedad de los cuerpos policiacos, el abandono y los vacíos dejados por el sistema de seguridad y justicia.

Pretender eliminar a esos grupos, así como así, no es fácil. El intento podría llegar a provocar un levantamiento social. ¿Por qué? Porque se han convertido ellos y sus hijos en las principales víctimas de la delincuencia sin que exista policía o Ejército que los proteja. Por eso, Fausto Vallejo coloca sobre la mesa la necesidad de institucionalizar su existencia —darles capacitación, normas de conducta y un salario— a fin de que dejen de estar al margen de la legalidad.

Lo que, sin duda, es cierto es que la policía comunitaria no debe ser considerada como un sustituto de las obligaciones que tiene el gobierno federal y los gobiernos locales para garantizar la seguridad de la población. Sobre todo porque —como ya sucede— la inseguridad ha comenzado a ser utilizada por organizaciones clandestinas radicales como pretexto para armar a la población y movilizarla políticamente.

Ha saltado, por ejemplo, al escenario mediático un movimiento de nombre Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS), cuyos líderes anunciaron hace unos días que realizarán el próximo 13 de marzo una marcha en el Distrito Federal y en 19 estados de la república, para dar a conocer lo que han bautizado como Movilización Nacional en Defensa de la Vida.

La propaganda que utilizan tiene un objetivo claro: convencer sobre la incapacidad del Estado para proteger a la población de la violencia e inseguridad, y la necesidad de armarse para hacer justicia al margen de las instituciones y de la ley.

Se trata de una cruzada para restarle legitimidad al gobierno naciente, autoridad a las instituciones y crear las condiciones para que prolifere la anarquía.

Justifican la formación de “grupos de autodefensa” o de “policías comunitarias” a partir de un discurso ambiguo, donde la democracia y la ilegalidad se confunden: “Muchos se espantan —dicen sus voceros— porque es ilegal, pero la soberanía radica en el pueblo. Y si alguien cuida a mis hijos, y si es anarquista o lo que sea, pero los cuida, bienvenido sea para nosotros. Lo que no queremos es que ningún niño más vaya al cine con su papá y muera”.

La arenga recuerda lo que hoy le dicen a usted, lector, quienes viven en municipios en manos de los cárteles: “No se preocupe, aquí nos cuida La Familia”.

Las policías comunitarias —como varios investigadores sociales lo han dicho— se han convertido en uno de los “ejes centrales de la disputa política” entre el Estado y la población más olvidada. Se trata de un conflicto donde está en riesgo la unidad política y física del territorio mexicano, que amerita ubicarlo en el primer sitio de la agenda no sólo de seguridad pública sino de seguridad nacional.

Se trata, sin duda, de un foco rojo —rojísimo—, donde una medida de emergencia como puede ser la policía comunitaria no debe ser confundida con una “salida falsa” que termine provocando la balcanización del Estado mexicano.