Entrevista a Daniel Cunjama/Investigador del Inacipe

 Sin resultados inmediatos

Irma Ortiz

La ausencia de los secretarios de la Defensa Nacional, Marina y de los titulares de Seguridad Pública Federal y Procuraduría General de la República marcó el tono de la ceremonia donde el presidente Enrique Peña Nieto instaló el pasado 12 de febrero, en Aguascalientes, la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con un objetivo primordial: reconstruir el tejido social y aprender de la experiencia en Ciudad Juárez.

Con una inversión de 118 mil 800 millones de pesos y la participación de nueve secretarías de Estado, este plan atenderá particularmente 48 municipios, dos delegaciones del Distrito Federal y 7 zonas metropolitanas. Entidades como Michoacán, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero, están consideradas como los primeros estados donde se iniciará este plan de prevención.

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha marcado distancia de la estrategia calderonista —cuyo objetivo siempre fue la coerción— y que a pesar de que se incrementó en más de 500 por ciento el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública Federal, también lo hicieron los delitos del fuero federal, que aumentaron en más de 80 por ciento.

El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, Roberto Campa Cifrián, ha delineado líneas generales del plan que busca sobre todo acabar con acciones inconexas como se ha dado en el pasado. Apuntó que se realizarán acciones preventivas en 100 demarcaciones e “intervenciones” en 251 demarcaciones.

Asimismo se destinarán 2 mil 500 millones para trabajar y reconstruir comunidades a fin de dar oportunidad a jóvenes a acercarse al deporte y la cultura. Campa explicó parte de las acciones que se realizarán para la prevención de violencia en el entorno escolar y familiar, así como el combate a las adicciones con un enfoque de salud pública.

Se comprometió a informar puntualmente sobre cada peso que se gaste en este programa y anunció que en el plazo de un mes se dará a conocer el plan particular de cada demarcación atendida.

Sobre el tema, Siempre! entrevistó a Daniel Cunjama, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

El plan desde el punto de vista general atenderá los factores estructurales de lo que vivimos en materia de violencia y delincuencia. El que se hayan integrado nueve secretarías que entren a la escena de la violencia es fundamental, porque modifica el esquema de cómo debemos de mirar la seguridad en México. No puede ser de otra manera si concebimos que parte de la problemática obedece a dificultades económicas, a la falta de empleo, al no acceso a diversas instituciones educativas.

Si revisamos la estrategia, se está dimensionando la parte estructural de la violencia y los delitos y es claro el cambio de estrategia con  respecto a la que se llevaba en el sexenio anterior. El que dimensionemos la prevención como social resulta fundamental, porque nos indica que debemos atender aquellos factores sociales que inciden para que un grupo de personas o una persona decida cometer un delito o esté ejerciendo algún tipo de violencia.

El nuevo programa

Este miércoles se publicó el acuerdo para crear la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el que se plantean una serie delineamientos; aquí es donde debemos de estar muy atentos para que estas propuestas obedezcan a la parte estructural del Programa Nacional para la Prevención Social. Esto se puede traducir en las cuatro acciones nacionales planteadas, en un primer momento: el combate a la violencia en el entorno escolar, el combate a la violencia en la familia, el combate a las adicciones y la identificación oportuna de los jóvenes que tienen problemas de aprendizaje. Estas cuatro acciones son importantes, pero resulta importante analizar cómo se van a crear las acciones en concreto a partir de la coordinación de estas nueve secretarías para dar el resultado en cada una de estas cuatro acciones.

A qué me refiero cuando hablamos de combate a la violencia en el entorno escolar, estaríamos pensando en meter más patrullas o implementar operativos como mochila segura que inclusive se ha abierto un gran debate respecto a la posible violación a los derechos humanos de los niños con ese tipo de acciones.

Aquí es donde debe de tener gran repercusión el revisar el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, si asumimos que buscamos una prevención social, y el tipo de acciones en concreto deberán estar en correspondencia con esta visión. Tenemos que esperar para ver como se da esta coordinación, cómo se dan las acciones, cómo se implementan programas y políticas para alcanzar los objetivos propuestos.

Ésa es la palabra: la coordinación porque en el pasado había un plan, propuestas y acciones, que nunca se vieron en la realidad…

Estoy de acuerdo contigo y me parece que hay una constante en la historia de nuestro país, en que existe una falta de coordinación interinstitucional pero también ocurre en los diferentes niveles de gobierno, esto lo podemos ver por ejemplo cuando realizamos diagnósticos para focalizar acciones de prevención social del delito. Creamos diagnósticos municipales y podemos ver cómo en un primer momento los municipios no tienen una adecuada sistematización, ni mecanismos para recabar información, que tienen que ver con la delincuencia y la violencia; en un segundo momento, la coordinación y la transferencia de información entre los estados y los municipios es pésima, y luego entre los estados y la federación es aún peor. Hay una falta absoluta de coordinación entre estos tres niveles de gobierno. Ahora, con esta estrategia se le da una gran importancia no sólo a la coordinación interinstitucional sino también entre los diferentes niveles de gobierno, pero esto se tiene que ver reflejado en acciones concretas y, ahí me parece prematuro evaluar o poder juzgar el avance la estructura.

Problemas de aprendizaje

En lo que respecta a las cuatro acciones nacionales, comentábamos que una de ellas es la identificación oportuna del problema de jóvenes con problema de aprendizaje y es una de las situaciones que en particular me preocupa. Me llama mucho la atención y no debe de pasar por alto, cómo vamos a identificar y qué vamos a hacer con los jóvenes una vez que han sido identificados. Este punto es importante porque lejos de resolver una dificultad, a partir de esto puede acentuarse, en el sentido de que un joven señalado como problemático, puede tener una exclusión social o acentuarse ese aislamiento y puede también, de alguna manera, reforzar sus conductas antisociales o incluso violentas. La forma en que se estructuren las acciones  para desarrollar estos objetivos, me parece que es lo de fondo. Hay que verlo con gran cuidado y conocer cómo es esta coordinación interinstitucional y con los diferentes niveles de gobierno, para que resulte en programas concretos.

Se señala que estos lineamientos están muy bien pero que los resultados se verán en varios años…

Normalmente, el control de la delincuencia que se ha llevado en nuestro país siempre ha privilegiado la coerción, es decir, se le ha dado mucho más presupuesto y se han creado muchas más acciones para las policías, para los operativos, para los jueces, los ministerios públicos, y no nos hemos preocupado lo suficiente por atacar el problema de fondo y es algo que tarde que temprano se tenía que hacer, porque si no, el día de mañana estaremos inmersos en una ola de violencia mucho más terrible de la que ya vivimos hoy.

Por ello es importante que, por ejemplo, las secretarías de Economía y del Trabajo estén presentes en este plan porque ellos también son los encargados de diseñar políticas para tratar de aminorar la gran desigualdad que existe en el ingreso en nuestro país, que no sea posible que unas personas estén ganando en promedio 50 pesos y otras reciban millonadas. Ese tipo de situaciones económicas nos acentúan procesos de exclusión y una serie de problemáticas que desembocan en problemas de violencia familiar.

En un estudio reciente que elaboramos en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, una de las constantes es la violencia intrafamiliar. A través de este estudio nos dimos cuenta de que parte de esa violencia tiene origen en la economía de la familia y en su precariedad, que irrita las relaciones sociales. La gente a la que no le alcanza para comer empieza a tener una relación social y familiar conflictiva que desemboca en violencia.

Esta violencia y la delincuencia tienen factores estructurales  y si solamente nos avocamos a la parte coercitiva, nuestra realidad no tendrá un buen futuro. Hagamos una metáfora: imaginemos que vamos a sembrar pasto en una casa y lo único que hacemos es podarlo, eso es la medida coercitiva, solamente quita lo que está arriba para que luzca bien pero sólo por cierto tiempo, cuando el problema de fondo está en la raíz. Si atendemos los factores estructurales que generan la violencia y la delincuencia estamos atacando las raíces del problema.

Es muy claro que la prevención del delito no nos va a dar resultados a corto plazo como quisiéramos, por eso también ésta no debe de venir aislada de una política urgente de coerción, que tiene que ver con policías que cuenten con capacitación, con profesionalización, con abatir los índices de corrupción de impunidad, por supuesto que eso tiene que trabajarse y verse en esta estrategia, pero si sólo le apuntamos a la parte coercitiva como lo hemos hecho hasta ahora, estaríamos condenados al fracaso.

Resultados a mediano y largo plazo

Ahora, si consideramos que la previsión social nos dará resultados rápidamente, estamos equivocados. Este tipo de estrategia, si se realiza como debe ser, atacando el problema de fondo, como es el sistema social, económico y político que hace posible los grandes altos índices de violencia y de delincuencia, por supuesto que vamos a tener resultados benéficos, pero a mediano y largo plazo. Me parece que exigir que la prevención social del delito dé resultados en un año es una visión completamente equivocada y que además no comprenden lo que implica la previsión social.

Tenemos el ejemplo de ciudad Juárez, cómo se manejó el uso de la fuerza y en lo que terminó convirtiéndose esa ciudad…

Conozco el caso muy de cerca porque estuve trabajando en ciudad Juárez, vivimos ese proceso, donde cuando sacaron al 50 por ciento de los efectivos federales disminuyó la violencia, es decir, esa parte coercitiva estaba incrementando los índices de violencia y fue a través de programas como los de Todos somos Juárez, que por cierto fue un programa pionero y que articuló a diferentes instituciones tanto federales como estatales y municipales, donde estaban incluidas la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales; nos pusimos a trabajar unidos y tuvimos resultados benéficos.

Ahí implementamos un programa para abatir los problemas de las pandillas, con una mesa interinstitucional para la atención de este fenómeno que nos dio buenos resultados. Lamentablemente ya no se pudo dar continuidad a este tipo de proyectos, pero el espíritu es el mismo: apuntando a la prevención social con carácter más estructural. Lo vivimos en ciudad Juárez, y en otros estados se ha visto también que la parte coercitiva lo único que provoca es el incremento de violencia. No hay una manera diferente de poder reducir estos índices si no es atacando de raíz la problemática estructural. Esperamos que este programa funcione como se ha planteado hasta el día de hoy.

¿Que tendrá que ir acompañado de qué, aparte de la prevención social, cuando se sigue incrementando la violencia?

Tenemos que crear una política alternativa a través de tres vías, el primer momento y el fundamental es precisamente el de la prevención social de la violencia, pero paralelamente debe haber un segundo escalón, que tiene que ir de manera paralela, y es la parte coercitiva, sin que se convierta en la guía del barco, ni en la brújula para reconstruir el tejido social.

Otro punto importante es la reinserción social, no desde el punto de vista jurídico sino me refiero a aquellas personas que han tenido vinculación con algún tipo delictivo o con alguna acción violenta y que incluso ya han tenido un castigo por parte del Estado, de la comunidad o de su propia familia.

Esta persona debe tener la oportunidad de integrarse a la sociedad sin que implique el ejercicio de la violencia o la comisión de otros delitos, es decir qué hacemos con las personas que ya han cometido algún delito; también tenemos que atender esa parte de la política alternativa que nos podría ayudar para restablecer la seguridad en nuestro país.

Hablamos de una política criminal alternativa porque precisamente esta prevención social, además de tener un carácter inmediato de acciones en concreto como el fortalecimiento de la cultura, o crear más oportunidades para los jóvenes para que incursionen en el mercado laboral o terminen sus estudios, deben estar ancladas con políticas estructurales macro, que sería tarea de estas nueve secretarías.

Las encargadas de fomentar más empleo son precisamente las secretarías del Trabajo y de Economía, mientras que la Secretaría de Educación tendrá que plantearse cómo ingresar al grueso de los muchachos que no han podido acceder al nivel medio superior o a las universidades. Necesitamos crear más oportunidades y esto no se puede hacer sino a través de políticas estructurales.