Entrevista a Luis González Placencia/Presidente de la CDHDF
Antonio Cerda Ardura
Tras de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció, el pasado 23 de enero, que durante la detención de la ciudadana francesa secuestradora, Florence Cassez, se cometieron graves violaciones a sus garantías básicas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entabló, el 15 de marzo, una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Genaro García Luna y otros veinte exfuncionarios de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.
Entre los exfuncionarios demandados por la CNDH, cercanos al exdirector de la AFI, García Luna, figuran el entonces titular de la Unidad de Investigación y Secuestro, Israel Zaragoza; el exdirector de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino, y el exdirector de Operaciones Especiales, Javier Garza.
El 9 de diciembre de 2005, Cassez fue detenida por elementos de la AFI, en el rancho Las Chinitas, ubicado en la colonia San Miguel Topilejo, en el Distrito Federal, donde la banda de Los Zodiaco mantenía secuestradas a tres personas. Sin embargo, después se demostró que ese operativo de arresto fue un montaje realizado un día después de los hechos verdaderos para que se hiciera público a través de los medios de comunicación (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XQUoy9Svd_E#!). También se violó el debido proceso de la mujer, ya que no se dio aviso de inmediato al consulado francés.
Por estas razones, aunque no por su responsabilidad de secuestradora, la SCJN dispuso, el 23 de enero pasado, la inmediata libertad de Cassez, quien se marchó a Francia.
A pesar de que los delitos que motivaron la denuncia de la institución garante de los derechos humanos contra García Luna y sus colaboradores prescribieron en los términos de los artículos 105, 214, 215 y 225 del Código Penal Federal, es decir, entre los cinco y siete años posteriores a la detención de la francesa, el Ministerio Público estudia si en este plazo se llevaron a cabo diligencias relacionadas con la averiguación previa 147/DGDCSPI/06, que se abrió en 2006, las cuales pudieran mantener vigente alguna conducta delictiva, en especial si se refiere a ilícitos en contra de la administración de la justicia.
En opinión del doctor Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la revisión por parte del Ministerio Público, de las aportaciones que han hecho la SCJN y los organismos defensores de los derechos humanos sobre el caso Cassez, aún podrían dar pautas que eviten que Genaro García Luna quede impune.
Decisión ministerial
Todo indica que la demanda penal interpuesta por la CNDH contra Genaro García Luna y otros exfuncionarios del gobierno anterior fue tan extemporánea, que la mayoría de los delitos cometidos durante la detención de Florence Cassez ya prescribieron. Tal vez sólo estarían vigentes los delitos contra la administración de la justicia. ¿Es correcta esta apreciación?
Lo primero que habría que aclarar es si, efectivamente, se realizó una denuncia penal, o si más bien se presentó sólo una denuncia pública, a través de un informe especial que preparó la CNDH. Lo que ellos han dado a conocer es que se presentó un informe e, incluso, el procurador general de la república comentó que estaría analizando ese documento para decidir si, a partir de ahí, se interpone una denuncia.
El segundo punto tiene que ver con la posible prescripción de los delitos. En efecto, al Ministerio Público es al que le toca hacer el cómputo en este caso, y tiene que ser muy preciso, para ver si las personas que fueron denunciadas en el informe alcanzan todavía alguna responsabilidad. Algunos expertos han sostenido que varios de esos delitos podrían haber prescrito, pero esa tendría que ser una determinación exclusiva del Ministerio Público Federal.
Y aún no se ha pronunciado al respecto.
No. Desde luego, existe la posibilidad de que la denuncia, la averiguación previa, ya se haya iniciado, pero eso no se ha hecho público.
Algunos expertos han hecho cálculos que señalan que tres delitos ya prescribieron, menos los que pudieron haber sido contra la administración de justicia. ¿Cree usted que se podría solventar un caso contra esos funcionarios?
Creo que habría que hacer un análisis, porque lo que han hecho hasta ahora, tanto la SCJN, como la CDHDF y otros organismos protectores de derechos humanos, ha sido más bien un cuestionamiento sobre la manera en la que se construyó todo el proceso contra Florence Cassez. No es solamente el tema de los montajes. Es decir, la finalidad de dichos análisis, incluido el que hizo la Corte, no era dilucidar si se configuraba el probable delito contra la administración de justicia, sino más bien la manera en la que el montaje incidía para deshacer los argumentos que llevaron, en su momento, a la condena de Florence Cassez. Esto significa que el Ministerio Público, en caso de que inicie la averiguación previa, tendrá que hacer una revisión. Y sí, le van a servir mucho, tanto el planteamiento que hizo el ministro Arturo Zaldívar, como los documentos amicus curiae que fueron presentados por diversas instancias e, incluso, por algunas personas a título personal. Eso, para efecto de poder reconstruir si, efectivamente, se configuran estos delitos o no. Es natural, además, que en el propio expediente deba haber una cantidad importante de información que podría ayudar a que estos delitos se fuesen investigando.
¿La CDHDF ha promovido alguna demanda contra esos funcionarios?
No está en nuestro ámbito de competencia. Eso corresponde al ámbito federal. Sí dijimos, desde hace por lo menos un año, que era muy importante que no se dejaran en la impunidad los posibles delitos cometidos en contra de la señora Cassez y, eventualmente, contra las otras víctimas. Hay que recordar que el que no se haya podido llevar adelante un proceso que diera satisfacción a las víctimas, también implica una responsabilidad por parte de la autoridad, tanto de la Policía Federal, o la AFI en aquel momento, como del Ministerio Público Federal.
Inocente, sin pruebas en contra
Como Florence Cassez ya no está ni siquiera en México, muchos pensamos que a las víctimas de secuestro ya no se les puede resarcir nada. Tal vez habría cierta conformidad si se juzga a los culpables de que el proceso se haya caído.
Creo que es muy importante hacer la aclaración de que la satisfacción de los derechos de las víctimas no está vinculada necesariamente con la posible condena de Florence Cassez. Me explico: contrariamente a lo que se ha dicho, yo quiero ser muy enfático aquí: Florence es inocente porque no se logró probarle la culpabilidad. Entonces, la responsabilidad para con las víctimas la tienen las autoridades que hicieron mal su trabajo y que no supieron responder quiénes son los autores de los secuestros. Este tema, y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, tiene que ver con la posibilidad de increpar seriamente, a través de un juicio penal, si fuese el caso, esta tendencia que tuvieron las autoridades, sobre todo en el sexenio pasado, de fabricar delincuentes y procesos, y de crear condenas con la idea o la intención de satisfacer el ánimo de justicia que estuvo presente a lo largo de todos esos años.
Antes que satisfacer un ánimo de justicia, a muchos les pareció que lo que se buscaba era justificar un trabajo mal hecho ante el presidente de la república.
Sí, realmente vimos diversos episodios. Éste quizás ha sido la punta del iceberg de todas esas presentaciones que se hicieron ante los medios de comunicación. Hubo casos, como el de los generales, que finalmente se cayó, pero que sólo buscaban esa especie de efectismo. La intención era mostrar que se capturaba a las personas, que se les tenía sometidas y que se les enviaba a prisión, aunque los procesos más adelante se cayeran.
Esta forma de actuar de García Luna durante todo el sexenio, ¿nos llevaría a concluir que fue un gran mentiroso, un hombre que vivió inventando, escenificando y haciendo shows para mantener un puesto?
Yo diría que descubrió el potencial que para esos fines tienen los medios de comunicación. Él supo comunicar “logros”, entre comillas, con la finalidad de generar la idea, la percepción de que, efectivamente, se estaba haciendo justicia. Hay casos muy particulares, y éste de Cassez es uno de ellos, en los que se tendría que revisar su responsabilidad directa por el uso de los medios de comunicación con fines de propaganda.
Lección aprendida
A muchos nos da la impresión de que este señor ya está riéndose otra vez, protegido con su manto de impunidad, y que así se va a quedar.
Aunque por desgracia lo presentó hasta ahora, cuando lo pudo hacer antes, con mayores posibilidades de concreción, ojalá que el informe de la CNDH, aun a destiempo, pueda ser un buen motivador para que las autoridades federales inicien investigaciones sobre éste y otros casos en los que pudieran haber estado involucrados el señor García Luna y otros servidores públicos de la administración pasada. Ellos abonaron para que algunos casos fuesen fabricados y los procesos no pudieran prosperar de manera adecuada y, por lo tanto, ayudaron a generar esta desazón que hoy tenemos todos en el país y que usted lo fraseaba de una manera elocuente, al referirse a una sensación de haber sido engañados.
Es importante hacer notar que esto debe ser una lección para la autoridad, la cual ya se está aprendiendo. Tenemos noticias, y ya hemos visto evidencia, de que el nuevo gobierno actúa con mucho más cuidado a la hora de aprehender a personajes que implican un alto nivel de opinión pública. Ya se sabe ahora que un proceso bien llevado es condición para llegar, dado el caso, a una buena condena.
Riqueza inexplicable
Nacido el 10 de julio de 1968 en el Distrito Federal, Genaro García Luna proviene de una familia modesta de la popular colonia Primero de Mayo, enclavada en la delegación Venustiano Carranza. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana y laboró durante diez años en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como subdirector de Protección, jefe del Departamento de Investigación de Servicios Técnicos e investigador de la Subdirección de Asuntos Extranjeros.
Según las periodistas Sanjuana Martínez (Día Siete) y Anabel Hernández (Reporte Índigo), García Luna tuvo una vida modesta hasta 2008, cuando aún era propietario de dos casas de interés social que, en conjunto, costaban alrededor de unos tres millones de pesos. También poseía dos automóviles Mustang y una camioneta Land Rover Discovery.
Pero, de súbito, el peculio de García Luna se fue a las nubes. De la noche a la mañana, con un sueldo de 144 mil pesos al mes y con apenas 200 mil pesos en el banco, adquirió una residencia en la colonia Jardines de la Montaña, delegación Tlalpan, con un valor de 20 millones de pesos.
Las sospechas sobre su posible corrupción y enriquecimiento ilícito motivaron una investigación que estableció que en la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención en la Policía Federal Preventiva (PFP) fuera investigado por las irregularidades en la compra de 11 aeronaves. Además, se le relacionó con la histórica fuga de Puente Grande de Joaquín El Chapo Guzmán.
“Su paso por la Dirección General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal y por la AFI fue definitivo para manchar de por vida su maltrecho curriculum vitae”, escribió Sanjuana Martínez, quien, tras acusar que la AFI toleraba el crimen organizado y las redes de protección a los cárteles del Chapo Guzmán o la Familia Michoacana, agregó: “Las cifras hablan de 417 actos ilícitos cometidos por policías de la AFI durante sus dos primeros años de operación. El caso del secuestro y la tortura de cuatro zetas, uno de ellos asesinado por miembros de la AFI, le estalló en las manos”.
“Desde la Policía Federal Preventiva”, continúa Martínez, “la comandante Lorena González Hernández, estrecha colaboradora de García Luna, organizó con la banda de secuestradores La Flor, y junto a su compañero de trabajo Facundo Rosas Rosas, alias Terminator, la abducción de Fernando Martí. No eran los únicos acusados de cometer un crimen, también otro de sus colaboradores, Luis Cárdenas Palomino, El Pollo, coordinador regional de la PFP, confesó que fue cómplice de un triple homicidio.
“Entre sus muchachos indiciados está Gerardo Garay Cadena, acusado de brindar apoyo al cártel de Sinaloa, junto a Francisco Javier Gómez Meza, exdirector del penal de Puente Grande, Jalisco, y de Armando Espinosa de Benito, excoordinador de Inteligencia de la Policía Federal, asesinado por Arturo Beltrán Leyva.”
En las propias páginas de Siempre!, el empresario guanajuatense Eduardo García Valseca, hijo del famoso coronel José García Valseca, dijo, en marzo de 2012, que al expresidente Calderón, funcionarios como Genaro García Luna y el citado Facundo Rosas, quien llegó a ser comisionado general de la Policía Federal, le tenían lavado el cerebro, porque, según ellos, perseguían a delincuentes, pero en realidad fabricaban culpables.
García Valseca fue secuestrado el 13 de junio de 2007, en un rancho de San Miguel de Allende, Guanajuato, y liberado el 24 de enero del 2008, en un cementerio ubicado entre Querétaro y Guanajuato, tras el pago de un rescate y después de que sus captores lo golpearon en repetidas ocasiones y le metieron tres balazos.
El empresario, quien cree que lo plagiaron los mismos que secuestraron al político panista Diego Fernández de Cevallos, y que se tuvo que marchar de México por la inseguridad, indicó que sólo así se explicaba que Calderón mantuviera en sus puestos a sujetos que no cumplieron su función y, por el contrario, parecían ser cómplices de delincuentes.
El “niño mimado” de Calderón
Para muchos observadores de los fenómenos políticos de México, la relación que hubo entre el expresidente Felipe Calderón y su protegido, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, fue semejante a la que mantuvieron el también exmandatario José López Portillo y su jefe de la policía del Distrito Federal, Arturo El Negro Durazo Moreno.
Aunque a diferencia del caso de López Portillo y Durazo, no se conocen nexos anteriores entre Calderón y García Luna, el expresidente panista siempre acogió a ese funcionario como un buen colaborador y merecedor de reconocimientos. A pesar de que sobre la cabeza de su empleado pesaban un sinfín de acusaciones, Calderón lo hizo intocable durante todo su sexenio, ya que García Luna era un experto en las más avanzadas técnicas de espionaje telefónico y en contrainteligencia en asuntos militares, policiacos y, especialmente, contra grupos subversivos.
“Es un prestidigitador que cruza con impunidad la delgada línea que divide lo lícito de lo ilícito. Su ostentación de riqueza, su desprecio por los derechos humanos, su indolencia ante casos emblemáticos de injusticia, sus abusos de poder, sus relaciones inconfesables y sus históricos montajes televisivos lo convierten en una persona non grata, en una figura oscura bajo sospecha permanente… en el indeseable del actual gobierno”, escribió Martínez.
Sin la aprobación debida por parte del Senado de la República, y sin que el pueblo mexicano se haya enterado de la verdadera razón, García Luna recibió, el 19 de mayo de 2011, una medalla del gobierno de Colombia por sus presuntos méritos excepcionales en el respaldo y apoyo a la Policía Nacional de Colombia.
El escritor y periodista colaborador de esta casa editorial, Javier Sicilia, quien sufrió a través del asesinato de su hijo las consecuencias de la guerra contra la delincuencia emprendida por el régimen calderonista, solicitó once días antes la renuncia de García Luna, pero el expresidente lo siguió protegiendo e, incluso, el 3 de junio del año siguiente, 2012, al conmemorarse el Día del Policía, no reparó en elogios para su niño mimado.