Florence Cassez
Manuel Espino
El anuncio de una demanda penal contra 21 exfuncionarios de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Procuraduría General de la República (PGR), entre los cuales se encuentra Genaro García Luna, vino a alimentar la esperanza de que haya algo de justicia en el trágico caso de Florence Cassez.
No se trata de una acción ideal. Ya no habrá manera de encarcelar a la ciudadana francesa si es que efectivamente se trata de una secuestradora. Sin embargo, el Estado aún cuenta con la posibilidad de sancionar a los funcionarios que con su actuar indebido contaminaron el proceso al grado de hacer imposible saber si Cassez es inocente o culpable.
Recientemente el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, anunció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emprenderá esta acción jurídica debido a que García Luna y los demás acusados son “presuntos responsables de los delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público”.
Según dicha institución, las irregularidades de este caso se cometieron en dos momentos: el primero fue el operativo durante el cual se detuvo a Florence Cassez; el segundo, correspondió a la actuación de los agentes del ministerio público que incumplieron con el debido proceso.
La acumulación de sus yerros, omisiones y dolosas maniobras destinadas a manipular a la opinión pública para obtener dividendos políticos cancelaron la posibilidad de que las víctimas obtuvieran la justicia a la que tienen legítimo derecho.
En los próximos meses veremos una serie de escaramuzas jurídicas largas y complejas, pues los acusados conocen por dentro el sistema ante el cual ahora se verán obligados a rendir cuentas.
Sin embargo, por el bien de la república, el Estado tiene el deber ético de ganar esta contienda, pues significará sentar el precedente claro e irrebatible de que ningún funcionario público debe utilizar a personas —así sean presuntos delincuentes— exhibiéndolas en pantomimas para los medios de comunicación en la búsqueda de ganancias políticas.
Repito, no es lo ideal. Lo ideal hubiera sido que los secuestradores estuvieran hoy encarcelados y que las víctimas hubieran recibido una reparación del daño material y psicológicamente (rubro en el cual se incluye también el ver debidamente sancionados a los secuestradores).
Sin embargo, ya que García Luna y su equipo violaron la ley y negaron a las víctimas su elemental derecho a la justicia, como sociedad sólo nos queda verlos recibir una sanción ejemplar que impida a otros servidores públicos hacer lo mismo en el futuro.
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