Es necesaria la voluntad política

Raúl Jiménez Vázquez

Las desapariciones forzadas que resultaron de la guerra sucia y por las que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 26/2001, así como aquéllas ocurridas durante la guerra antinarco, que según reconocimiento oficial de la Secretaría de Gobernación ascienden a más de 26 mil, constituyen uno de los más álgidos asuntos  a los que tendrá que hacer frente el gobierno de Enrique Peña Nieto.

¿Cómo encarará este tremendo desafío la nueva administración? No es difícil trazar una hoja de ruta en virtud de que las pautas a seguir ya fueron claramente delineadas por el relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, durante su intervención de hace unos días ante el Consejo de Derechos Humanos. De principio aseguró que la solución implica necesariamente combatir la impunidad y evitar la afrenta continua a la dignidad de las víctimas y sus familiares.

Hizo asimismo los siguientes señalamientos específicos: I) el deber de las autoridades mexicanas es profundizar en las investigaciones, y si hay responsables, procesarlos; II) las obligaciones respecto de estos crímenes involucran la verdad, la justicia y la reparación, además de la adopción de medidas de no repetición.

Junto con el remedio el funcionario supranacional también puso el trapito y esbozó la posibilidad de que este lacerante problema sea atendido mediante una comisión de la verdad, propuesta que de ninguna manera es una excentricidad u ocurrencia susceptible de desdeñarse a las primeras de cambio; se trata de una iniciativa enteramente viable a la luz del derecho internacional y la reforma del 2011 por la que los derechos humanos fueron elevados a rango constitucional.

Efectivamente, dentro del ámbito internacional las comisiones de la verdad están previstas tanto en los Principios de la ONU para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, como en los Principios de Bruselas impulsados por el entonces juez español Baltasar Garzón. De este modo surgieron, entre otras, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Argentina), la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Chile), la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Chile), la Comisión de la Verdad (El Salvador) y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos (Guatemala).

En el plano interno, la viabilidad deviene del artículo 1º constitucional que dispone que las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Dado que uno de éstos es el derecho humano a saber; un medio eficaz para proveer a su observancia es precisamente la creación de una comisión de la verdad, aspecto que se confirma con el articulado de la Ley General de Víctimas.

A mayor abundamiento, el relator Méndez afirmó que México debe reconocer la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad y que por ende no le son aplicables la prescripción, el indulto, la amnistía, ni ningún otro obstáculo a la obligación de investigar, procesar y castigar a los presuntos responsables. Por tanto, los ilícitos de esta índole que hayan sido cometidos en nuestro país deben ser perseguidos y castigados dondequiera y cualesquiera que fuere el tiempo de su ejecución material.

Dicho mandato fue plasmado en la Resolución 3070 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, alusiva a los Principios de Cooperación Internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Así, no obstante los años transcurridos desde la cesación de la dictadura militar que imperó en Argentina hace varias décadas, el general Rafael Videla acaba de ser acusado de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el contexto de la operación Cóndor, el mecanismo urdido por la Casa Blanca con el fin de armonizar el terrorismo de Estado desplegado por los gobiernos de mano dura instalados en el cono sur.

Los desaparecidos son un descomunal e infame pasivo a cargo del Estado cuyo abordaje no amerita más dilaciones. Es necesario poner en juego los ingredientes de la voluntad política, la verdad, la justicia y la memoria histórica. El no hacerlo, además de un ostensible agravio a las víctimas y sus familiares, podría propiciar el surgimiento de una responsabilidad internacional y la eventual intervención de la Corte Penal Internacional.