Entrevista a Gabriel Sosa Plata/Profesor-investigador de la UAM Cuajimalpa

Nora Rodríguez Aceves

Con la reforma en materia de telecomunicaciones, así como está, todos los grupos obtienen algún beneficio. Telmex obtendría beneficios, las televisoras también, se abre la puerta para que todos puedan estar en mejores condiciones, para ofrecer servicios convergentes, aunque obvio que también les afecta, sobre todo, en el tema de las reglas que ya se establecerían para estas empresas con poder sustancial en el mercado, pero a todos les toca una parte positiva”, afirma Gabriel Sosa Plata, especialista en medios de comunicación y telecomunicaciones.

Sin embargo, “si vemos ya con ojo todavía mucho más critico la propuesta, sí evidentemente le pega un poco más a las empresas de Carlos Slim que a la misma Televisa, sobre todo, porque ahí se establecen condiciones un poco más complicadas; por ejemplo Telmex, esto de desagregar el bucle local que tiene que ver con los temas de interconexión y de que los operadores puedan acceder a los insumos de su propia red, es un tema que ha defendido a capa y espada Telmex y aquí se está abriendo la puerta para que eso ya no ocurra, entonces por ahí sí le pega; o esta cláusula que se establece de que no puede acceder a los contenidos o a los canales abiertos de televisión y que a ellos sí se les aplicaría una tarifa, eso también es desproporcionado”.

Por lo tanto, en un momento dado, si nosotros revisamos la iniciativa de reforma en materia constitucional propuesta por el Ejecutivo federal y las principales fuerzas políticas del país, “todo lo que es esta iniciativa, sí le pega mucho más a las empresas de Carlos Slim que, por supuesto, a Televisa, pero hay que considerar varios aspectos: sí debiera aplicar en la misma circunstancia porque las dos son empresas dominantes de sus respetivos mercados, pero también es cierto que la dominancia de las empresas de Carlos Slim es mucho mayor”.

En este sentido, cabe señalar que en el marco de la discusión de la reforma en materia de telecomunicaciones en el Congreso de la Unión, el domingo pasado, 17 de marzo, el periódico La Jornada publicó una nota en donde el senador Alejandro Encinas denuncia que a “última hora se eliminó de la iniciativa que presentaron la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto y las dirigencias de los partidos políticos, la disposición de que no se otorguen nuevas señales al agente dominante en radiodifusión o en telecomunicaciones”.

Se afecta a Slim, no a Televisa

Y sigue la nota informativa de Andrea Becerril: “se borró, se eliminó la palabra radiodifusión del artículo octavo transitorio de la ley, lo que significa que sólo se considera grupo dominante al de telecomunicaciones, “lo que en buen español significaría que únicamente van a afectar al grupo empresarial de telefonía de Carlos Slim, no a la principal televisora del país…”

Lo que en opinión de Gabriel Sosa “hay que verificarlo, porque igual a la mejor le pasaron una iniciativa diferente al señor Encinas… ya ves que todo es posible, ya ves que les meten cachirules y luego dicen que aprueban lo que aprueban, y luego resulta que no es así”. Pero de ser cierto, “sería muy grave que se haya quitado esta palabra —radiodifusión— porque entonces se confirmaría que sí está, como se dice, con nombre y apellido”.

Significaría “algo muy grave que sí habría que denunciar y corregir, porque los fenómenos de concentración que tenemos en México se dan en los tres sectores, o sea, en telefonía fija, en telefonía móvil y televisión, ni más ni menos, y lo que hemos estado buscando es que si se va aplicar una ley en la que se ataquen los monopolios y las prácticas monopólicas, debe ser pareja para todos porque muchas de las visiones de política pública —si así se le pudieran llamar, porque hay que llamarles de alguna manera—que se impulsaron en el sexenio, sobre todo de Felipe Calderón, lo que buscaron fue fortalecer a Televisa para debilitar a Telmex, ésa era la política pública, y eso no debe de prevalecer. La ley debe ser en equidad de situación con la misma aplicación, con el mismo rigor; entonces, si esto se confirma, sería algo muy delicado que debe denunciarse”.

Hay que señalar que el pasado 11 de marzo el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México firmaron la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones que fue enviada de manera conjunta a la Cámara Baja. Por su trascendencia, la iniciativa fue firmada también por los presidentes de estos institutos políticos.

El también profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa (UAM-Cuajimalpa), Sosa Plata comparte con Siempre! el análisis que hace de esta propuesta del Ejecutivo federal. “En términos generales es una iniciativa que estábamos esperando ya desde hace muchos años, podríamos decir que al menos tres décadas, es una iniciativa que se logra en una situación coyuntural muy específica que fue la firma del Pacto por México, que recoge muchas de las viejas demandas que se han venido haciendo en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones, y que representa una oportunidad histórica para cambiar el modelo de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Es una propuesta que, en efecto, requiere algunas correcciones, pero que en términos generales sí abona a estas demandas históricas”.

El especialista en materia de radio y televisión y telecomunicaciones, señala que son varios los aciertos que tiene esta propuesta, los cuales hay que destacar, como “la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones; que se está promoviendo ya una ley convergente que también sería algo innovador, incluso a nivel internacional; que la radiodifusión y las telecomunicaciones son definidas ya como servicio público; el asunto de los tribunales especializados”.

Must carry/Must offer

Asimismo, otro aspecto relevante tiene que ver con el must carry y el must offer, lo que es la retrasmisión de los canales abiertos en los sistemas restringidos de televisión, que al menos en esta propuesta se establece que esta retrasmisión deberá ser gratuita, actualmente no es una retrasmisión gratuita. Es importante destacar que ahora las concesiones serán una figura única, es decir, se acaban los permisos que sí estaban establecidos en la radio y en la televisión y que se otorgaban —bueno, se otorgan, pues no ha sido aprobada la ley, pero se vienen otorgando— para estas estaciones de carácter educativo, cultural, social, y ahora nada más serán concesiones en caso de aprobarse esta reforma constitucional”.

De la misma forma, “se habla de que aquellas empresas que tengan más del 50 por ciento del mercado estarían en este criterio y finalmente se habla por ejemplo de estimular lo que es la producción independiente que ya en la ley secundaria se tendría que aterrizar qué porcentajes estarían las empresas obligadas a contratar de producción nacional independiente, porque éste es un tema que tiene que ver con la cultura nacional, tiene que ver con la diversidad, con la pluralidad, con la generación de nuevas fuentes de ingresos, de empleo; en fin, puede incentivar un mercado que, así como lo hacen también en otros países, México debería desarrollar; es decir, crear estas producciones de calidad que sean realizadas por creativos mexicanos, y de esta manera fortalecer esta industria cultural”.

Aun cuando Gabriel Sosa destaca las bondades que tiene la iniciativa, también advierte sobre los aspectos de riesgo o los aspectos que le harían falta a esta propuesta presidencial en materia de telecomunicaciones, “hay varios que podrían destacarse, uno de ellos —como se ha destacado en los últimos días— tiene que ver con la facultad que tiene el presidente de la república de opinar sobre el otorgamiento, refrendo, revocación de concesiones…; aunque no es una opinión vinculante hacia este instituto que se piensa crear, en términos de opinión pública sí podría tener cierta influencia; podría influir en el ánimo de los comisionados que formen parte de este instituto, entonces la propuesta es que esto se elimine, y forma parte de las reservas que han hecho algunos diputados tanto del PRD como del PAN”.

“El otro aspecto que, en efecto, no se encuentra considerado es la dominancia en radiodifusión, se habla de criterios muy claros en telecomunicaciones, pero no en radiodifusión, qué empresa se puede considerar dominante o con poder sustancial del mercado…; lo mides de diferentes maneras, tiene que ver con el número de concesiones que opera, es decir, si rebasa el 50 por ciento de todas las concesiones estaríamos en una situación delicada; tiene que ver con la inversión publicitaria que se destina o bien la inversión o bien las audiencias que tienen. Todos éstos son criterios o estándares que también se aplican a nivel internacional y que deberían precisarse en la ley”.

Falta aclarar financiamiento a concesiones

“En cuanto a las concesiones de uso social no se aclara si podrán obtener ingresos por publicidad o por patrocinios; esto es muy importante porque, al ya no ser permisos sino concesiones, deberían las comunidades tener fuentes de financiamiento alternas, además de la propia aportación que hagan los ciudadanos que fomentan esta radio comunitaria o esta radio de uso o esta concesión de uso social”.

Gabriel Sosa continúa con su análisis y señala que “otra debilidad de la iniciativa, tiene que ver con esto del must carry y el must offer, porque ahí dice que para la retrasmisión de los canales abiertos será gratis para aquellas empresas que no tengan poder sustancial del mercado, pero aquellas empresas que sí lo tengan, sí se deberá establecer una contraprestación, una tarifa, que deberán acordar los operadores y, en caso de que no lleguen a un acuerdo, interviene el Instituto Federal de Telecomunicaciones”.

“Aquí el asunto es que la únicas empresas que podrían rebasar esa cuota nada más son Telmex y Telcel; entonces, es una cláusula o una excepcionalidad que tiene nombre y apellido, y esto no debe ser, porque si en un momento dado a Telmex se le da la oportunidad de ofrecer televisión, por qué se le niega la posibilidad a los suscriptores de recibir también gratuitamente estos servicios, cuando finalmente estamos hablando de la universalidad en la transmisión y de que cualquiera tenga derecho a recibir, al menos, las señales locales de televisión.”

Asimismo, “se ha hablado de la inversión extranjera; hay que ver. Aquí las posiciones son encontradas, yo siempre he defendido la idea de que si se abren las fronteras a la inversión extranjera sí debiera de haber cláusulas de reciprocidad, porque también nosotros tenemos aquí en México buenos empresarios en los dos sectores, en televisión y telecomunicaciones, que quieren invertir en otros países y que, sin embargo, allá sí les aplican la cláusula de exclusión a extranjeros; entonces esto debiera cuidarse y creo que es necesario también para estimular el crecimiento de las empresas y estimular la propia industria mexicana”.

Finalmente, “destacaré otros aspectos de cobertura social que sería necesario recalcar, pero sobre todo ya en la ley secundaria; por ejemplo, se piensa crear un organismo público de radiodifusión. Este organismo público se crearía con los recursos de que actualmente dispone el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, que fue creado por el gobierno de Felipe Calderón y que opera una red de canales de televisión, entre ellos el canal 30 aquí en el Distrito Federal; bueno pues se establece que es un organismo que deberá ser público, pero no se establece cuál será su naturaleza jurídica, si será autónomo, si será descentralizado, desconcentrado…, eso habría que aclararlo, y si interviene el Senado y el Poder Ejecutivo en la designación de director de este organismo, pues también se propone la creación de un Consejo Consultivo que es el que orientará y garantizará la independencia editorial de este organismo público de radiodifusión”.

Pero este Consejo Consultivo —y esto lo escribe Ernesto Villanueva esta semana en la revista Proceso, y sí es cierto, tiene razón—, dice por qué debe ser honorífico este consejo, o sea, porque finalmente tendrá mucho trabajo, y definir criterios muy claros en esta materia sí obliga a que también sea considerado obviamente dentro del presupuesto, por qué esto no debiera ser así.

Por lo tanto, “son varios detalles, pero digamos dentro de lo positivo y lo negativo veo más cosas positivas en esta iniciativa y hay que recalcarlas para generar un ánimo también de empuje sobre todo a los legisladores que todavía tienen sus dudas en estos temas, y que quizá por querer hacer una iniciativa —en este caso de reforma constitucional— perfecta se generen más temores, y esto desaliente y digan que por esos problemas simplemente no siguen adelante. Entonces sí sería esto nuevamente un retroceso, un estancamiento muy grave para el sector de la radiodifusión y de las telecomunicaciones”.