Asuntos humanitarios bajo la lupa internacional
Raúl Jiménez Vázquez
La vertiente internacional se ha convertido en una variable crítica de las acciones gubernamentales. Lo es más aún ahora en virtud de la reforma constitucional promulgada en junio del 2011 por la que toda autoridad, en el ámbito de su competencia, quedó compelida a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en los tratados de los que sea parte el Estado mexicano, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Una muestra de lo anterior es la enorme resonancia que en días pasados tuvo el nombre de México en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; ante dicho organismo hemisférico se llevaron a cabo varias audiencias relacionadas con diversas cuestiones de carácter humanitario a las que no se concedió en su momento la importancia que realmente tienen, y por ello están bajo la lupa internacional.
En una de las sesiones fue abordado el muy álgido asunto de las desapariciones forzadas. Representantes de colectivos y organizaciones no gubernamentales denunciaron la falta de acción del gobierno mexicano y aseguraron que existe una política de simulación que sólo sirve para que los culpables evadan sus responsabilidades; también propusieron la creación de una relatoría o grupo encargado exclusivamente de la investigación de estas prácticas a nivel interamericano, las que indiscutiblemente son lesivas del núcleo mismo de la dignidad humana.
En otra mesa se abordaron temas mucho más puntuales, comenzando con el caso de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, cuyos familiares alegan que el gobierno del Distrito Federal se ha negado sistemáticamente a admitir pruebas que podrían sustentar la hipótesis de que la causa de su deceso no fue un suicidio, sino un homicidio.
Igualmente se hizo hincapié en la ilegalidad de la exhibición pública de detenidos que impera literalmente en todas las dependencias federales y estatales encargadas de la investigación y persecución de los delitos. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llevó la voz cantante y aseveró categóricamente que se trata de una mecánica cruel, inhumana y degradante, que conlleva a su vez una grave afectación al honor, la honra, la intimidad, el buen nombre y la imagen social y laboral de las personas. El relator para México, Rodrigo Gil Escobar, sostuvo que dicha vejación no se justifica en forma alguna, ni aun argumentando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado a ese respecto.
Seguidamente se procedió al examen de la queja interpuesta por once mujeres que fueron víctimas de actos de tortura sexual durante los acontecimientos Atenco; el reclamo ya fue declarado admisible por la Comisión Interamericana y será materia de un procedimiento de investigación cuyos resultados podrían conducir a la apertura de un juicio en forma ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano.
La subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, y su homólogo de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, afirmaron que se trató de excesos cometidos por los cuerpos de seguridad, por lo que ofrecieron una disculpa a las quejosas y plantearon la posibilidad de abrir el procedimiento de solución amistosa. La respuesta de las afectadas fue clara y precisa: manifestaron su no deseo de dar por terminado el conflicto en razón de que el gobierno no sólo ha demostrado su falta de voluntad para investigar los ilícitos, sino que además ha difundido una versión contraria a la verdad histórica de los hechos.
En un posterior evento se dio cabida a la impugnación presentada por un grupo de rarámuris y tepehuanes, quienes no fueron consultados en torno al desarrollo de un proyecto turístico en las Barrancas del Cobre y por tanto se duelen de la violación a los derechos humanos consagrados en el convenio 169 de la Organización del Trabajo, referente a los pueblos indígenas y tribales.
Como puede advertirse, la agenda interamericana está en plena efervescencia. No obstante, dentro del famoso Pacto por México no se contiene palabra alguna a este respecto.