El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, presentará esta semana una denuncia penal contra 21 ex funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR)y de la extinta (AFI) Agencia Federal de Investigación., entre estos se encuentra el ex secretario de Seguridad Pública Federal Gerardo García Luna implicados en el caso de la francesa Florence Cassez, por presuntos responsables de los delitos contra la administración de justicia , abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.
Entre los probables responsables señalo, además al entonces director general de Investigación y Secuestro, Israel Zaragoza Rico y al exdirector de Operaciones Especiales, Javier Garza.
También se encuentran acusados cinco agentes y 10 elementos de la AFI, que se dividieron en dos células al momento de detener a Cassez y a dos agentes del Ministerio Público de la Federación (MP).
En la conferencia donde se hizo público el informe, Plascencia no menciono a los funcionarios por sus nombres, puesto que la ley de la CNDH les pide proteger su identidad, pero cuando se le cuestiono sobre la responsabilidad directa de García Luna, dijo que le corresponderá al MP determinar su grado de participación.
El informe de la CNDH sobre irregularidades cometidas por servidores públicos de la PGR en el caso Cassez, indica que dichas fallas se cometieron durante el operativo donde se detuvo a la presunta cómplice de una banda dedicada al secuestro –el 9 de diciembre de 2005-y posteriormente durante la actuación de los agentes del MP, al no cumplir con el debido proceso ,de esa manera se explica en el informe, se impidió que las victimas de secuestro accedieran a la justicia y se les repara el daño.
La investigación de la CNDH para elaborar el informe se centró en las violaciones a los derechos humanos que cometieron los funcionarios de la AFI y la PGR en contra de las víctimas de secuestro, delito del que fue acusada Cassez y no sobre los derechos que fueron vulnerados a la francesa.
Según la CNDH, es que la actuación irregular de los funcionarios derivó en la liberación de Cassez, lo que a su ves “propicio que las victimas vieran obstaculizado su derecho efectivo de la justicia y la adecuada reparación del daño”.