La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial la nueva reglamentación para contener lo que el protocolo divide ahora en manifestaciones, concentraciones y mítines.
En el documento, los bloqueadores u obstructores profesionales de calles y avenidas siguen sin ser tocados o afectados en lo fundamental. Se les pide casi permiso para que desalojen la vía pública o dejen de causar daño a los inmuebles y personas que atropellan despiadadamente a su paso.
El temor de las autoridades a quienes han hecho de las marchas una industria es evidente. La disidencia y la protesta callejera se han vuelto un lucrativo negocio político para los líderes que llevan a las multitudes a secuestrar las calles, y una tragedia casi existencial para la mayoría de la población.
En nombre de la libertad y la defensa de los derechos humanos, la ciudad de México —donde viven y trabajan diariamente más de 20 millones de personas— se ha convertido en rehén de unos cuantos. Los derechos de los capitalinos han sido conculcados sin que nadie haga algo para restablecer la libertad y tranquilidad del ciudadano, victima de una pérdida impresionante horas/día y de un desgaste físico y psicológico que se traduce en fatiga e improductividad.
Hoy —cuando se busca ser un país moderno en lo económico y en lo político— urge replantear el concepto de libertades públicas. A la luz de la evolución de la pluralidad y racionalidad democrática es inaceptable que la definición de garantías individuales la dicten unos cuantos, la capitalice políticamente un partido, un sindicato, tal o cual agrupación, y —en contraparte— la sufra la mayoría de la población.
Hoy, lo políticamente correcto, lo que da prestigio es defender los derechos de los manifestantes. Tengan o no razón. Sean arbitrarios o no. Se trate de vándalos o de luchadores sociales. Sin embargo, nadie habla a favor del ciudadano, de esa masa donde hay niños, mujeres, adultos mayores o personas con alguna discapacidad que quedan atrapados en medio del tráfico.
Tampoco nadie defiende al pobre, al que vive al día y le pagan por horas. Nadie sale en defensa del obrero que sale extenuado de la fábrica después de trabajar largas jornadas y que tarda más de tres horas en llegar a su casa por estar bloqueadas las vías de acceso.
¿O qué?, ¿los únicos que tienen derecho a la libertad y a la justicia son los sindicatos que se manifiestan o las corporaciones patrocinadas por los partidos políticos para chantajear al gobierno?
Si de ser demócratas se trata, entonces que se haga un referéndum para preguntar a la ciudadanía qué quiere; si está de acuerdo en tener que invertir más de seis horas al día en transportarse, en que la ley de las hordas sea la que impere y determine la vida de la ciudad.
La democratización de la capital del país tendrá que ser un tema a discutir dentro de la reforma del Distrito Federal. Pero no sólo a partir del PRD y de los antojos caprichosos de Andrés Manuel López Obrador sino desde un ámbito verdaderamente plural y ciudadano.
La democratización de la ciudad de México no radica en acrecentar el caos y la arbitrariedad imperantes, sino en darle un ordenamiento que permita enriquecer la calidad de vida y la convivencia.
El mismo jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, es víctima de la tiranía implantada por las hordas perredianas que han hecho de la anarquía una lucrativa forma de vida.