No a la reforma constitucional

Alfredo Ríos Camarena

La influencia que los energéticos han tenido en el desarrollo de la historia es formidable, pues el impulso que mueve el mundo se genera en el petróleo y, en general, en las fuentes de energía; por eso, la ambición de las grandes potencias y de las empresas transnacionales ha propiciado guerras en aras del control de este oro negro que no sólo produce enormes cantidades de recursos, sino que también se relaciona con el poder político. En años recientes, las conflagraciones en el mundo árabe tienen como telón de fondo las ambiciones de las empresas petroleras y sus aliados.

México no es la excepción, el interés por su petróleo ha sido una constante en la historia mexicana, incluso se atribuye la caída del presidente Francisco I. Madero al hecho de que aumentó en unos cuantos centavos los impuestos petroleros. Siempre la ambición de las empresas extranjeras mantuvo interés en México.

La Revolución expresada en el texto constitucional determina esta riqueza a favor de la nación y más tarde frente a la soberbia de las grandes empresas que operaban en México, que se negaron a aceptar las decisiones de la justicia mexicana. El general Lázaro Cárdenas, presidente de la república, pasa a la historia al tomar la decisión de expropiar toda la industria. Por eso, para los mexicanos, el tema es fundamental; no podemos explicarnos el desarrollo nacional sin el petróleo nacionalizado y mexicano, pero no sólo el petróleo, sino toda la industria, como lo establece el artículo 27 constitucional. Por eso en este aniversario, que se celebró oficialmente el 17 porque el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Roma, se volvió a tocar, desde diferentes puntos de vista, el tema energético.

Existen opiniones de técnicos, de economistas, de especialistas de muy diversa índole. Por una parte, desde hace varias décadas, se ha formado una corriente partidaria de la privatización y que ha venido repitiendo incansablemente, a través de todos los medios de comunicación, que México requiere esa “reforma estructural”. Una y otra vez, con diferentes argumentos, se insiste en la ineficiencia de la empresa Pemex y de la necesidad de ubicarla en el control del capital privado, por supuesto internacional. Esta medida sería la más desastrosa que pudiera darse, no sólo porque perderíamos soberanía y control económico, sino porque, desde el punto de vista de las finanzas públicas, sería fatal.

Pretenden que se confunda rectoría económica con dominio pleno, que son dos conceptos constitucionales distintos, pues la rectoría corresponde al Estado mexicano como una facultad general de carácter económico (artículo 25), mientras el control absoluto en propiedad del subsuelo, del petróleo y de sus instalaciones productivas es algo más que la rectoría, y está definido con precisión en la Carta Magna (artículo 27).

La crítica a la empresa es por corrupción, ineficiencia, contratismo, falta de claridad en el rumbo, y exceso de cargas fiscales que impiden que se reinvierta el capital; todos tienen una solución.

La realidad es que no podemos ignorar que el 37 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación se integra con recursos fiscales provenientes de Pemex. Por eso, con razón, se dice que la empresa está agobiada, que no tiene un manejo autónomo y que, al ser incapaz de reinvertir sus utilidades, padece de un atraso tecnológico; la empresa, pese a lo que se diga, es una de las más importantes del mundo, tiene calidad y tecnología pero, también es verdad, existe una burocracia enorme y una poca claridad de sus normas de conducción. No hay duda de que se requiere una reforma que tiene que ver con eficiencia y con desaparición de las lacras que efectivamente existen y que con frecuencia nos enteramos de ellas por denuncias internacionales.

Pese a todo, es la columna vertebral del país; por eso, su reforma tiene que ser cuidadosamente analizada y debe estar vinculada a la reforma fiscal; sólo con una verdadera reforma hacendaria que obligue a quienes más tienen, a cubrir ese hueco.

Otra vez… el petróleo, no a la reforma constitucional.