El día de hoy el Presidente Enrique Peña Nieto y los firmantes del Pacto por México presentarán la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que va contra los monopolios y busca garantizar la competencia en el sector.
El último anteproyecto de reforma destaca que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado debe garantizar que éstos, incluidos la telefonía fija y móvil, así como la transmisión de datos vía internet, sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
En el texto de artículos transitorios se indica que el Congreso deberá emitir una ley secundaria, la cual conjuntará normas sobre telecomunicaciones y radiodifusión que ahonden en las condiciones de la competencia.
Se señala que la legislación deberá establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial consistentes con los principios de competencia.
Esto, con la finalidad de que los operadores de radiodifusión y telecomunicaciones no otorguen subsidios a los servicios que proporcionan, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico.
La propuesta también condiciona la gratuidad de la retransmisión de contenidos televisivos, esto en el caso de concesionarios de televisión abierta y los de televisión restringida, o cableras, puesto que las grandes empresas no podrán beneficiarse de esta condición.
Los operadores que sean declarados con “poder sustancial”, los dominantes en el sector, no tendrán acceso a la gratuidad.
El proyecto mantiene la propuesta de que se liciten dos nuevas cadenas de televisión, en un plazo máximo de seis meses.
Sin embargo, se incorpora un “candado” para que no puedan participar en la licitación de las nuevas cadenas nacionales los concesionarios que hoy presten “servicios de radiodifusión de 12 MHz del espectro radioeléctrico”.
A partir de dicha reforma en materia de telecomunicaciones, el Gobierno federal desarrollará una red pública, a fin de cumplir con los objetivos de universalización de los servicios digitales, específicamente la banda ancha.
Uno de los objetivos será lograr que al menos el 70 por ciento de los hogares y el 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas tengan acceso a banda ancha con una velocidad real de descarga de información conforme al promedio registrado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Para lograr esta universalización de los servicios digitales por medio de una red pública en telecomunicaciones, el proyecto de reformas prevé que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ceda totalmente a Telecomunicaciones de México su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le transfiera todos los recursos y equipos necesarios para su operación y explotación.
No serían cedidos la red de fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán a cargo de la CFE, pero se garantizaría a Telecomunicaciones de México el acceso efectivo y compartido a dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente.
Con esta medida, aprovechando la inversión de la red de CFE, se echará a andar una red paralela de cobertura nacional, que sólo será similar a la creada por Teléfonos de México.