Trabajo coordinado
Yazmín Alessandrini
Desde el inicio de su gestión, el 1 de diciembre del año pasado, Enrique Peña Nieto señaló enfáticamente que una de sus principales prioridades es velar por la seguridad de cada uno de los más de 117 millones de mexicanos que habitamos esta gran nación. Sin embargo, de cara al combate a la delincuencia organizada, el presidente de la república y su equipo de trabajo se han dado cuenta de que imponerse a este terrible flagelo social será una empresa de complejidad superlativa que requerirá, no sólo de buena voluntad, sino de sinergias sofisticadas que requerirán de mucho trabajo, recursos, pero sobre todo de mucha inteligencia.
El miércoles pasado, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, tuvo lugar una muy importante rueda de prensa en la que los subsecretarios Roberto Campa y Eduardo Sánchez pormenorizaron las acciones que al día de hoy ya están en ejecución en beneficio de todos los mexicanos. Cierto, con los más recientes episodios de sangre y violencia que se han registrado en Coahuila, Estado de México y Tamaulipas pareciera que el crimen organizado llegó para quedarse; sin embargo, lo cierto es que en Segob ya se han dado varios pasos en suelo firme para cercar a las distintas células delincuenciales que se han apoderado de varias de nuestras comnidades.
Para empezar, y éste ya es un avance digno de ponderarse, Campa (subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana) y Sánchez (subsecretario de Normatividad de Medios) explicaron que el programa de prevención de la violencia y la delincuencia del gobierno federal contempla la cobertura de 250 polígonos y las mil colonias con más altos índices de crimindalidad en todo México. Así las cosas, para abril o para mayo próximos, gracias al trabajo de la Comisiones Interinstitucionales que se crearon ex profeso para esta labor, ya se estarán desplegando acciones específicas en 19 polígonos (346 colonias, 22 millones de personas) de alta peligrosidad en donde se estarán destinando algo así como 1.4 mil millones de pesos que representan el 62% de los 2 mil 500 autorizados por la Cámara de Diputados para este fin. Y para antes de que concluya el 2013 la focalización de este Programa de Prevención ya habrá sido aplicado en las 57 demarcaciones más conflictivas del país: las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero del Distrito Federal; siete zonas metropolitanas y 48 municipios.
Ciertamente, cuando se trata de violencia e inseguridad no podemos hablar de fórmulas mágicas o bolas de cristal. Lo importante es el trabajo coordinado entre todos los involucrados y obviamente aquí deberán sumarse los esfuerzos de aquellos gobernadores (19) a quienes alcanzará el espectro de este programa de prevención. Se antoja que su primera aportación vaya encaminada a persuadir y disuadir el surgimiento y establecimientos de los llamados grupos de autodefensa civil, los cuales ya se han convertido en un dolor de cabeza en entidades como Michoacán y Guerrero, por ejemplo.
Haciendo cuentas, la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia si acaso tiene mes y medio que se instaló e inició trabajos. Como ciudadanos, no podemos esperar cambios espectaculares en tan poco tiempo; sin embargo, ya están sentados los cimientos para que en el mediano plazo los cambios sean tangibles a todos los niveles.
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