¿Y los funcionarios responsables de tanta crueldad…?

Humberto Musacchio

En México, en el mejor de los casos, se busca quien la pague, no quien la hizo. Es un principio sobre el que en buena medida funciona, si eso es funcionar, el aparato judicial mexicano. El policía detiene al que iba pasando, se le aplica una buena dosis de tortura, el agente del ministerio público le encarga al secretario que invente algunos cargos y sin ver siquiera el expediente el juez dicta el auto de formal prisión.

Como las víctimas de esta justicia son generalmente muy pobres, no cuentan con abogado ni con dinero para las indispensables mordidas (la defensoría de oficio es una broma siniestra). De este modo, un reo con auto de formal prisión puede pasarse cinco o diez años en la cárcel, sometido a golpizas, violaciones, servidumbre y toda clase de abusos.

Si alguna ONG se interesa en su caso, tal vez el preso cuente con adecuada asesoría jurídica y capacidad para hacer valer sus derechos en alguna medida. Y entonces va a recorrer en sentido contrario ese laberinto inenarrable que lo llevó a pudrirse en la cárcel, pero ni eso le garantiza la libertad y en ningún caso la justicia, pues aunque lo suelten, nadie lo indemnizará por la sevicia de sus captores, la irresponsable actuación del MP o la indolencia punible de los jueces.

Una víctima de este complejo sistema de horror se llama Alberto Patishtán Gómez, un profesor acusado —por supuesto, sin prueba alguna— de participar en el año 2000 en una emboscada que costó la vida a siete policías entre Simojovel y El Bosque, en los Altos de Chiapas. El caso Patishtán ilustra en grado extremo los usos y abusos de nuestro sistema judicial, siempre dispuesto a aplastar al pobre.

Después de que la Suprema Corte “de Justicia” puso en libertad a la francesa Florence Cassez por faltas al debido proceso (sin que eso signifique que es inocente, pues abundan las pruebas en su contra), las organizaciones nacionales e internacionales que defienden a Patishtán acariciaron la esperanza de que la Corte, la Suprema, tomara el caso y por fin ordenara la liberación del profesor.

Y en efecto, el expediente llegó a la Corte, pero no se trataba de una francesa ni había un jefe de Estado con interés en la liberación, y los señores ministros no consideraron el asunto digno de su altísima investidura y lo remitieron al Tribunal Superior de Chiapas, el mismo que lo condenó. Ahora Patishtán espera un fallo que tal vez, por la protesta internacional, lo ponga fuera de la cárcel, pero ¿y los años perdidos? ¿Y la injusticia? ¿Y los funcionarios responsables de tanta crueldad…?