Entrevista a Roberto Rodríguez/Profesor e investigador del IIS-UNAM

Nora Rodríguez Aceves

Espero que, en el futuro inmediato, la toma de las instalaciones de la Torre de  Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) —por un grupo de personas con el rostro cubierto— tenga como desenlace que desisten de la toma y se van, porque en otro caso están dejando sin alternativa a la institución para encontrar una fórmula de solución que no sea la que ya se inició, que es la denuncia penal.

“El tema ya está llegando a límites muy complejos, yo creo que la acción legal de Rectoría, la cual tiene todo el derecho de proceder de esa manera y, además, es correcto que lo haya hecho en forma transparente anunciando cada uno de los pasos que va dando, en ese sentido cumpliría una función —esperamos que sea así— de carácter disuasivo o persuasivo, es decir, que a la Universidad no le va a temblar la mano para proceder jurídicamente. Si eso es suficiente para que ellos se retiren, qué bueno que sea así, pero si no, el escenario es francamente difícil, pues abre la posibilidad de que sean detenidos por la fuerza pública”, señala Roberto Rodríguez Gómez, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México  (IIS-UNAM).

Aunque para que “la UNAM tome una medida de este tipo necesita hacerlo de manera sumamente transparente, porque toda la sociedad está pendiente  de este desenlace; si se va a proceder de esa manera, es decir, a través de la fuerza policial, se debe hacer con una escrupulosa atención y cuidado a los derechos humanos de los estudiantes”.

El pasado viernes 19 de abril, un grupo de jóvenes, algunos embozados, tomó las instalaciones de la Torre de Rectoría de la UNAM. A su llegada, con diferentes objetos destruyeron vidrios de la fachada principal de la Torre y se introdujeron en el vestíbulo de ese edificio.

Ante el hecho ocurrido,  de inmediato, la Universidad levantó ante la Procuraduría General de la República (PGR) las denuncias correspondientes contra quien o quienes resulten responsables de los daños.

Posteriormente, de acuerdo con lo informado en un boletín de prensa de la máxima casa de estudios del día 20, el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, entregó “al grupo violento que mantiene tomadas las instalaciones de Rectoría un documento que establece lo siguiente:

a) Las conductas de ustedes el día 19 de abril al cometer actos violentos, dañaron los bienes de la institución, algo condenable y contrario a los principios universitarios.

b) Esos actos son constitutivos de delito y, por ello, la oficina del abogado general interpuso la denuncia penal con la descripción de los hechos violentos y toma de instalaciones.

c) La Universidad no entablará diálogo en tanto prevalezca la violencia y la ocupación, contrarias a la legalidad.

d) Los exhorto a que depongan su actitud y desalojen las instalaciones de la Rectoría, y a que cualquier planteamiento de su parte se conduzca a través de lo que establece el marco jurídico universitario”.

Situación de crisis

Frente a este escenario, para Rodríguez Gómez la toma de la Rectoría por un grupo de personas con el rostro encubierto “se trata de una manifestación extremista de jóvenes, porque ni siquiera sabemos exactamente si todos son estudiantes, o si no lo son, de la máxima casa de estudios, que buscan provocar una confrontación para la cual la UNAM, ni ninguna universidad, está preparada. Las universidades son espacios muy vulnerables para este tipo de manifestaciones violentas, y al extremar las demandas al formular peticiones, que son en su mayor parte imposibles de cumplir, están orillando a una situación prácticamente de crisis”.

Sin embargo, no es la primera manifestación de este mismo tipo, con la fracción ultra, que se da en la UNAM. Está el caso de la huelga de 1999-2000, cuando el 20 de abril de 1999 estudiantes universitarios iniciaron un paro indefinido, luego que el 15 de marzo el Consejo Universitario aprobara las reformas al Reglamento General de Pagos (RGP). El motivo de la suspensión de labores fue su oposición a esta reforma, que aumentaba el monto de los pagos por concepto de servicios educativos y trámites escolares.

“Grupos extremistas intransigentes que son también intolerantes, y que están actuando al margen de cualquier movimiento social o estudiantil, no lo representan, buscan más la acción directa de confrontación; y esta acción directa de confrontación constituye en el fondo una provocación que busca colocar a la institución en una posición muy difícil al plantear demandas que no se pueden negociar, que no se pueden solventar; están convocando a la confrontación directa. Para las universidades eso es inaceptable, es inadmisible, yo creo que hay un factor político de desestabilización que está presente, aunque sería especular el tratar de saber quién o quiénes están detrás de esto, pero quien sale perdiendo es la universidad pública y su proyecto cultural.”

En este sentido, el doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México explica a Siempre! que “también este tipo de conflictos y este tipo de expresiones son una muestra del cierre de espacios sociales, políticos, culturales, de empleo que está experimentando la nueva generación para la cual no hay, digamos, canales ni de participación política ni de movilidad social que constituyan expectativas viables al día de hoy”.

En cuanto a los argumentos que señalan que este conflicto tiene que ver con el narcomenudeo, como lo escribió Luis González de Alba en su artículo: Los riesgos de Narro, publicado el martes 23 de abril en el periódico Milenio: “la ocupación de la Rectoría de la UNAM se hace en defensa del libre mercado… la libre venta de droga dentro de las escuelas. El pueblo y la educación laica y gratuita, todo eso es paja de relleno…”; o quienes dicen que hay grupos infiltrados de otras instituciones como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, o incluso que algún partido político está moviendo los hilos de esta toma de Rectoría.

Infiltración de grupos ajenos

Rodríguez Gómez expresa su opinión sobre estos argumentos de si efectivamente hay grupos ajenos a la UNAM infiltrados en este conflicto: “Así es, lo que no me atrevería a especular es quién o quiénes en concreto están detrás de estas expresiones, ni qué intereses están defendiendo. Así como la universidad, sobre todo la Universidad Nacional Autónoma de México,  cuenta con un amplísimo prestigio y respaldo social, también es indudable que hay a quienes no siempre les conviene que haya en el país una institución que es permanentemente crítica de los problemas sociales del país y que es indiscutiblemente un factor de influencia, sobre todo cultural, en el orden del país. Lo que sí creo que sería especular y no me animaría a hacerlo es qué grupos en concreto están detrás, qué intereses se defienden, y más si están involucrados grupos delincuenciales; no podría afirmar eso porque no lo sé”.

No obstante, para el rector de la Universidad, José Narro, “el origen del  problema no es otro que la violencia de algunos alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades que el primero de febrero, y sin mediar ninguna razón justificada, agredieron a un grupo de trabajadores que resultaron lesionados y que presentaron la denuncia correspondiente; además de que la autoridad del plantel, el director, en apego a lo que la legislación le permite y le obliga, levantó las actas correspondientes y expulsó provisionalmente a cinco estudiantes”.

Y es que entre las demandas del grupo de jóvenes están: “que no haya represalias contra quienes participaron en la toma, incluido el desistimiento total de la acción penal ante la PGR interpuesta por la UNAM; el rechazo al uso de videocámaras de vigilancia en las instalaciones de la universidad; cancelar la reforma al plan de estudios en los CCH; no permitir la privatización de la educación en México; mantener el sentido crítico, humanista y científico de los universitarios; y diálogo público resolutivo en el que participen las autoridades y los alumnos expulsados temporalmente del plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), y su reinstalación inmediata.

Demanda que para el sociólogo del IIS-UNAM “es casi imposible, pues el rector dijo que no se procederá al diálogo mientras no entreguen las instalaciones universitarias y hay, además, una denuncia penal; entonces no creo que el rector ceda a la presión del diálogo como una condición para la entrega de las instalaciones que es lo que ellos pretenden”.

Sin embargo, los jóvenes —quienes dijeron cubrirse el rostro por seguridad— han amenazado con un plantón indefinido si no se atienden sus peticiones, las cuales siguen sin una respuesta hasta hoy, pues como ya lo dijo el rector Narro: “diálogo es la manera de atender las diferencias, pero éste debe ser real y sin violencia, planteado y articulado para entender y resolver, y, de ninguna manera, para confundir y pretender derrotar”.

Asimismo, afirma: “soy un convencido de que los estudiantes no actúan en el anonimato, encubiertos y menos con el uso de la fuerza; pero, frente a la sinrazón, la imposición y la violencia, las respuestas deben ser dadas a partir de la inteligencia, el apego a la legalidad y la prudencia”.

Los rostros embozados

Sobre este punto del anonimato, del encubrimiento del rostro —que no sólo vemos en los estudiantes que participan en las manifestaciones o en irrupción de instalaciones universitarias como en el CCH-Naucalpan, en la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades sino también en los grupos de autodefensa en Guerrero, Michoacán, Veracruz, Estado de México, etc. así como en todas las manifestaciones del magisterio o de normalistas—, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales señala que “significa dos cosas, la primera tiene que ver con una suerte de identificación con ciertas vanguardias radicales que están en todo el mundo, por ejemplo, las fracciones anarquistas, las fracciones de izquierdas, que están actuando en escenarios de confrontación directa con el rostro cubierto”.

“Se pueden ver lo mismo en Europa, en América Latina, que ahora en México, una especie como de moda de estas atracciones de filiación ultra o  izquierdista, es decir, es una ostentación de tipo simbólico, pero también tiene una naturaleza práctica para evitar ser identificados porque están actuando al borde de la legalidad, que buscaría ocultar una identidad para no ser perseguidos; entonces, ésa es su razón de ser, además de la otra, la de mostrar filiación con otros grupos ultraizquierdistas, anarquistas, que tienen una presencia de carácter internacional.”

De igual forma, el doctor Rodríguez Gómez aborda el tema de la privatización de la educación superior: “es un proceso totalmente ajeno  a este conflicto; la privatización de la educación superior tiene más que ver con la presencia del sector privado en la oferta de servicios educativos. Esto está ocurriendo en el país desde hace muchos años, pero el fortalecimiento de la universidad pública es la mejor defensa contra la privatización educativa”.

“Ojala que este conflicto se resuelva por la vía pacífica, y si no se puede resolver así, que se proceda de manera pulcra y transparente.”

Por último, hay que mencionar que, en diversos pronunciamientos, un total de 115 mil 664 universitarios firmantes, entre estudiantes, académicos, trabajadores e integrantes de las áreas económico-administrativas, 32 consejeros universitarios alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado, y 104 organizaciones estatales y gremiales de egresados de la Universidad Nacional, con sede en la mayor parte de los estados del país y tres en el extranjero, “exigieron el desalojo inmediato de la Torre de Rectoría por el grupo violento que la mantiene ocupada desde el pasado 19 de abril”.