Lecciones latinoamericanas
Raúl Jiménez Vázquez
Cuatro experiencias recientes nos permiten vislumbrar que el anhelo de hacer prevalecer los imperativos éticos y jurídicos de la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas de las violaciones graves a los derechos humanos se encuentra más vivo que nunca, que es éste absolutamente inmune al paso del tiempo y que posee, además, una fuerza expansiva capaz de fracturar los anillos de complicidad e impunidad que protegen a quienes han atentado contra el núcleo irreductible de la dignidad de las personas.
La primera de ellas se relaciona con la causa penal abierta por un juez de Buenos Aires en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de la dictadura franquista durante los años comprendidos entre 1936 y 1977; el proceso va marchando viento en popa y en breve se recibirán las declaraciones de doce víctimas que viajarán ex profeso desde España. La pregunta resulta obligada: ¿por qué el Estado argentino está ejerciendo jurisdicción sobre delitos cometidos hace ya mucho tiempo por personas de nacionalidad extranjera dentro del territorio perteneciente a otro país?
La respuesta tiene que ver con la naturaleza intrínseca de esta clase de ilícitos penales; se trata de los crímenes más graves que afectan y trascienden a la humanidad en su conjunto, cuya regulación pertenece al derecho internacional y a los que, entre otros atributos, les son aplicables los principios de imprescriptibilidad y jurisdicción universal; es decir, no están sujetos a regla alguna de prescripción y deben ser perseguidos dondequiera y cualesquiera que hayan sido el tiempo y el lugar de su ejecución material.
El segundo acontecimiento también viene a corroborar categóricamente que los ataques sistemáticos a los derechos humanos son imprescriptibles; nos referimos al proceso penal por genocidio y crímenes de lesa humanidad iniciado hace unos días contra el anciano general Efraín Ríos Montt, exmandatario guatemalteco a quien se le imputa haber instrumentado en el lapso 1982-1983 la política contrainsurgente Tierra arrasada que conllevó el exterminio de casi dos mil indígenas mayas que vivían en las comunidades de Santa María Nejab, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, ubicadas en la zona Ixil del Departamento de Quiché.
Ni la avanzada edad del acusado, 86 años, ni la circunstancia de que los hechos ocurrieron hace más de tres décadas, han impedido la inexorable rendición de cuentas. El procesado se ha limitado a negar la validez de los elementos fundatorios del juicio de reproche, pero su negativa es totalmente irrelevante a la luz del importante precedente internacional sobre la responsabilidad inherente a la cadena de mando establecido con motivo del juzgamiento de otro expresidente, el peruano Alberto Fujimori, según el cual quien tiene bajo su control un aparato organizado de poder es corresponsable de los delitos que se lleven a cabo utilizando dicha estructura organizacional.
Un similar afán justiciero llevó a cientos de miles de argentinos a manifestarse este 24 de marzo en la capital rioplatense y otras provincias, como el Jujuy, para lanzar vehementes consignas en pro del no olvido y el nunca más, exigir el fin de la impunidad y celebrar el comienzo del nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad instaurado en contra del general Jorge Rafael Videla y otros integrantes de la Junta Militar que gobernó el país en la década de los setenta.
El mismo impulso reivindicador se hizo patente el 23 de marzo en San Salvador durante la movilización realizada por miles de personas en memoria del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, quien en 1980, luego de haber pronunciado un elocuente sermón contra la represión y el abuso de poder, fue brutalmente sacrificado mientras oficiaba misa en la capilla de un hospital para menesterosos. Además de reiterar la petición de que el ahora proclamado “Guía espiritual de la nación” sea beatificado y elevado a los altares, los manifestantes exigieron que se discierna la verdad sobre este magnicidio y se castigue a los culpables.
Las lecciones que nos están impartiendo nuestros hermanos latinoamericanos son oro puro y merecen ser trasladadas a la realidad nacional. Es preciso que el gobierno no eluda su responsabilidad y se aboque a la voz de ya a la atención de los múltiples pasivos sangrientos que gravitan sobre los hombros del Estado mexicano. La sabiduría colectiva no deja lugar a dudas sobre el camino a seguir: Hay que tomar el toro por los cuernos.