Doble moral del calderonato
El Estado de derecho se defiende
sólo con el Estado de derecho.
José Luis Rodríguez Zapatero
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Autoproclamado durante toda su carrera pública como campeador del Estado de derecho, Felipe Calderón Hinojosa se ufana como el paradigma defensor de leyes y de los procedimientos legales que rigen la república mexicana.
Así lo acreditan la infinidad de intervenciones del otrora legislador michoacano, del dirigente panista, del candidato a diversos puestos de elección popular y del cuestionado presidente de la república, quien escudado en la defensa del Estado de derecho lanzó el país a una guerra no convencional, que detonó con una flagrante violación constitucional al ordenar la salida de las fuerzas armadas de sus cuarteles, negándoles —durante todo su mandato— el necesario marco jurídico para sustentar su participación cotidiana en acciones no contempladas por nuestra Carta Magna para las instituciones armadas del Estado mexicano.
No contento con su obcecación por someter al Ejército al innecesario desgaste inherente a la falta de normatividad para asumir funciones policiales en diversas regiones del país, Calderón redujo la Procuraduría General de la República a una mera dependencia operada al antojo de su vengativo carácter, como de ello da testimonió el michoacanazo, estratagema judicial que distorsionó y evidenció el uso faccioso de la justicia por parte de quien alardeaba sobre un irrestricto apego a la ley.
A fin de cumplir con aviesos objetivos —y violar con ello la legalidad—, en materia judicial, Calderón y sus secuaces fincaron en la inmoralidad y la ilegalidad su “guerra contra el crimen organizado”, sosteniendo sus actos con denuncias arregladas, presentadas por los llamados testigos colaboradores, burda implantación del modelo estadunidense que otorga a delincuentes arrepentidos canonjías y concesiones a cambio de delaciones que en ese país conllevan exhaustivas pesquisas, y que en el nuestro se concreta a la credibilidad absoluta que el ministerio público otorgó a las acusaciones lanzadas por personajes de dudosa confiabilidad.
En ese contexto se ubican las acciones enderezadas en contra de funcionarios a quienes inconsistentes imputaciones de los testigos protegidos —acusaciones auspiciadas por el entreguismo presidencial hacia las autoridades estadunidenses—, que desembocaron en arrestos ejemplares que llevaron a las cárceles de alta seguridad a servidores públicos inocentes, para beneplácito de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Janet Napolitano.
La prueba palmaria de la doble moral de Felipe Calderón se patentiza ante su impulsivo e irracional patrocinio para ordenar la detención de seis integrantes del Ejército Mexicano, arrestados con base en las acusaciones del testigo colaborador preferido de su administración —el narcodelincuente Roberto López Nájera, identificado como Jennifer—, quien afirmó la vinculación de los detenidos con el narcotráfico, grave imputación que no se investigó previamente a la detención de los militares señalados por su delator.
Por ello, la liberación por falta de pruebas del exsubsecretario de la Defensa Nacional, el general Tomás Ángeles Dauahare, demuestra los niveles de infamia a los que llegó una administración que se jactó de defender a ultranza el Estado de derecho y que en realidad contravino la premisa —que atinadamente enarboló el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su mandato— de que al Estado de derecho sólo lo defiende el propio Estado de derecho.