Muy a la mexicana
Jorge Carrillo Olea
Testigos protegidos son aquéllos que guardando su identidad ofrecen información de teórico valor judicial sobre un caso en proceso ocultando su identidad para no enfrentar consecuencias. Ésa es la idea en lo simple. La perversión surge cuando a cambio de dichas testimoniales se les ofrece una contraprestación que suele ser una reducción de pena, si son sentenciados, o más vulgarmente dinero en efectivo.
Jorge Madrazo y Marisela Morales, procuradores en su momento, parecen ser los campeones en la compra de testigos falsos. Caso ejemplar es aquél en que la Procuraduría General de la República de Ernesto Zedillo y Jorge Madrazo entregó 500 mil dólares a una hija de Fernando Rodríguez, testigo protegido para declarar —falsamente, por supuesto— en contra de Raúl Salinas por un supuesto homicidio. Algunos testigos de rango menor reciben 50 mil pesos mensuales como aportación de la PGR para su sostenimiento.
Madrazo también maquinó la declaración del testigo protegido Marco Enrique Torres García para que señalara que el asesinato del cardenal Posadas fue producto de un plan orquestado por un grupo de políticos y funcionarios que instruyeron a un general, en ese momento gobernador de Morelos, para que ejecutara al cardenal. Según se declaró oficialmente la planeación se llevó a cabo en el despacho del general/gobernador. El expediente que se integró se denominó MARTE. La parte sustantiva se integró en Chicago, Illinois, el 21 de mayo de 1999, donde Torres García estaba compurgando una sentencia por narcotráfico. La recompensa era la reducción de la pena.
El grupo interrogador que acudió a Chicago se denominó Interinstitucional seguramente por incluir a la Iglesia. Increíblemente lo integraron un subprocurador de la PGR, el delegado de la propia dependencia en Washington y el obispo de la Tarahumara, haciendo las veces de notario para dar fe de los hechos de la justicia federal. Todo iba muy bien hasta que el testigo se equivocó, el general/gobernador imputado como ocupante del despacho de gobernador no lo era. Asumiría ese cargo hasta un año después. Todo se vino les abajo a la PGR y a su eminencia el obispo.
Hoy, con cargo a la responsabilidad moral y jurídica de Marisela Morales, el caso de Tomás Ángeles Dauahare es único. Difícilmente habrá uno más gravoso ya que con su victimación se manchó internacionalmente el prestigio del Ejército. En el mundo su nombre no importaba, los encabezados dirían: “General mexicano cómplice del narcotráfico”. Internamente crecieron las dudas sobre la honorabilidad de ciertos mandos militares. En lo personal para Tomás Ángeles fue un verdadero martirio que lastimó su intimidad y honra, hirió con la mayor crueldad a su familia y quebrantó terriblemente su patrimonio. ¿Y ahora qué?
Es muy pronto para esperar de él reacciones serenas y determinantes, pero sería de elemental justicia que iniciara denuncias por múltiples formas de daño encabezadas contra el expresidente Felipe Calderón que conscientemente autorizó los hechos —nadie lo duda— y contra la entonces procuradora Morales por consumarlos. Ambos pervirtieron la justicia. Sabían que con los hechos autorizados se producirían los efectos consumados con las terribles consecuencias a las instituciones y a una persona, Ángeles, que siempre llevó fama de probo. Y por decir lo menos, el general Galván, secretario en aquel momento, en el caso Ángeles fue obsecuente ante el autoritarismo de Calderón como lo fue seis años. Nunca estuvo a la altura de su calidad de comandante superior.
No podemos presumir como ciertos jilgueros cantan que México es un país de leyes. Quizá nos aproximemos más a aquella advertencia de José López Portillo de que “lo peor que le puede pasar a México es ser un país de cínicos”. Por décadas permitimos como prueba maestra la confesión arrancada con tortura, luego la cambiamos por el testigo protegido y a éste le agregamos el arraigo. La indignación debiera acompañar cualquier comentario. Para bien, parece que con Jesús Murillo Karam llegamos al fondo y todo va rumbo a ser historia.
El procurador ha comunicado que se procederá penalmente contra los falsos testigos del caso Ángeles Dahuahare. ¡Qué bueno y qué justo! Sin embargo Jennifer, como es el pseudónimo del testigo principal, resulta sólo un títere al servicio de la perversidad oficial y por ello cabe preguntar: ¿y Calderón, factor político, y la procuradora Morales, autor material de la perversión de la justicia? ¿Y la Ley de Víctimas es aplicable en este caso? ¿Son víctimas sólo los particulares agraviados por el Estado?