Entrevista a Federico Estévez Estévez/Profesor-investigador del ITAM

Nora Rodríguez Aceves

Aun cuando el gobierno de Guerrero, en el congreso local, y de Oaxaca, en el Congreso de la Unión, han presentado iniciativas de ley en materia educativa a nombre de la disidencia magisterial, “no hay forma de que prosperen reformas a nivel local, ni una contrarreforma a través de las cámaras legislativas nacionales, porque la reforma educativa constitucional ya se hizo, y eso no cambiará”.

Sin embargo, “a estas alturas aunque se presenta la movilización en contra de la reforma ya adoptada, pudiera ser que el magisterio, en sus pedacitos, está realmente preparando el terreno para poder negociar la carne sustantiva que viene y que será la ley secundaria, y a partir de eso la reglamentación en la Secretaria de Educación Pública”, explica Federico Estévez Estévez, profesor-investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

 

Posición oficial

Aquí ¿pudiera estar la solución a este conflicto?, se le pregunta, y responde que “no soy tan optimista,  cambiaría un poco la correlación de fuerzas en torno a la política sectorial, precisa o detallada en el momento en que se llegue a los detalles, pues no se ha llegado a ningún detalle todavía”.

En días pasados, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que “está abierto al diálogo y a escuchar posiciones divergentes respecto a la reforma educativa”, pero también ha afirmado que la “ley no se negocia y que lo aprobado para mejorar la calidad de la educación no tiene marcha atrás”.

En este sentido, cabe mencionar que “México no es la única parte del mundo donde esto pasa y a veces los sindicatos magisteriales ganan y a veces pierden, perdieron en Ecuador para dar un buen ejemplo una situación muy similar, pero ganaron en la ciudad de Chicago hace menos de un año, se fueron a la huelga, cerraron las escuelas de la ciudad por casi dos semanas y ganaron políticamente, se echó para atrás el esfuerzo de reforma de parte de las autoridades educativas locales”.

Especialista en materia de partidos y elecciones en México y política distributiva, Estévez comenta a Siempre! sobre la ola de movilizaciones de protesta de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y la sección 22 del sindicato nacional magisterial de Oaxaca, y en otras partes de la república.

 

Guerrero y Oaxaca no son los únicos

“Obligaron a sentarse a la mesa a negociar, también inicialmente el compromiso de cambios constitucionales para revertir la reforma constitucional a nivel nacional o por lo menos bloquearla”.

Esto, como estamos viendo “sí es legal, digo políticamente es un problema el saber que es aceptable como concesión con tal de desmovilizar a un movimiento, pero legalmente es mucho más problemático por razones que se han vuelto muy obvias en los últimos días en que se van echando para atrás estos gobiernos,  porque de hecho no pueden hacerlo o lo pueden hacer,  pero no va a nada no va a finalmente calmar la situación, porque la Constitución Política federal toma precedencias sobre las estatales, entonces finalmente es un callejón sin salida para los gobernadores si quieren cumplir esos compromisos que hicieron al calor de las protestar en su primera fase”.

Sin embargo, Guerrero y Oaxaca no son los únicos están Michoacán, Chiapas, Morelos, y “hay varios otros, donde no sólo pesa el mismo mosaico sindical en que disidentes son importantes elementos, no necesariamente mayoritarios, pero muy fuertes minorías en el magisterio y, por tanto, juegan un papel muy importante en definir la acción del magisterio en términos efectivos, en términos reales de lo que ocurre y de lo que tiene que tomarse en cuenta. No son los únicos estados y sabemos por ya muchos años de investigación que por lo general estas estrategias de confrontación y de protesta desbordada, incluyendo claro paros laborales, esto es el cerrar las escuelas y forzar a las familias a tener a sus hijos en vez de enviarlos al salón de clases por el tiempo que dure la protesta, que esta serie de presiones políticas y sociales suele ser exitosa, parcialmente exitosa, por lo menos para obtener, no quiero decir privilegios, pero bueno concesiones por parte del gobierno local y muchas veces incluso del  gobierno federal con respecto a partidas especiales o fondos con cierta aplicación discrecional por parte gubernamental o algo por el estilo”.

“Por lo mismo, el récord acumulado de esto es relativamente positivo para la acción militante desde abajo en el magisterio, no digo que siempre, pero en promedio en general ese es el caso y estos ejemplos se suman a ello, aunque con una exigencia legal distinta a las que han sido privilegiadas por el magisterio en el pasado que hace mucho tiempo no tratan de asuntos de política pública sino más bien de partidas presupuestales para privilegiar a la membresía del magisterio. Esto, es lo que es diferente esta vez, ese creo yo es el trasfondo de este problema, es decir, es una vieja historia en México en el sector educativo, de educación pública, aunque tiene algunas cosas distintas el episodio actual”.

 

Gobiernos locales de izquierda

Para el politólogo, el que Oaxaca tenga un gobierno de coalición, ya que Gabino Cué llegó al poder gracias a la alianza que hiciera la izquierda y la derecha en el estado, no ayuda en mucho ni complica más las cosas, ya que “el magisterio en el caso oaxaqueño ha sido vociferante casi desde la toma de posesión de Gabino Cué, recordemos la aparición, finalmente fugas, efímera, del líder de  la APPO [Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca], Flavio Sosa, que fue encarcelado por algunos años, se argumentó en ese momento que era útil que el gobernador Cué incluyera a personajes de la disidencia magisterial, precisamente, porque ayudaría a mantener el entendimiento entre el sector afectado, el de profesores y el gobierno o la autoridad educativa en la entidad, no ha resultado así, no tiene porque resultar así, o sea, estas son estrategias que predatan por mucho a las relaciones específicas en el IFE o en cuento al personal en el gobierno y sus vínculos específicos  con movimientos  como estos, magisteriales”.

Por otro lado, también es el caso que Gabino Cué  “fue apoyado por una gran coalición anti-PRI que incluye a la fecha elementos de la izquierda o relativamente favorables o con simpatías hacia la disidencia magisterial, desde hace mucho tiempo que implica preferencias o mejores opiniones al respecto muy encontradas entre los elementos de la coalición, o sea, no es un gobierno solamente de izquierda, si lo fuera sería positiva la inclusión de gente afines al movimiento y quizá veríamos como se ve en otras partes del mundo una voluntaria desmovilización de un sector por lo general muy militante o en el pasado reciente muy militante, pero no es así, la condición es una de intereses encontrados en torno a este tipo de asuntos y conflictos y por tanto de poca utilidad en términos de poder apaciguar al sector ahora movilizado”.

“En este caso, el de Oaxaca, tener un gobierno de coalición sí complica la situación por los diversos intereses que existen, en otros gobiernos de coalición igual  no surge este problema, no se ve en Sinaloa, no se ve en Puebla,  por lo tanto no hay regla escrita, Oaxaca es un caso especial, Guerrero es otra cosa, ahí no hubo coalición, no hay coalición ahí, es otra cosa, es una situación distinta en términos partidistas”.

 

Conflicto de intereses

En este sentido, el académico del ITAM señala el conflicto de intereses que hay de los involucrados en la coalición, así como de los propios partidos que firmaron el Pacto por México donde existe el compromiso de la reforma educativa a nivel constitucional.

“Esa reforma ya es un hecho, aunque obviamente falta la definición de toda la legislación secundaria y después de eso la reglamentación, lo que diría es, una de las cosas que reclama el magisterio, no sin razón, es que de hecho no fueron consultados o no fueron involucrados como parte de la mesa negociadora con respecto a este sector, el de educación pública, cuando se fue forjando el Pacto por México a puerta cerrada por parte del gobierno o del gobierno entrante y de los dos partidos políticos de mayor peso legislativo y electoral —PAN y PRD—, y pues si acaso en los últimos años, por lo menos ya son 20, en que el sindicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ha estado involucrado sistemáticamente en mesas negociadoras sobre todos los detalles de la política educativa desde la reforma de la descentralización 1992-93 se han acostumbrado a ser consultados y hacer parte de la acción, tener un lugar de peso apropiado en las mesas de negociación con el gobierno”.

“La coordinadora no tanto aunque sí en algunos estados dependiendo de su fuerza organizativa, entonces creo que en este sentido objetan un cambio muy fuerte en el modus operandi de la configuración de la política educativa y sus reformas y en principio es entendible, simplemente porque los otros —gobierno y partidos— se pusieron de acuerdo en su contra, no quiere decir que tengan que acatarlo así nomás”.

En ese mismo tenor, Federico Estévez aclara que aquí “no me estoy refiriendo tanto a las divisiones dentro de los partidos entorno al pacto, no me refiero a eso, me refiero más bien a que el magisterio en su parte principal, del sindicato nacional, pero también en instancias locales en algunos casos con la coordinadora, con los disidentes, han estado acostumbrados a estar sentados en la mesa con el gobierno al fijar la política educativa coyuntural y a planear las reformas, ya llevan 20 años en esto, se puede decir que lo han hecho mal o que han antepuesto sistemáticamente el interés sindical al interés general en la educación pública y a la mejor es cierto eso, pero están acostumbrados a ser parte de ese proceso, parte medio critica y decisiva que participa en las decisiones casi con poder de veto en  muchas ocasiones, aunque no fuese formal y en la reforma actual, pues se hizo más de albazo, sin sentarse con el sindicato a negociarlo, entonces entiendo muy bien la reacción. No digo que esté bien simplemente que es entendible su radicalización ante este cambio en los procesos de negociación política en los que han estado metidos por 20 años y estaban ya acostumbrados a tratar los asuntos con el gobierno por lo general, esta vez  esa oportunidad les fue negada y este es uno de los costos que hay que asumir por ello”.