Entrevista a Marcos E. Parra Gómez/Diputado local panista

Nora Rodríguez Aceves

Sabemos que el rechazo del Congreso de Guerrero a la iniciativa de reforma educativa propuesta por el magisterio disidente y que envió el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, traerá “consecuencias a través de movilizaciones que los propios maestros puedan realizar, de presiones, de bloqueos, de marchas o de retención de gente en algunos casos que pudieran darse en violación a los derechos de los ciudadanos guerrerenses”.

“Sin embargo, también estoy cierto de que el gobierno del Estado conociendo la posibilidad de las reacciones debe de tomar cartas en el asunto para atajar cualquier intento de acciones que violen la ley o en su caso actuar con la fuerza para deshacerlas, para desahogarlas o para evitarlas”, afirma Marcos Efrén Parra Gómez, diputado local del PAN en el Congreso de Guerrero.

Además, advierte que no existe ninguna posibilidad de que la reforma a Ley de Educación local se eche abajo por estas presiones de los maestros disidentes o incluso de un grupo de diputados locales que se oponen a las modificaciones constitucionales aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión. “No creo que haya ningún interés de echar abajo lo que nosotros aprobamos ayer, más bien lo que ellos quisieran es retomar el tema para aprobar lo que propusieron y que se desviaría de la Constitución,  en ese sentido yo no estaría de ninguna forma dispuesto a violar la Constitución, en todo caso los maestros tendrían que hacer una propuesta que nos pueda llevar a conseguir mejorar las condiciones y los resultados de la educación en Guerrero”.

Parra Gómez comenta: “ayer (2 de abril) el Congreso de Guerrero aprobó el dictamen que preparamos las comisiones unidas de Desarrollo Económico y Trabajo; de Educación, Ciencia y Tecnología;  y Presupuesto y Cuenta Pública, en el sentido de rechazar la propuesta que envió el Ejecutivo del estado a las modificaciones a la Ley de Educación que pretendían incluir ventajas a maestros del estado de Guerrero para su contratación una vez egresados de normal para su contratación, para su permanencia y para su promoción, con lo cual se da marcha atrás a lo que originalmente los maestros habían considerado como un triunfo”.

La razón es lógica, “nos basamos en la legalidad y evitamos que pudieran darse violaciones a la Constitución Política, esto es, la propuesta tal como venía hubiera sido violatoria de la Constitución, lo cual podría haberse revertido en caso de que nosotros lo hubiéramos secundado a través de cualquier controversia, por lo tanto ayer actuamos con apego a la legalidad los legisladores de Guerrero que votamos a favor de esta contrarreforma”.

En medio de una acalorada discusión, con 35 votos a favor y siete en contra, las y los legisladores locales de Guerrero aprobaron el dictamen que declaró improcedente la iniciativa de reforma que envió el titular del Ejecutivo estatal el pasado 25 de marzo.

Propuestas

En este sentido, el también presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo del Congreso de Guerrero, explica en entrevista, vía telefónica a Siempre!, las propuestas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) que el Congreso local desechó por considerarlas inconstitucionales. “Las propuestas eran que se designara un 6% por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para educación; en el estado de Guerrero se destina un poco más del 8% PIB del estado porque participa la concurrencia del gobierno federal y las aportaciones que hace el estado de Guerrero para esta materia”.

“La pretensión —agrega— era que esto se destinara a construir escuelas, a hacerles las adecuaciones, las instalaciones y el equipamiento necesario y a contratar a maestros que egresaran de normales del estado; esto no es malo, solamente que tienen que ajustarse a la norma de pasar un examen de oposición y en función de eso estar en posibilidades de contratarlos; esta última parte se omitía, lo cual hubiera sido violatorio de la Constitución”.

Asimismo, se pedía que “paralelo al Instituto Nacional de Evaluación Docente que establece la Constitución Política federal, la ley recientemente modificada de educación, se creara en Guerrero un instituto autónomo paralelo que se encargara de hacer las evaluaciones y darle seguimiento a ellas. Aunque el instituto de evaluación que se pretendía formar en Guerrero también contenía la exigencia de que fueran los propios maestros los que lo integraran, de tal forma que ellos mismos se evaluaran, lo cual contradice el marco constitucional porque debe haber independencia del propio instituto e independencia de su actuación para estar en posibilidad de asegurar que la evaluación se centre en capacidades, experiencia y resultados”.

El panista agrega que otro punto medular era el caso “de la gratuidad, ellos exigen que haya gratuidad en la educación, nunca ha habido ningún intento de privatización en el Estado de la educación ni a nivel nacional, al menos así lo hemos percibido, sin embargo se han dando versiones de que ante los padres de familia algunas personas intentan engañarlos diciendo que la reforma educativa les exigirá el pago de cuotas para mantener a maestros, mantener las escuelas, gas, luz, y que eso dañaría la economía de los padres de familia”.

“Nosotros recalcamos que la gratuidad es absoluta, tanto en la Constitución como en el Estado, y para evitar cualquier mal información o cualquier engaño, nosotros reiteramos que la gratuidad de la educación persiste y no podrá estar sujeta a cuotas obligatorias que se señalen para la inscripción o mantenimiento de hijos en alguna institución educativa de la entidad.”

“Éstos son principalmente los temas que se habían planteado y que nosotros desafortunadamente no podemos aprobar porque serían violatorias de la Constitución y porque lo que pretendemos es que la educación tenga sobre todo en la entidad otras características, sobre todo en los resultados de los hijos.”

Gratuidad en la educación

Para precisar, cabe señalar “que el único punto que se incluyó en el dictamen votado en el pleno y que sí fue aprobado fue el de ratificar que la educación pública en Guerrero es gratuita y se acordó prohibir el pago de cuotas obligatorias en los planteles escolares”.

En ese mismo tenor, el diputado del PAN reitera: “la razón de rechazar la propuesta que envió el gobierno del Estado va en el sentido de evitar que pudiéramos violar la Constitución si la hubiéramos aprobado como viene; hubiéramos caído en violaciones constitucionales y a pesar de que en su caso pudieran haber sido aprobadas, con una controversia constitucional se hubieran echado abajo. En este sentido, los diputados fuimos muy responsables en el análisis de evaluación y en la discusión, que por cierto fue muy acalorada, lo cual es natural en un proceso democrático, sin embargo fuimos muy cuidadosos de la legalidad, que ése es el punto fundamental que tenemos que apegarnos cualquier persona que trabaja en este tema como legislador”.

Seguro de que la iniciativa de decreto por el que se reformaban los artículos 20, 21, 25, 29 y 65 de la Ley Estatal de Educación del Estado de Guerrero Número 158, enviada por el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, “era una contrarreforma, y esto definitivamente lo evitamos”; responde a quienes los acusan de traidores “esas voces tendrían que señalar si violamos algún aspecto legislativo, yo acabo de insistir en los comentarios que acabo de dar, en el sentido de que nos ajustamos a la legalidad; de parte nuestra no consideramos que haya ninguna traición, antes al contrario, nunca tuvimos nosotros un contacto directo con ellos o algún compromiso de aprobar las modificaciones tal como venían, son absurdos que nosotros no podemos secundar”.

“No obstante, los legisladores reiteramos nuestra disposición de diálogo y de discusión de cualquier medida que se adopte para fortalecer la educación en la entidad, yo incluso propuse que estableciéramos un mecanismo que nos permitiera conocer, partiendo de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuál es la población, el universo de potenciales estudiante y estudiantes activos desde los tres años de edad hasta que terminen su educación de bachillerato, de tal forma que, sepamos cuántos son, en dónde están, cuántas aulas se necesitan para darles cabida, cuántos maestros necesitaríamos contratar para esta actividad y prepararlos desde ahora.”

No más analfabetas

“Creo que una planeación adecuada nos puede llevar a garantizar que en dos, tres, cuatro o cinco años, no sé cuantos, dependiendo del monto de inversión, podamos tener la seguridad de que todos los guerrerenses, todos los niños guerrerenses, sin excepción, tengan acceso a educación primero con la responsabilidad de los padres y después con la corresponsabilidad de las autoridades llámense comunales, sus comisarios, las presidencias municipales o el gobierno del estado y las educativas de tal forma que, podamos garantizar que no vuelva a haber en Guerrero un niño que no esté estudiando, que no vuelva a haber un analfabeta, y en ese sentido tenemos una responsabilidad muy grande que demos impulsar desde el propio Congreso.”

Para no crear falsas expectativas, Marcos Parra afirma que la Ley de Educación local aprobada en el Congreso “no modificará en nada estas condiciones en materia educativa que tiene actualmente Guerrero, solamente rechaza la propuesta o la intención de la contrarreforma, la misión que los legisladores tienen ahora es abocarnos, asegurarnos, de poder proporcionar recursos humanos, materiales y económicos a la entidad para asegurarnos que en el futuro no vuelva a haber un solo analfabeta”.

“Guerrero tiene una cantidad muy importante de analfabetas, entiendo que es aproximadamente el 20% de personas que no han terminado su educación primaria, y que este porcentaje se acentúa, sobre todo, en lugares retirados, en lugares de la montaña, en donde se hablan lenguas como la náhuatl, tlapaneco o lenguas mixtecas, que tienen muchas limitaciones; no van los maestros, o las escuelas están en condiciones pésimas, y esto nos hace pensar en una restructuración de la educación actual, eso es a donde tenemos que orientar nuestros esfuerzos.”

Por lo tanto, “el dictamen que se aprobó no va en ningún sentido a mejorar en nada la educación; solamente ratifica y aclara la gratuidad de la educación en Guerrero, ése es el único motivo por el momento, por eso es que insisto que, sumados a la intención que dicen los maestros de mejorar la educación, tendríamos que hacer un trabajo conjunto, pero siempre con apego a la legalidad y con una exigencia hacia los docentes para que la revolución que dicen querer iniciar sea una revolución educativa”.

 Por nuestra parte, los diputados “estamos en la mejor disposición de buscar caminos que nos puedan llevar a mejorar la educación en la entidad y a mejorar por supuesto las condiciones de los maestros siempre y cuando ellos estén dispuestos a sumarse, a ceñirse a una norma, a una regla que nos permita a todos avanzar en la calificación, en los resultados, de los índices donde actualmente ocupamos el penúltimo lugar en nivel de educación.”