Entrevista a Ricardo Sánchez Reyes/Abogado defensor del general Tomás Ángeles Dauahare
Moisés Castillo
Una regla no escrita del sistema de procuración e impartición de justicia es “primero se acusa y luego se investiga”. Esta fue la suerte del general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, quien fue relacionado con el cartel de los Beltrán Leyva.
El exsubsecretario de la Defensa Nacional pasó casi un año encarcelado luego que Roberto López alías El 19 —brazo derecho de Édgar Valdez Villarreal La Barbie— y Sergio Villarreal El Grande —operador de esa banda del narcotráfico— aseguraron ya como testigos protegidos Jennifer y Mateo, respectivamente, que el alto mando del Ejército intercedió en favor de esa organización para que aterrizaran aviones con cocaína en los aeropuertos de Cancún, Toluca y Cuernavaca. Ambos testimonios fueron “clave” para el enjuiciamiento de funcionarios en la llamada Operación Limpieza que tanto presumió el entonces presidente Felipe Calderón.
Pero no sólo Jennifer involucró al general Ángeles Dauahare sino a otros funcionarios importantes en la lucha contra el narco: Noé Ramírez Mandujano, extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada; Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la Policía Federal; Francisco Navarro, exdirector de Operaciones Especiales de la Policía Federal; Salvador Rocha Vargas, exsecretario de Seguridad Pública de Quintana Roo; Javier Herrera Valles, excoordinador regional de la Policía Federal Preventiva, y 35 funcionarios implicados en el llamado Michoacanazo. Todos están absueltos.
Ante esta grave situación, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, aseguró que inició una investigación contra Jennifer.
“Estoy también obligado —dijo— a hacerlo porque lo indicó un juez en una de las sentencias… Una de las sentencias en el caso anterior le pide al Ministerio Público inicie una investigación al respecto”.
Hay que recordar que el pasado 15 de enero, la PGR admitió de manera inédita que no pudo corroborar los dichos de Jennifer y Mateo, en la investigación que llevó a la cárcel al general retirado.
“Por lo que hace al procesado Tomás Ángeles Dauahare, los deposados (las declaraciones) de los testigos protegidos colaboradores no se encuentran corroborados con medio convictivo alguno, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que al día de la fecha se cuente con probanza alguna para confirmar los dichos de «Jennifer» y «Mateo»”, dice el oficio DGCPPAMDO/707/2013 de la PGR.
Tras la liberación del general retirado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, señaló que esto demuestra que hubo algo mal en el proceso judicial.
“El reconocimiento de que hubo algo ahí que no estuvo correcto —dijo—, no me toca a mí decidir si es culpable o no, las autoridades establecidas para eso lo están haciendo, en lo personal, nos da mucho gusto que se reconozca que él es inocente de lo que se le había señalado. El general Dauahare era un miembro reconocido del Ejército, al que todos le tenemos un gran afecto”.
Luego de que la PGR reconociera que no tiene ninguna prueba que confirme las afirmaciones de los testigos protegidos, Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, indicó que es indispensable cambiar el marco legal de esta figura, así como también del arraigo.
Asimismo, el coordinador del PRD en el Senado, Ricardo Barbosa, señaló que estas herramientas jurídicas deben revisarse a fondo.
En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, sostuvo que los testigos protegidos quedaron en entredicho.
Todo el proceso fue una falla
Para el licenciado Ricardo Sánchez Reyes, abogado defensor del general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, la lección de este polémico caso es que la ley debe ser igualitaria y revisar a fondo las pruebas a fin de que no exista gente inocente en la prisión.
“Además de una lección —agregó—, debe ser un llamado a analizar las averiguaciones previas, y como dijo el procurador, sacar de prisión a gente que esté injustamente encerrada. Dejar de lado la tentación de abusar de estas figuras con fines políticos o personales”.
¿Cuáles fueron las principales fallas del proceso judicial?
El origen del asunto es, en sí mismo, una gran falla. Si estamos hablando de una persona que nunca cometió las conductas ilícitas que se le atribuyeron, pues de raíz fue una falla iniciar una averiguación previa. Además, los mecanismos por los cuales llevaron a prisión preventiva en el arraigo al general y luego consignarlo ante un juez, que son los dichos, aislados y mentirosos de los dos testigos protegidos Jennifer y Mateo.
¿La liberación del general fue una decisión política? ¿Se debió al cambio de gobierno? ¿Cuál es su lectura?
Considero que no. Nosotros lo leemos desde el punto de vista jurídico. Desde el día uno que tuvimos como defensa el conocimiento de las diversas imputaciones contra el general, dijimos está bien. Tienen los dichos de Jennifer y Mateo, ahora dinos cómo los corroboran. Es decir, si hay una imputación cómo se comprueba y la entonces procuraduría fue omisa a estas solicitudes.
El general es una persona honorable que no tiene los antecedentes de Jennifer y Mateo. Vas hoy y te confiesas en la comisión del delito de homicidio, esa confesión no te puede llevar a prisión ni te puede sentenciar. Tiene que ser corroborado. Tal vez con tu confesión autoincriminatoria pretendes quitar responsabilidad a otra persona. Llega la actual administración y seis meses después nos conceden el responder que no hay otro medio de prueba diversa a las manifestaciones de los colaboradores que se corrobore su dicho. Con esta prueba nosotros decidimos solicitar la separación de proceso e irnos a la hipótesis de la sentencia.
Previo a la sentencia se da vista a las partes, primero al Ministerio Público con sus conclusiones de acusación y después a la defensa. Y la PGR estima que para qué enfrentarse a la posibilidad de una derrota jurídica, si ya habían dicho previamente que no había medidas de prueba que se corroborara la imputación. Y decide en un acto responsable, humano y coherente no formular conclusiones acusatorias. Si lo único que tengo es el dicho de dos protegidos, pues no hay forma que se le dicte a una persona una sentencia condenatoria.
¿Qué exfuncionarios tendrán que rendir cuentas tras esta investigación fallida?
Toda persona en cualquier ámbito que se desarrolle de manera profesional debe de responder por sus actos. Se deberá estudiar y analizar la cadena de mando y decisión que tuvo este asunto. Desde el día uno: ¿quién ordenó la detención del general?, ¿quién recabó las declaraciones a los testigos colaboradores?, ¿quién sujetó al programa de testigos colaboradores a Jennifer y Mateo?, ¿en qué se basaron para someterlos al programa de testigos colaboradores, si corroboraron sus dichos y fueron veraces para la persecución de otras personas del crimen organizado?
Posteriormente, ¿quién toma la declaración del general Ángeles, al general Escorcia, a Iván Reyna Muñoz?, ¿quién va con otras personas y les ofrece favores procesales a cambio de incriminar ilícitamente a los generales?
Esta cadena de mandos se debe analizar desde el día uno hasta el último día. Basta con revisar la averiguación previa para saber que fueron diversos agentes del Ministerio Público, testigos de asistencia, directores de área, titulares de unidad, subprocurador y procuradora.
La farsa de la Operación Limpieza
¿La Operación Limpieza fue una farsa de Felipe Calderón?
Si la base de la llamada Operación Limpieza es el dicho de un testigo colaborador, que a todas luces es un mentiroso, sí. No conozco la totalidad de la Operación Limpieza, pero si se basó en ese testigo sí es una farsa. Con lo que respecta a Jennifer debe desestimarse. Quien miente una vez, miente muchas veces.
¿En qué dirección se deben revisar las figuras como el arraigo y testigo protegido?
Esas figuras en sí no las debemos desestimar. La actual administración le está dando un tratamiento mucho más responsable. Se debe arraigar cuando efectivamente así lo amerite para el éxito de la averiguación previa, o exista el temor fundado de que el individuo se sustraiga de la acción de la justicia. En el caso del general, no se justifican estas dos figuras porque tenerlo 80 días en cautiverio en el Centro de Arraigos, pues no iba a influir en la decisión de la averiguación previa.
Además, el general no se iba a sustraer de la acción de la justicia. Donde lo detuvieron fue en la puerta de su casa. No tenía el ánimo de huir. Deben cuidarse muy bien en qué casos y bajo qué circunstancias.
En este sentido, ¿el encarcelamiento del general Ángeles Dauahare fue por motivos políticos?
No lo sé, lo que te dijera sería mentira. Porque se han manejado varias versiones: que fue la decisión de una persona, quizás la decisión común de tres o cuatro personas. No te puedo decir realmente lo que motivó o desencadenó la orden de procesar de esta forma al general.
¿En qué medida se dañó a una institución como el Ejército?
Se afectó mucho. Que no se nos olvidé que para sostener el segundo arraigo floreció en la averiguación previa una llamada anónima de una persona que no da su nombre, un sargento, que dijo que cuando el general era director del Colegio Militar él promovía el narcomenudeo en la comunidad escolar. Esto con el fin de seguir sosteniendo una acusación en contra de una persona, obviamente sí se le daña. Con esta liberación, se desenmascara las razones por las cuales se procesó injustamente al general y se irá limpiando el honorable nombre de las Fuerzas Armadas.
¿Cuáles fueron las primeras palabras que le dijo el general tras salir del penal del Altiplano?
Nos agradeció el habernos dedicado a su asunto estos 11 meses y quería saber a qué hora iba a ver a su esposa. Esa era su preocupación.
¿Por qué decidió tomar este caso? ¿Cuáles fueron sus motivaciones reales?
En principio porque es un reto personal y profesional, se nos honró con la solicitud por algunas recomendaciones. Basta conocer a la familia del general para saber que son personas honorables y que no tienen responsabilidad de los hechos imputados. No nos quedaba otra que responder a esa confianza.
¿Hubo un momento complicado que dejara entrever que perdería el caso?
Pues no. La administración anterior quería que se sostuviera este asunto, ya tenían ellos un lastre muy pesado jalando, que es el haber imputado hechos a una persona de la envergadura del general, y después que se les fuera a caer, podría ocurrir un fiasco muy grande. Hubo algún momento en que sí se nos hizo saber que lo mejor era que nos retiráramos del caso por parte de un enviado oficial.
¿Qué se debe reformar del sistema de procuración e impartición de justicia para que no se repitan en el futuro casos como el del general Ángeles Dauahare?
Sin duda, el tema del factor humano. Realizar efectivas y verdaderas depuraciones para efectos de control de confianza y destinar mayores recursos económicos para tener elementos mejor pagados, de acuerdo a los riesgos, funciones y desempeño del cargo. No considero que la ley procesal sea una mala ley, es una ley que aplicada adecuadamente es una ley efectiva.
¿Cuáles serán las acciones legales que aplicarán a fin de que no quede impune esta situación? ¿Se exigirá que rindan cuentas algunos exfuncionarios?
Esa decisión, como lo ha dicho el general, la tomará con la cabeza más fría. Tocará base en la Defensa Nacional con el actual secretario y posteriormente analizaremos quizá con expertos en materia civil, en materia de daño moral, la ruta más adecuada. Si proceden las acciones y es deseo del general iniciar las mismas.