Más razones y menos sermones

Carlos E. Urdiales Villaseñor

Cada vez que una reforma constitucional es aprobada, implica una revisión profunda de los conceptos legales que durante décadas se consideraron inamovibles por ser producto de luchas sociales históricas. Los rasgos que definen la operación legal cotidiana de una sociedad deben ser, de tanto en tanto, actualizados para que, además de vigencia, tengan una razón de ser cercana a cada integrante de esa sociedad.

La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo es una muestra reciente de esos conceptos que se modifican para conservar su racionalidad. La existencia de un instrumento jurídico que proteja a los particulares de los abusos de la autoridad encontró, con el paso de los años, distorsiones que si bien no la  demeritan sustantivamente, sí dieron paso a argucias mediante las cuales los particulares han podido paralizar a la autoridad mediante el uso y abuso de ese recurso.

Uno de los sectores más susceptibles ha sido el de las telecomunicaciones, donde los amparos han atado el actuar de la autoridad con candados trenzados que perpetúan situaciones muy específicas que, al final de cuentas, terminan por perjudicar a terceros (consumidores las más de las veces), cerrando mercados a competidores o de plano impidiendo la recuperación de concesiones a favor de empresas privadas en detrimento del resto.

Entender que existen hoy conceptos que han perdido pertinencia por culpa de la democracia, de la convergencia tecnológica, de los cambios en las expectativas de vida, de la educación y de tantas otras realidades se imponen a pesar de las muy variadas teorías de complot que cruzan, de lado a lado, nuestra cultura política.

Limitar los beneficios del amparo, del fuero, revisar las canastas de productos y alimentos exentos de impuestos, la participación de particulares en la industria petrolera, poner límites al dominio de determinado mercado, ya sea por audiencia o infraestructura, abrir la inversión de extranjeros en ciertos sectores y más, deben ser analizados con una mirada analítica, no con la certeza propia del pensamiento fundamentalista. Con más razones y con menos sermones.

Las teorías de complot han servido en los últimos años sólo para frenar, para impedir cambios de fondo que nuestras estructuras legales, impositivas y normativas deben enfrentar para que el resultado del gobierno sea mejor para la mayoría. Los que resisten apoyan. Finalmente un estado poco equitativo y nada eficiente.

Abordar estas transformaciones desde la óptica de partidos políticos o grupos ideológicos es reducir el debate a una confrontación de animadores, de porras y barras más propias del fútbol que de las ganas de tener mejores administraciones públicas, cualquiera que sea su signo, fobia y filia.

Menos deudas sociales que se hacen eternas, no más contemplaciones con el estado permanentemente malo en tantas materias como la educación o la salud o la recaudación, o la alimentación o la impartición de justicia. Las coincidencias políticas deben pasar del discurso a los hechos, con sus costos y recompensas incluidas.

 

@CarlosUrdiales