Por Susana Hernández Espíndola
La reciente investigación que reveló información inédita sobre los paraísos fiscales, aportada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), pone en evidencia a más de 150 mil personas o empresas, cuyas impresionantes y multimillonarias cuentas se han mantenido a salvo de cualquier devaluación o crisis económica mundial, escondidas a miles de kilómetros de los 170 países en las que fueron producidas originalmente.
El informe, que contiene unos 2.5 millones de archivos digitales de datos confidenciales y considerada la filtración periodística más grande de la historia —superando, incluso, a Wikileaks—, proporciona los nombres de políticos, hombres de negocios, estafadores, dictadores, presidentes, familias, testaferros, traficantes de armas, bancos, ejecutivos financieros, empresas ficticias y trusts que han concentrado mega fortunas en los santuarios fiscales de las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y otros “refugios” de ultramar, conocidos como offshore.
Gracias a complejas estructuras financieras —inversiones inmobiliarias, cuentas bancarias, fondos de inversión, pólizas de seguros, sociedades extranjeras—; al trabajo bien remunerado de contadores, abogados, intermediarios, agentes y bancos, y al cuestionable “secreto bancario”, las identidades de los clientes suelen mantenerse en privado, lo que ha permitido, en algunos casos, que los dueños de esas fortunas, no siempre bien habidas, hayan permanecido ocultos en esas guaridas hasta casi 30 años.
El trabajo de investigación que durante 15 meses realizaron 86 periodistas de 46 países —en colaboración con medios como el diario y la emisora alemanes Süddeutsche Zeitung y Norddeutscher Rundfunk, la BBC y The Guardian ingleses, el diario japonés Asahi Shimbun, el francés Le Monde, el norteamericano The Washington Post, la televisión pública canadiense CBC y más de 31 organizaciones informativas especializadas en temas económicos—, ha puesto a temblar al mundo. Y eso que, según ha anunciado la ICIJ, lo mejor aún está por venir.
Cisma financiero
La filtración, conocida ya como OffshoreLeaks, ha provocado que los gobernantes de varios países solicitaran al ICIJ una copia de esos archivos. Grecia y Filipinas iniciaron sus propias investigaciones, partiendo de la información ya publicada. El primer ministro británico, David Cameron, se ha comprometido a utilizar su liderazgo en el G8, para promover medidas enérgicas contra la evasión fiscal. Y, aunque Alemania ha aplaudido el trabajo y ya solicitó una copia del disco, el Deutsche Bank aparece como una de las entidades financieras que ha ayudado a la migración de capitales o utilizado esos paraísos fiscales.
Por su parte, James S. Henry, ex economista jefe de la asesora internacional McKinsey & Company y miembro del consejo de la Red de Justicia Fiscal, estima que en los santuarios fiscales los clientes tienen escondidos entre 20 y 32 billones de dólares —entre 15 y 25 billones de euros—, lo que equivaldría al tamaño de las economías de Estados Unidos y Japón juntas. Pero algunas ONGs van más allá y apuestan por una cifra mayor, lo que representaría una tercera parte del PIB mundial.
Henry y otros críticos afirman que el secreto de las offshore tiene un efecto corrosivo sobre los gobiernos y sistemas jurídicos, ya que les permite a funcionarios corruptos saquear las arcas nacionales y dar cobertura a traficantes de personas, mafiosos, cazadores furtivos de animales y otros explotadores.
La Comisión Europea calcula en un billón de euros la evasión fiscal dentro de la Unión Europea (UE) y algunos especialistas creen que si no existieran los paraísos, los países comunitarios podrían recaudar entre 200 mil y 250 mil millones de euros en ingresos fiscales suplementarios.
Además de las Islas Vírgenes e Islas Cook, se mencionan a Samoa, Hong Kong, Singapur, Panamá, Islas Caimán, Mauricio, la isla Labuan y las Seychelles como paraísos fiscales, donde se exceptúa del pago de impuestos a los inversionistas extranjeros que mantienen ahí sus cuentas financieras o empresas, amén de que sus movimientos e información se guardan bajo la confidencialidad y el secreto bancario.
Precisamente ese hermetismo financiero les ha permitido a los millonarios evadir impuestos, propiciar la corrupción y afectar la estabilidad económica de varias naciones, sin que nadie ni nada los pueda detener. Grecia, España, Italia, Chipre, Alemania, Portugal, Irlanda, Rumania, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Colombia, Tailandia, Japón, Canadá y Rusia, entre otros más, han pagado el precio de los mega capitales de los saqueadores.
De poco han servido los esfuerzos de organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el G-20 y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que han solicitado a los gobiernos de los paraísos fiscales transparentar su información, de modo que se cuenten con elementos para combatir al terrorismo, el narcotráfico y las redes de lavado de dinero. Siempre se han topado con la oposición de los férreos defensores de la globalización, como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Los saqueadores
Hasta el momento, el único mexicano multimillonario que aparece en la lista del OffshoreLeaks es Dionisio Garza Medina, miembro del Consejo de Administración de Grupo Alfa —conglomerado de empresas conformado por Alpek, Nemak, Sigma, Alestra y Newpek— y hermano del ex vicario general de los Legionarios de Cristo, Luis Garza.
En el ámbito internacional, se menciona que Jacques Augier, el tesorero de la campaña electoral del actual presidente francés, François Hollande, tiene cuentas en Islas Caimán. La baronesa española Carmen Thyssen-Bornemisza utiliza una empresa en las Islas Cook para comprar obras de arte en casas de subastas, como la londinense Sotheby’s y la neoyorquina Christie’s. Entre sus adquisiciones, se encuentra la pintura “Molino de agua en Gennep”, de Van Gogh, actualmente expuesto en el Museo Thyssen de Madrid.
También aparecen el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev; Imee Marcos Manotoc, gobernadora provincial filipina e hija mayor del dictador Ferdinand Marcos; la mujer del viceprimer ministro ruso, Igor Shuvalov, Olga, y diversos multimillonarios indonesios vinculados al fallecido dictador Suharto.
Igual están en la lista Denise Rich, la esposa del magnate petrolero Marc Rich, quien fue indultado en 2001 por Bill Clinton, tras haber sido condenado por fraude fiscal; Bayartsogt Sangajav, ministro de Hacienda de Mongolia, entre 2008 a 2012, y Bidzina Ivanishvili, primer ministro de Georgia.
James R. Mellon, destacado estadounidense que renunció a su ciudadanía, utilizó cuatro empresas en las Islas Vírgenes Británicas y Lichtenstein para el comercio de valores y la transferencia de millones de dólares entre cuentas bancarias que controlaba en el extranjero. Sus emblemáticas empresas son Gulf Oil y el Banco Mellon.
Y se suman personas vinculadas al caso Magnitsky, un escándalo de fraude fiscal que derivó en la prohibición de la adopción de niños rusos por parte de familias de Estados Unidos y tensó las relaciones entre ambos países.
Toman medidas
Tras ser detonado este escándalo, la Comisión Europea ha demandado a las naciones integrantes de la UE a tomar medidas contra la evasión fiscal, empezando por adoptar una definición común de lo que es un paraíso fiscal.
El organismo ha sentenciado que “no puede haber ninguna complacencia ni con los individuos ni con las empresas o países terceros que no respetan las leyes internacionales”.
En lo que respecta a México, el pasado 19 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), firmó, junto con el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) de los Estados Unidos, un acuerdo mediante el cual habrá un intercambio de información automático entre ambas naciones sobre las cuentas bancarias y datos financieros que sus ciudadanos tengan en el otro territorio.
Tras la crisis económica que aquejó a la Unión Americana, el gobierno de Washington consideró que muchos de sus ciudadanos evadían impuestos por los recursos que tenían en cuentas bancarias en el extranjero que no reportaban al IRS.
Por ello, en marzo de 2010, el Congreso modificó el Código de Rentas Internas para incorporar la llamada Ley del Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (conocida como FATCA, por su sigla en inglés), la cual obliga, a partir de enero de este 2013, a las instituciones financieras extranjeras a reportar al IRS la existencia y detalle de tales cuentas.
Hasta el momento, la FACTA ha sido firmada por el Reino Unido, Dinamarca y México, mientras que el referido acuerdo México-EU establece que a partir del 2014 se iniciará el intercambio de información de los dos países.