A cuatro meses de haber dejado el cargo como procuradora general de la república, Marisela Morales —con sobrepeso y la misma gruesa capa de maquillaje que esconde sus verdaderas facciones— se pasea en los centros comerciales desconfiada, insegura y en compañía de un guardia.
Se trata, evidentemente, de una abogada dedicada a hacerle el trabajo sucio al poder y a su país.
Su obra cumbre durante el sexenio de Felipe Calderón fue acusar al entonces subsecretario de la Defensa Nacional, general de división Tomás Ángeles Dauahare, de proporcionar información a los hermanos Beltrán Leyva; de facilitar el aterrizaje en Cancún de aviones cargados de cocaína y de recibir a cambio dinero sucio.
Prueba de que se trató de una venganza política, urdida por el mismo Calderón, es que la Procuraduría General de la República, hoy encabezada por Jesús Murillo Karam, decidió —a falta de evidencias— remitir su desistimiento a un juez para que ordene su libertad.
El caso Ángeles Dauahare pone en evidencia los turbios manejos de lo que llamó el exmandatario la “guerra contra el narcotráfico”, amén, claro, de ser un vivo ejemplo de cómo la Procuraduría General de la República fue utilizada como un instrumento de presión y venganza política.
¿Qué razones o motivos tuvo Calderón para encarcelar a Ángeles Dauahare, pero sobre todo para ensuciar su nombre?
Quienes lo conocen dicen que se trata de uno de los militares más destacados del Ejército, con una hoja de servicio impecable.
¿Acaso el pecado del general consistía en ser un crítico de la ilegalidad con que el gobierno venía manejando la lucha contra los cárteles? ¿Se opuso a que el Ejército atacara a unos e ignorara a otros?
Si hay un hombre que conoce a detalle los operativos de una guerra que dejó cien mil o más muertos, que costó al Estado mexicano miles de millones de pesos y dio al país un enorme desprestigio internacional por no obtener resultados, ese hombre se llama Tomás Ángeles Dauahare.
La lealtad de este general a las instituciones, su disciplina y manejo de la seguridad nacional, la información a la cual tenía acceso lo convirtió en un militar peligroso para Calderón. Sobre todo cuando muchos lo consideraban el favorito para ocupar la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Hoy queda en evidencia que la eliminación política del general era imprescindible para quienes buscaban que la red de intereses construida en torno al combate a los cárteles no resultara afectada al producirse el cambio de gobierno.
Calderón le debe una explicación al país sobre las razones que tuvo para torcer, como lo hizo, la aplicación de la ley, en un contexto que exigía exactamente lo contrario: un sistema de justicia penal que permitiera consolidar en tribunales el combate a la delincuencia organizada.
En lugar de esa optimización, la pasada administración dejó el aparato en ruinas. El procurador Murillo Karam ha sido muy cuidadoso al insistir en la urgencia de construir un nuevo sistema de justicia y en no dar detalles sobre las condiciones en las que encontró la Procuraduría General de la República. Pero es evidente que su antecesor permitió que la institución estuviera al servicio de la ilegalidad y de la politización de la justicia.
La detención del exsubsecretario de la Defensa se produjo justo dos meses antes de las elecciones presidenciales, cuando todo indicaba que el candidato del PRI iba a ser el ganador, y los medios de comunicación jugaban con la baraja de candidatos a ocupar cargos en el primer círculo del futuro presidente.
Después de su justa liberación, es obligado preguntar: ¿qué sigue para este general? ¿Cómo y hasta dónde puede ser reivindicado su prestigio? ¿Qué van a hacer el Ejército y el gobierno para limpiar su nombre? Pero, sobre todo, para protegerlo.
Por las declaraciones que dio la noche de su liberación, Tomás Ángeles Dauahare no está dispuesto a retirarse. Tampoco, asegura, a ser un problema para el gobierno. Sin embargo, mientras viva seguirá siendo una pieza clave para conocer el trasfondo de la política implementada por Felipe Calderón en contra del crimen organizado.
Sabe lo que pocos saben. Su vida peligra. Eso es un hecho.