La usura es la forma más perversa de esclavitud.

Pacto de San José

 

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera

Ante la propuesta de reforma al sistema financiero anunciada por la administración de Enrique Peña Nieto —con la cual se propone regular los escandalosos e inmorales intereses bancarios y los costos de los servicios financieros—, los herederos de la milenaria usurocracia no tardaron en reprobar esas urgentes reformas a través del economista en jefe de la filial mexicana del otrora poderoso Bank of America-Merrill Lynch.

Para el ejecutivo de la trasnacional, la banca comercial está en la mira del gobierno mexicano al pretender reducir los “costos de los servicios financieros y la revisión sobre la forma en que son ejecutadas las garantías crediticias”, legítimas acciones que desarticularán la maquinaria generadora de las pingües ganancias que ubican la banca en México como una de las más rentables del mundo, en función de los altos intereses y cuotas que aplica a cualquiera de sus servicios.

La postura del vocero financiero avizora las resistencias que el sector bancario internacional generará a la iniciativa peñista, y acredita una vez más el poder de la usurocracia, imperio fáctico cuyos orígenes se remontan a los inicios de la República romana en cuya sociedad los usureros (foeneratores) enriquecían cada vez más a la clase dominante (patricios) a costa de las tasas que aplicaban a los plebeyos endeudados, quienes ante tan altos intereses aplicados a sus préstamos veían amenazada su libertad y la de su prole, pagando sus deudas con la esclavitud.

Tan insoportable situación provocó —en 494 a. C.—, la secesión de la plebe comandada por Cayo Sicinio Belluto, quien por dos años se atrincheró con los deudores en el Monte Sacro hasta obligar a los gobernantes que integraban el Decemvirato a fijar un límite a las tasas de interés, y a otorgar a las tribus dos representantes ante el Senado, cuyo poder de veto velaría por los intereses plebeyos contra los de los patricios.

El triunfo plebeyo contra la usura se integró desde el inicio a la legislación romana, como bien lo acreditan las disposiciones contenidas al respecto por las XII Tablas, que castigan con cuatro veces más a los procesados por la obtención de lucro desmedido que a los ladrones, como lo refiere Catón El Viejo.

La recurrente práctica de la usura llevó, en 528 d. C. —casi mil años después del decreto de las XII Leyes—, al emperador Justiniano a contrarrestar las machinationes creditorum (maquinaciones de los acreedores), decretando un tope del 4% de interés aplicable a los préstamos, y una ganancia máxima del 6% sobre el precio de venta a los comerciantes.

A pesar de las severas sanciones lanzadas desde el primer milenio de la Roma pontificia contra el pecado de la usura, su ilegal e inmoral práctica no menguó en función a supuestas necesidades del mercado, y con ánimo de ponerle un alto a esta nefanda práctica bancaria en 1966 los países latinoamericanos integrantes de la Organización de Estados Americanos, reunidos en Costa Rica, tipificaron la usura como la forma más perversa de esclavitud.

Así quedó consignado por el numeral 3 del artículo 21 del Pacto de San José, precepto que el secretario de Hacienda mexicano, Luis Videgaray, deberá esgrimir —como en su momento lo ha hecho el presidente ecuatoriano Rafael Correa en materia de deuda externa—, para defender su propuesta de reformas a un sistema financiero que ha hecho de la usura su inmoral forma de subsistencia.