Las nuevas generaciones se identifican con él
Mireille Roccatti
El 10 de abril rememoramos el 94 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata Salazar, víctima de la traición de un personero del carrancismo que, ante su ineptitud militar para vencer al ejército guerrillero de los campesinos de los estados de Morelos, Guerrero y Puebla que lo seguían, hubieron de recurrir al engaño y la traición para ejecutarlo en la Hacienda de Chinameca, Morelos.
El Guerrillero del Sur Emiliano Zapata, junto con Francisco Villa, son los dos héroes populares de la Revolución que calaron más hondo en el sentir del pueblo mexicano y hoy pese a los cien años trascurridos desde el inicio del proceso revolucionario siguen vivos en el imaginario colectivo. Es aceptado afirmar que, si bien zapatistas y villistas perdieron militarmente, ganaron políticamente porque sus demandas en materia agraria y de reivindicación obrerista, inspiradas en el magonismo, permearon en el articulado de la Constitución del 17.
La lucha por la tierra de Zapata que buscaba recuperar la propiedad de tierras y aguas otorgadas a las comunidades indígenas por la Corona Española, complementada por la petición de tierras de los rancheros del centro y el norte del país, quedó finalmente plasmada en el texto constitucional, teniendo como antecedentes la ley agraria elaborada por Luis Cabrera para el bando del carrancismo y que es la que se celebra cada 15 de enero y la expedida por el villismo para el bando convencionista. A su vez la ley reglamentaria, esto es la Ley Federal de Reforma Agraria, marcó un hito histórico y significó una revolución jurídica.
Baste recordar que se afectó la tradición jurídica del derecho de propiedad, al establecer la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas y le otorgó al Estado la potestad de establecer las modalidades convenientes a la propiedad privada, lo que hoy a distancia no suena tan irracional pero que, en su momento, significó una gran convulsión social y le provocó al país grandes presiones internacionales, principalmente de Estados Unidos e Inglaterra, cuyos nacionales detentadores de concesiones petroleras y propietarios de grandes latifundios invocaron la protección de sus gobiernos.
La legislación agraria reglamentaria de la reforma constitucional contempló, así, la restitución de tierras para las comunidades indígenas y la dotación de tierras para los peones explotados casi como esclavos por los hacendados y para los rancheros ferozmente individualistas del norte del México. Habrá que tener presente que en ese entonces México era un país eminentemente rural y que sólo éramos alrededor de 15 millones de mexicanos.
En los primeros años de la posrrevolución el reparto agrario se pospuso en aras de recuperar la producción de las unidades de producción más factibles de reactivar, esto es, las haciendas, pero en la década de los treinta el cardenismo lo impulsó y se convirtió en la base de un modelo de desarrollo sustentado en un sector primario fuerte, agroexportador, y que con sus excedentes económicos permitió el proceso de industrialización bajo el esquema de sustitución de exportaciones.
Hoy existen corrientes que pretenden desconocer ese proceso histórico en el cual la reforma agraria permitió la configuración actual del México de nuestros días, y pretenden destruir ejidos y comunidades, cuando lo que se requiere es adecuar las condiciones de producción e insertarlos al nuevo esquema económico. Por décadas la producción agrícola, el desarrollo agropecuario (en su sentido amplio) y la explotación forestal garantizaron la autosuficiencia alimentaria y permitieron un crecimiento promedio anual del 7% del país.
Lo anterior conviene recordarlo con motivo de la rememoración de la gesta heroica de Zapata, que a pesar de sus detractores es un mexicano universal y junto con Villa es de los pocos mexicanos que las nuevas generaciones saben quién es y además se identifican con él.