Legado que se pretende desaparecer

 

 

La clase obrera, dividida y dispersa como está,

será siempre víctima de la explotación.

Lázaro Cárdenas del Río

 

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera

Inmerso en el espíritu obrerista que consolidó la expropiación petrolera de 1938, el primero de mayo de ese año, el presidente Lázaro Cárdenas otorgó la administración de los Ferrocarriles Nacionales de México a los trabajadores de esa empresa, expropiada un año antes.

Apegándose a los preceptos constitucionales, el general Cárdenas tomó firmes decisiones a favor de la soberanía, así como de los justos derechos laborales esgrimidos por los ferrocarrileros en 1936, a cuyas justas demandas los empresarios yanquis sistemáticamente se opusieron.

Ante tan soberbia actitud, el gobierno de la república inició el proceso de expropiación de la empresa ferrocarrilera considerando que tal sistema de comunicaciones es factor de la más alta importancia para el progreso económico y social de un país, al tiempo de señalar su prioridad para la seguridad nacional.

Sendos argumentos dieron sustento al decreto de expropiación emitido el 23 de junio de 1937, al que le siguió el de creación del Departamento de Ferrocarriles Nacionales de México, publicado el 30 de junio de ese año en el Diario Oficial de la Federación.

La cizaña sembrada por los desplazados empresarios extranjeros entre algunos de sus adeptos llevó al presidente Cárdenas y a su secretario de Comunicaciones y Transportes, el general Francisco J. Múgica, a proponer la iniciativa de ley por la que se crea la Administración Nacional Obrera de los Ferrocarriles Nacionales de México, sometida a consideración del Congreso de la Unión el 15 de abril de 1938, aprobada por unanimidad por los diputados el 18 de ese mes —justo a un mes de la expropiación petrolera— y por el Senado de la República el día 22, acordando ambas Cámaras obsequiar la propuesta presidencial de que su entrada en vigor correspondiera a un aniversario más de los Mártires de Chicago, es decir el 1 de mayo.

La impronta de esta acción del cardenismo rubrica el espíritu obrerista que nutrió las principales acciones que muestran las cualidades de estadista del divisionario michoacano, cuyo legado hoy se pretende desaparecer a fin de agradar a un empresariado trasnacional, antagónico a la justicia social, a quienes en su época Cárdenas retó a entregar sus fábricas y empresas al gobierno y a la clase obrera mexicana, ante su amenaza de paro nacional como medida de presión a la política obrera del gobierno que encabezaba.

Hoy, a setenta y cinco años de la histórica decisión que elevó a rango de ley la administración obrera —en la empresa descentralizada Ferrocarriles Nacionales de México—, es lamentable constatar el desmantelamiento de nuestra red ferroviaria por los gobiernos neoliberales y la desarticulación de los ferrocarrileros por una caterva de corruptos e impresentables líderes sindicales, que amparados en fueros legislativos impunemente disfrutan de la desaparición de la empresa que el cardenismo confió a los trabajadores.

En aras de esa modernidad —que esconde tras de sí la integración subordinada hacia intereses ajenos a los preceptos de la Revolución Mexicana—, la nación que defendió con constancia y trabajo los procesos expropiatorios de 1937 y 1938 a favor de nuestras generaciones se ve traicionada por la grey neoliberal que subasta la nación al mejor postor.

Nunca como hoy la advertencia del general Cárdenas adquiere tanta vigencia, pues como lo demuestra la dividida y dispersa clase trabajadora, hoy más que nunca es víctima de la explotación, cuyo lucro sólo beneficia  a los herederos de aquellos turbios intereses a los que Cárdenas plantó la dignidad obrera en pos de nuestra soberanía nacional.