Necesitamos mirar críticamente nuestro aparato judicial
En solidaridad con el Dr. Jorge Witker,
brillante investigador de la UNAM
y jurista de talla internacional.
Raúl Jiménez Vázquez
A raíz de la emisión de diversos fallos en los que sin rubor alguno se ha brindado indebida protección jurídica a poderosas empresas, como Grupo Clarín, propietaria del influyente diario del mismo nombre, y debido también a los vericuetos de la acusación desplegada contra jueces solapadores de la perpetración de crímenes de lesa humanidad, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, arribó a la conclusión de que fue un craso error no haber sometido el aparato judicial al proceso de transición democrática que siguió al derrumbe de la dictadura, por lo que muchos de sus integrantes continúan aferrados a anacronismos y entendimientos con los poderes fácticos.
Esta posición está nítidamente registrada dentro de las declaraciones por ella hecha tras conocer los alcances de la sentencia que permitió a Grupo Clarín seguir utilizando sus poderes monopólicos en contra de las expresas prohibiciones de la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales: “La justicia tiene sectores aristocratizantes que se manejan como un gueto. Han quedado en el sistema judicial personas, jueces y abogados que son representantes de las corporaciones”.
Tal convicción la llevó al diseño de una reforma legislativa de muy hondo calado cuyo objetivo superior es la democratización de la justicia y la rendición de cuentas por parte de los juzgadores. La mandataria del país austral ha puesto el dedo en la llaga: para garantizar la autonomía e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales y asegurar la instalación de un sistema de justicia legítima, congruente con una democratización real, es preciso hacer frente y desmontar los feudos, nichos de poder y esquemas de complicidades imperantes dentro de las estructuras judiciales.
El proceso penal por genocidio y crímenes de lesa humanidad incoado hace unas semanas contra el exmandatorio de facto de Guatemala Efraín Ríos Montt es reflejo fiel de dicha patología jurídica y política. A escasos días de la emisión de la sentencia y apelando a una resolución dictada por la Corte de Constitucionalidad, sorpresivamente una magistrada anuló todo lo actuado, hecho que llevó a un eufórico grupo de milicianos a proclamar públicamente “Al fin terminó el circo”. La jueza encargada de la causa penal consideró que tal determinación era absolutamente irregular ya que no correspondía a lo estipulado por los ministros constitucionales y por tanto anuló el veredicto anulatorio. Así pues, el histórico juicio quedó inmerso en un estado de absoluta incertidumbre.
Noticias provenientes del vecino del sur hacen evidente que la inverosímil actitud asumida por la magistrada no fue casual, sino es el fruto de la tremenda presión ejercida por un sólido bloque derechista conformado por exmilitares adictos al procesado, organismos cúpula del sector empresarial y propietarios de los medios de comunicación; todos ellos, además, responsables de la puesta en marcha de una estrategia de manipulación de la opinión pública tendente al descarrilamiento del proceso criminal, la polarización de la sociedad, la descalificación de las víctimas y el esbozo de una posible ruptura de los acuerdos de paz firmados el 29 de diciembre de 1996.
A este respecto, el asesor especial del secretario general de la ONU sobre la prevención del genocidio, afirmó: “Cualquier intento de interferencia, obstrucción de la justicia o manipulación de la ley socavaría gravemente la credibilidad del sistema judicial en Guatemala, país latinoamericano que debe servir de ejemplo para otros que han fallado a la hora de enjuiciar a acusados de violar los derechos humanos”. A su vez, el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró: “El juicio contra Ríos Montt es histórico no sólo para Guatemala, sino para la comunidad internacional, pues es el primer expresidente juzgado por genocidio”. Afortunadamente se impuso la razón y la causa criminal fue reanudada.
Los avatares por los que está atravesando la justicia legítima en Argentina y Guatemala ponen en perspectiva la necesidad de acentuar la mirada crítica sobre nuestro aparato judicial. Los pronunciamientos emitidos en asuntos trascendentales como la masacre de Tlatelolco, la matanza del 10 de junio de 1971, el anatocismo, la guardería ABC, la liquidación de Luz y Fuerza, así como la trivialización de un instrumento básico para la defensa efectiva de los derechos humanos, el control de convencionalidad ex officio, hecha por los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, testimonian que, por desgracia, aquí también se cuecen habas.