Jesús Silva Herzog, exsecretario de Hacienda, dice en alguno de sus escritos: “En la actualidad, alrededor del 85% de los recursos bancarios se encuentran en poder de extranjeros, lo que contribuye a uno de los más serios errores históricos. De los 15 países más importantes del mundo, México es el único que ha permitido el traslado de la propiedad de la banca a manos extranjeras. Hoy las decisiones importantes en la materia se toman fuera del país…”

El economista recurre a una metáfora para agregar que “los bancos son el corazón que bombea la economía hacia las arterias” y que, al entregar el sistema de pagos a extranjeros, las decisiones para otorgar o no créditos se toman desde el exterior.

Enrique Peña Nieto recibió una banca extranjerizada. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo se eliminaron todas las restricciones legales para que bancos extranjeros adquirieran bancos nacionales; y, posteriormente, Vicente Fox otorgó todo tipo de facilidades fiscales para que Banamex, el banco más grande del país, fuera adquirido por Citigroup.

México, con excepción de Banorte e Ixe, no tiene banca. BBVA y Santander responden a los intereses de España; HSBC a los de Japón y Estados Unidos; Scotiabank a Canadá; Banamex también a Estados Unidos. Todos ellos —de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria— pagaron en conjunto 167 mil 721 millones de pesos a sus correspondientes centrales. Es decir, entregaron a sus respectivos países el 50% de las ganancias obtenidas en México.

Para decirlo fácil y pronto, el presidente de la república va a tener que hacer milagros para que esa banca —que no es nuestra, que responde a intereses externos, históricamente especulativa y sin sensibilidad social— impulse el crecimiento económico del país.

Al presentar la reforma financiera, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el mismo Peña Nieto insistieron en que el principal objetivo de la iniciativa es que la banca —tanto la privada como la de desarrollo— “presten más y más barato”.

Evidentemente, el gobierno federal busca que el Congreso apruebe una nueva ley bancaria que, como en 1941, se convierta en un motor estratégico del crecimiento industrial, de la vivienda, de la pequeña y mediana empresa, de la clase media seriamente golpeada por las crisis recurrentes.

Sin embargo, se vuelve inevitable la pregunta: ¿quién puede garantizar que esa banca, cuyos dueños y patrones no son mexicanos, fundamentalmente leales a organismos financieros trasnacionales, obedezca las nuevas disposiciones en materia de crédito selectivo para que los préstamos vayan dirigidos a sectores que interesan al país?

Sin duda, el mayor reto que tiene este gobierno es el de mexicanizar la banca. Ojo, lo que no significa estatizar, sino promover que banqueros y empresarios nacionales vuelvan a tener una fuerte presencia en el sistema financiero del país. Tal vez a ésos se refería el titular del Ejecutivo federal cuando habló de la importancia que tendrá la competencia en el otorgamiento de un crédito más barato.

Decir que la banca extranjera en México es mala, cara y usurera —como lo mencionó el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano— no es producto de una actitud chauvinista sino absolutamente objetiva.

Se trata de una banca feudal que maltrata al cliente nacional, aun y cuando obtiene de él impresionantes ganancias, las cuales terminan beneficiando a otros países. Banca tirana que cobra al usuario mexicano los precios por servicio más altos del planeta y que no se atreve a aplicar en su casa matriz.

Es imposible en un contexto globalizador y de liberalización económica que la banca nacional vuelva a ser dueña absoluta del sistema de pagos, sin embargo, el Estado tendrá que mexicanizar el 50% del sistema financiero para poder tener el control del crecimiento.