Entrevista a Samuel González/Experto en materia de seguridad
Moisés Castillo
La Operación Limpieza resultó un cochinero. El plan anticorrupción de Felipe Calderón que arrancó en 2008 resultó un fiasco. Uno de los peces gordos que presumió la administración calderonista fue Noé Rodríguez Mandujano, extitular de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR). Se le acusó de recibir 450 mil dólares mensuales por entregar información oficial a los Beltrán Leyva.
En dicha operación relámpago también fueron detenidos el comisionado de la Policía Federal, Víctor Garay, y el exdirector de la Policía Internacional en México, Rodolfo de la Guardia, quienes al igual que el exzar antidrogas fueron absueltos y liberados por fabricación de pruebas.
El abuso de testigos protegidos y la carencia de investigaciones puntuales provocaron no sólo un grave daño moral a los exfuncionarios sino a las mismas instituciones que se encargan de procurar justicia en el país.
A esos casos se suman el del general Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecretario de la Defensa Nacional, y también el llamado michoacanazo, en el que 35 funcionarios de ese estado señalados por el testigo colaborador Jennifer fueron absueltos.
El mismísimo Roberto López, Jennifer —ligado a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie— también declaró contra Javier Herrera Valles, excoordinador regional de la Policía Federal, igualmente absuelto de presuntamente recibir dinero del cártel de Sinaloa a cambio de protección.
Recién lanzada la Operación Limpieza, el presidente Felipe Calderón afirmó que los grupos del narcotráfico habían infiltrado instituciones como la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que tenía el firme compromiso de luchar contra este flagelo.
“Este esfuerzo de depuración y de limpieza —dijo entonces—corresponde precisamente a nuestro propósito, voluntad y compromiso de entregarle a los mexicanos instituciones de procuración de justicia y de seguridad que estén limpias y comprometidas con el interés nacional y no con ningún otro.”
En un hecho inédito, el juez Mauricio Fernández de la Mora, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, absolvió del delito de delincuencia organizada a Noé Rodríguez Mandujano, ya que el Ministerio Público de la Federación no logró aportar las pruebas que demostraran la responsabilidad del extitular de la SIEDO de tener nexos con los Beltrán Leyva.
Lecciones
El juez determinó que las declaraciones de Jennifer fueron falsas.
“En relación con el principal testigo colaborador —dijo el juez— con nombre clave Jennifer, se demostró que se condujo con falta de probidad, pues se evidenció que éste mintió al rendir sus declaraciones. También se advirtió que otros testigos colaboradores no hicieron imputación directa en contra del acusado Noé Ramírez Mandujano, y otras declaraciones de testigos se obtuvieron de manera ilegal.”
Hace un par de semanas, salió libre el exsubprocurador y aseveró que Calderón engañó a la sociedad mexicana. En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su liberación es una lección para que la PGR presente pruebas sólidas tras imputaciones a ciudadanos o funcionarios.
“En este caso y en todos estos casos —dijo Peña Nieto— dejan lección muy clara y lo que debemos hacer es profesionalizar, capacitar, preparar a las fiscalías, a los ministerios públicos, a las policías investigadoras. Que den el soporte debido y suficiente para respaldar cualquier acusación que se tenga contra cualquiera que eventualmente esté presumiblemente señalado de participar en la comisión de un delito.”
A su vez, el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que debe haber una investigación sobre los responsables de las detenciones arbitrarias.
Dijo el legislador: “Resulta triste enterarnos de que varios ciudadanos fueron sujetos de abuso por parte de la Procuraduría en el pasado, a quienes se les inventaron delitos que no cometieron, les presentaron testigos que no existieron y que después de haberlos privado de la libertad, éstos la obtengan y no exista castigo para quienes abusaron del poder.”
Daño a personas e instituciones
Para Samuel González, experto en materia de seguridad, el sistema de justicia en el pasado sexenio quedó en entredicho tras las pifias de la Operación Limpieza.
“Desde luego que el sistema de justicia en México —dijo— está en duda con estos casos y otros que conozco, por eso tenemos que reformarlo para cumplir lo que dice la Constitución y la ley como materia de justicia penal en materia de derechos humanos”.
¿El gobierno de Felipe Calderón “torció” la ley en la guerra antinarco?
Es un asunto peor, porque no tiene nada que ver con la lucha contra el narcotráfico. Es un asunto del uso político de la justicia. La justicia fue utilizada con fines políticos, es una tragedia porque la actuación de los activos del expresidente, tanto Genaro García Luna, en Seguridad Pública, como Marisela Morales, en la PGR, le hicieron un daño gravísimo a la lucha contra la delincuencia. Si una persona abusa de las figuras institucionales como el arraigo y los testigos protegidos fabricados, como dice la sentencia del juez Mauricio Fernández, quien ordenó la libertad de Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador Especializado en Investigación contra la Delincuencia Organizada. El daño que resienten las instituciones es gravísimo, no sólo en el caso del exsubprocurador sino también el del general Tomás Ángeles. La lucha misma contra la delincuencia organizada ha quedado opacada. El abuso del arraigo y de los testigos protegidos con fines políticos tiene un elemento terrible que daña a estas instituciones.
¿Se confirma que Calderón lanzó una guerra innecesaria?
Independientemente de que no estaba preparado para esta guerra, lo que nunca se debió haber hecho es usar testigos protegidos para fabricar delitos y asuntos. El caso del general Ángeles es un caso verdaderamente terrible porque es un funcionario ejemplar que trabajó muchos años dentro del gobierno y que por una razón política fue detenido y acusado de nexos con el narco. Después no pudieron acreditar absolutamente nada. Siempre es importante primero investigar y después ir contra quien sea responsable de los delitos, caiga quien caiga. En el caso del general Ángeles lo que hicieron fue detener sin ninguna prueba, luego arraigar y posteriormente ya vimos el resultado terrible. En el caso de Ramírez Mandujano, pues el asunto es más dramático porque estuvo cuatro años en prisión sin poderse defender.
Pero era el “gran logro” de Calderón…
Siempre lo dije, que era una operación absolutamente criticable, donde no había pruebas y las pruebas estaban tergiversadas y fabricadas. Lo que hizo el juez es reconocer lo que algunos sabían y lanzar una sentencia judicial que comprueba desafortunadamente el hecho de que la justicia fue utilizada de manera política. También hay que destacar que en este caso la justicia norteamericana manipuló también a los testigos y éste es un dato muy grave para quienes creen que la justicia norteamericana tiene un estatus mucho mejor. Esa manipulación fue evidente por parte de las agencias estadounidenses, ninguna información de ellos fue verificada.
Frenar abusos
¿Qué cambios se deben aplicar en figuras como el arraigo y testigos protegidos?
Lo primero que se requiere para que el sistema de justicia funcione es tener un procurador consciente, que sepa lo que está haciendo. La gran tragedia es que en el caso de Noé, aparte de abusarse del arraigo, fue privado de su libertad por el sistema de justicia con pruebas falsas, y no había manera de generar un proceso justo. Todas las instituciones pueden ser mal utilizadas, la retención por parte del ministerio público, el arraigo, la orden de aprehensión, el auto de formal prisión y hasta las sentencias pueden ser contrarias a los derechos humanos. La Constitución exige que se cumplan los tratados internacionales. Por ejemplo, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es muy claro: nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. En su párrafo tercero: nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
De lo que se trata es que haya mecanismos que frenen estos abusos. Cuando el abuso se comete desde el poder por el poder mismo, como en estos casos, es muy difícil que cualquier institución funcione. Si el gobierno anterior no hubiera tenido a los testigos protegidos hubiera utilizado y exhibido a las personas con drogas o armas. Si no hay una manera, hay otra, lo que se trata es fabricar delitos y hay mil maneras para hacerlo. El poder absoluto genera corrupción absoluta, y por eso es importante el control de las instituciones.
¿Jesús Murillo Karam puede reestructurar la PGR?
Nosotros tenemos esperanza, ha demostrado que así lo está haciendo. No sólo con el respeto a las instituciones judiciales como el asunto de Ramírez Mandujano, pero también activamente con el asunto del general Ángeles y de algunas otras personas en la que se ha dado muestra de que sí hay una voluntad de querer cambiar las cosas.
¿Tendrán que dar explicaciones los exprocuradores Marisela Morales y Eduardo Medina Mora?
Eso ya lo determinarán las propias investigaciones para deslindar responsabilidades y se aclararán las cosas. Se verá quiénes son los responsables de estos casos lamentables.
¿Peña Nieto está dando señales claras de un cambio en la estrategia antinarco?
Desde luego, a mí no me cabe la menor duda de que están haciendo un plan distinto y que estamos viendo en este cambio de actitud estos casos, análisis; busca generar equilibrios en el ejercicio de la aplicación de la justicia.