Crisis postelectoral en Venezuela
Alonso Ruiz Belmont
La crisis política desatada en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril simboliza la división del movimiento chavista y la imposibilidad de su actual líder, Nicolás Maduro, para lograr ostentarse como el legítimo continuador de la herencia ideológica y social que dejó el desaparecido comandante Hugo Chávez. Maduro se alzó como vencedor de los pasados comicios con una ventaja de apenas 273 mil votos ante el líder opositor Henrique Capriles Radonski. Capriles y sus simpatizantes han denunciado que el día de los comicios se registraron importantes y numerosas irregularidades como amenazas hacia los votantes y los representantes de la oposición, coacción al voto en zonas urbanas y rurales, así como el uso de recursos del Estado para movilizar a los votantes chavistas.
Otro factor a destacar durante el desarrollo de las recientes campañas ha sido la ausencia de mecanismos institucionales efectivos que pudiesen garantizar la equidad y limpieza del proceso electoral, particularmente en la cobertura televisiva de los medios de comunicación. Lo anterior es un desafortunado legado político que dejó el régimen de Hugo Chávez. A su vez, el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano encargado de la organización de los comicios en aquel país, se halla claramente vinculado a las estructuras del oficialismo.
Maduro tomó posesión de su cargo el día 19 de este mes, ante las acusaciones de fraude provenientes de la oposición y la exigencia de Capriles de que se realizara un recuento de votos y de las actas electorales en la totalidad de las mesas de votación. La respuesta del gobierno ha consistido en impedir la libre manifestación de los opositores, el uso de la palabra en el Congreso a los diputados opositores que se negasen a aceptar la victoria de Maduro y amenazar con destituir a Capriles como gobernador del estado de Miranda, e incluso con arrestarlo, si prosiguen las impugnaciones de la oposición.
Si bien, el CNE aceptó tardíamente realizar un recuento parcial de los votos, Capriles expresó su negativa argumentando que el recuento ofrecido por el CNE no incluía aspectos imprescindibles como el acceso a los reportes de desempeño de las máquinas de registro de huellas dactilares de los votantes ni la revisión de los cuadernos de votación. El 25 de abril el candidato opositor expresó públicamente su convencimiento de que Maduro se había robado la elección. Al día siguiente, anunció su decisión de impugnar los comicios ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.
La ola de protestas callejeras han dejado hasta ahora un saldo oficial de nueve muertos y 78 heridos, ello refleja la completa polarización de la sociedad venezolana, en la que oposición y gobierno no están dispuestos al reconocimiento político mutuo ni existen, entre ambos, canales de comunicación que posibiliten un diálogo. Tanto el gobierno como la oposición enfrentan un reto mayúsculo que implica manejar una economía que se halla en recesión y padece alta inflación, un elevado déficit fiscal, incremento de la deuda pública, escasez de alimentos, alta dependencia de las exportaciones petroleras y falta de divisas.