Entrevista a Erubiel Tirado/Investigador asociado del RUSI

Moisés Castillo

Dicen que muchas veces es más fácil estar conformes que comprender. Y en el caso del general Tomás Ángeles Dauahare pareciera que es mejor callar y dejar que el tiempo se encargue de enterrar un asunto que deja abiertas muchas interrogantes. Una de ellas: ¿por qué la Secretaría de la Defensa Nacional no se ha pronunciado puntualmente tras la liberación del exsubsecretario de la Defensa? ¿Cuál es su postura ante las acusaciones de que militares recurrieron a la tortura para incriminar al general? ¿Y el exsecretario Guillermo Galván Galván?

En las últimas semanas han circulado versiones que apuntan a una historia de traiciones y venganzas en el interior del Ejército. En Milenio se afirmó que Balbina Ortega —quien trabajó con el general cuando fue titular del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas— avisó a Ángeles Dauahare días antes de ser detenido “que querían acabarle la vida por órdenes” de Guillermo Galván Galván.

De hecho, la hermana del abogado José Gerardo Ortega Maya, yerno del exsecretario de Marina Luis Carlos Ruano Angulo, interpuso una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos al asegurar que Ortega Maya fue torturado para que declarara contra Ángeles Dauahare y vincularlo con el crimen organizado.

Además, en la emisión de noticias MVS con Carmen Aristegui se detalló que el general Rubén Pérez Ramírez —quien continúa preso en un penal de máxima seguridad del Altiplano— dijo en su declaración que el general Galván Galván llevó a cabo todo un plan para inculpar al general Dauahare, en el que incluyó a miembros del Estado Mayor Presidencial, la PGR y de la Unidad de Delitos contra Salud.

“El jefe me dijo que lo pensara bien, que no me quería perjudicar porque además la persona que le interesaba era el general Dawe y otro general. Y otras personas que tenían que ver con el asunto o estaban muertas o en la cárcel”, señaló en su declaración.

Según el reporte, el Estado Mayor de la Sedena, que a fines del sexenio pasado estuvo a cargo del general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, uno de los contendientes a secretario de la Defensa, lo requirió en tres ocasiones para presentarse a declarar ante la PGR y en todas las ocasiones le pidieron firmar testimonios falsos.

Torturaron a testigos

El general retirado Tomás Ángeles Dauhare, detenido por presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, ya había denunciado en julio de 2012 que uno de los testigos que lo inculpó fue torturado para acusarlo falsamente.

Tras su liberación, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, aseguró que en el caso del general Tomás Ángeles Dauahare se cometieron “excesos institucionales” que no tienen justificación.

“Se trata de una de esas prácticas que tenemos que vencer para evitar que inocentes estén en prisión. No se puede seguir permitiendo que la impartición de justicia le siga dando veracidad a las declaraciones de delincuentes que deciden cooperar y están dispuestos a declarar lo que sea y en contra de quien sea, y a la postre sólo ocasiona problemas como el que hoy se vive con el general.”

Luego de que la PGR decidiera no presentar conclusiones acusatorias en contra del general, su titular Jesús Murillo Karam sostuvo que se iniciará una investigación en contra de Roberto López Nájera, testigo protegido con la clave Jennifer, cuyos testimonios fueron utilizados para encarcelar a exfuncionarios y militares que han ido obteniendo su libertad.

La misma PGR informó que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón destinaron al programa de testigos colaboradores o protegidos 178 millones 261 mil 493 pesos, por lo que algunos especialistas y legisladores han manifestado su preocupación por el abuso excesivo de esta figura para la lucha antinarco.

Dauahare criticó la lucha antinarco

Hace un año, en un foro organizado por la Fundación Colosio, el general Tomás Ángeles Dauahare criticó la guerra antinarco de Felipe Calderón y lamentó que no se tuviera una estrategia en materia de seguridad nacional. Recordó que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam en las calles de sus ciudades, no en los arrozales del país asiático.

“Allá estaba la fuerza. Y nosotros lo que estamos haciendo en México es combatir al enemigo en su fuerza. Nos estamos desgastando ambos y la decisión tarda mucho tiempo en obtenerse… No tenemos un apropiado marco de referencia sobre seguridad nacional. No tenemos una base de partida. Creo que habría que empezar por ahí.”

Para Erubiel Tirado, investigador asociado del Royal United Services Institute for Defence & Security Studies de Londres (RUSI), la imagen del Ejército no queda deteriorada pero sí exhibe su penetración en las instituciones de seguridad como la PGR.

“Es bastante grave lo que ha pasado, porque se evidenció que hay un déficit en nuestro tratamiento institucional y legal con respecto a nuestras fuerzas armadas que se siguen comportando de manera autónoma en varios aspectos del sistema político mexicano. Y la crisis de seguridad que tenemos en el país les ha dado relevancia e influencia en instituciones como la PGR.”

¿Cómo queda el Ejército tras este polémico caso? ¿Perderá confianza y credibilidad?

Los militares en este país pueden estar tranquilos. Hay una arraigo de aprecio social bastante fuerte respecto de las fuerzas armadas y esto se debe a que tenemos una sociedad con vena autoritaria. Nos gusta que las cosas se hagan de cualquier manera, no somos muy proclives a ser respetuosos de la ley. Además contribuye una tradición histórica de formación cívica y de aprecio que se deriva de verlos en las calles en momentos de contingencias o desastres naturales.

 

¿Usted  ve un complot de militares desde la PGR contra el general Ángeles?

Hay que suscribirnos a los hechos. Las acusaciones y la manera en que se le instrumentó el proceso judicial al general tiene bastantes deficiencias. La ausencia del debido proceso legal no deja otra interpretación de que fue un caso de falta de eficacia de procuración de justicia, es un asunto endémico en nuestro sistema de justicia. Además, debido al asunto que se trataba y por quien se trataba, el no cubrir el mínimo de garantías procesales, la única interpretación que queda al ciudadano común es que fue un asunto donde se utilizó a la PGR como un instrumento político y de represión personalizada. En nuestro país no es una práctica excepcional o algo que debamos esperar que no ocurra. Los titulares de la PGR han funcionado como los abogados y los instrumentos represivos legales del Estado.

Se desvirtuó la procuración de justicia

¿Tiene lógica esta penetración de militares en la PGR?

Ése es otro asunto que nos debería llevar a una reflexión más amplia y de análisis. Desde hace más de 15 años las instituciones de seguridad y de procuración de justicia están dominadas por militares. Es falso decir que los militares en este esquema de seguridad apenas incursionaron hace seis años, eso no es cierto. Este asunto del general Ángeles sirve para ilustrar la penetración de los componentes militares, ya sean marinos o de la Sedena, en las estructuras de seguridad pública y procuración de justicia, no sólo a nivel federal sino estatal. Hay algo que olvidamos: orgánicamente y legalmente los militares no dejan de serlo por estar desempeñando funciones en el aparato civil. Esta lealtad y subordinación incondicional en todo momento y lugar sobre el cuerpo castrense mexicano nos lleva a la deformaciones que, según las versiones que han trascendido, hacen desvirtuar la eficiencia de la procuración de justicia. ¿Si eso debiera ser investigado por la autoridad?, por supuesto. Creo que eso está definido en la ley, no tenemos que cuestionarlo. Que no lo haga la autoridad es otra cosa.

¿Cómo interpretar el silencio de la Sedena ante este caso espinoso?

Como institución debería plantearse una rendición de cuentas que deslinde en términos formales a aquellos mandos superiores involucrados en lo que se ha llamado “el complot contra el general Ángeles”. Pero iría más allá. La institución también debiera introducirse en un ámbito de revisión sobre la manera en que funciona cuando colaboran en el ámbito civil de la seguridad pública y la procuración de justicia. Desde el Ejecutivo se tendrá que informar también.

 

Se dice que Galván Galván lo sacó de la “jugada” para que no alcanzara la Secretaría de la Defensa Nacional…

Evidentemente es parte de un comportamiento político dentro de la institución castrense que no debiera ser tan evidente y se han debilitado tanto los controles civiles en términos formales y políticos sobre la figura militar que las pugnas al interior de las Fuerzas Armadas trascienden, como en el caso del general Ángeles. Desde ese punto de vista, hay una lectura clara de que hay una acción en contra de un miembro destacado del ejército que en el servicio de sus derechos ciudadanos tuvo una posición política que contrastaba con la del sexenio pasado. Eso es lo que tenemos que revisar.

¿Cuáles son los retos del procurador Jesús Murillo Karam?

Este caso nos ilustra varias maneras en las que se concibió y se operó la funcionalidad de la procuración de justicia en diversos ámbitos públicos en los dos sexenios panistas. Hay que destacar este reconocimiento público del procurador actual de que ha habido un abuso de las figuras de los testigos protegidos y el arraigo. Y en este caso todo apunta a que fue un episodio de corte político para lograr efectos mediáticos. No sólo estamos frente a un asunto de testigos protegidos y sus acusaciones de oídas por las cuales se ha metido a mucha gente inocente a la cárcel, sino también si queda impune o no este asunto. Se debe actuar en consecuencia. Sobre todo porque hay señalamientos muy concretos de violaciones a los derechos humanos.