Redacción, 15 may (EFE).- Con un rostro impávido, Efraín Ríos Montt escucha la sentencia: 80 años de cárcel (50 por genocidio y 30 por crímenes de lesa humanidad). Guatemala, un país centroamericano de espectacular belleza y profundas desigualdades sociales, recibe la condena bastante dividida. Durante el gobierno del exgeneral, más de 1770 indígenas mayas ixiles fueron masacrados.

Por una parte, un grupo de empresarios guatemaltecos provocaron división en la sociedad guatemalteca al pedir que la condena de 80 años de cárcel contra el ex dictador Ríos Montt sea cancelada. Por otra, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala podría resolver en estos días varios recursos planteados por la defensa del ex dictador, que piden anular la condena a 80 años de prisión dictada en su contra por un tribunal el viernes pasado.

De camino a la imponente cordillera de los Cuchumatanes, al norte del Departamento de Quiché, en Guatemala, la neblina le confiere un ambiente tenebroso a la zona. Un aire gélido que contrasta con la impresionante belleza del conocido con el término militar de “Triángulo Ixil”, formado por los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul.

Hace seis años sus habitantes le hablaban con temor y recelo al extranjero. Hoy, esa desconfianza no debe de haber cambiado. Mecanismos de defensa. No es difícil imaginar, en el marco de unas operaciones contra los insurgentes, hace más de 30 años, la aplicación de la política de “tierra arrasada”, con las Patrullas de Autodefensa Civil, controladas por los escuadrones de la muerte, sobre poblaciones indígenas del norte y noroeste del país. Su pecado: un supuesto apoyo a la guerrilla.

Un informe de las Naciones Unidas fechado en 1999 y presentado por la Fiscalía en el juicio contra Efraín Ríos Montt, recogió 626 masacres y concluyó que hubo actos de genocidio.

LA ANIQUILACIÓN DE UNA ETNIA.

Según el Derecho Internacional, el genocidio “comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; estos actos comprenden la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

El Triángulo Ixil fue el escenario principal de una de las masacres más brutales. Se convirtió en el centro disputado por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y el Ejército de Guatemala. Las ofensivas militares dejaron miles de personas torturadas, violaciones masivas (incluidas menores de edad) y cientos de desplazados.

En el periodo comprendido entre marzo de 1982 y agosto de 1983, se cometieron las mayores matanzas por parte de los militares. Esta fue la época más violenta de los 36 años que duró el conflicto armado y que dejó un saldo de más de 200.000 personas desaparecidas. Durante el juicio, los supervivientes narraron lo sucedido: 1771 indígenas ixiles fueron asesinados. El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, de ciudad de Guatemala, estableció que el 5,5 por ciento del pueblo ixil resultó muerto por el Ejército.

El entonces general Efraín Ríos Montt (hoy de 86 años) gobernaba el pequeño país centroamericano y Mauricio Rodríguez Sánchez era su jefe de Inteligencia militar. La intención era clara: aniquilar y exterminar al pueblo ixil. Así lo sentenció el tribunal antes de condenarle a 80 años de prisión inconmutables por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Además, determinaron que Ríos Montt aprobó la aplicación de los planes militares contrainsurgentes ‘Victoria 82’, ‘Firmeza 83’ y ‘Sofía’ que eran secretos. Rodríguez Sánchez fue absuelto porque el tribunal consideró que el cargo que ocupó durante el período en cuestión no tuvo injerencia “en el campo de operaciones”.

TESTIMONIOS DESGARRADORES.

Amparados por traductores judiciales y vestidos con los güipiles y los trajes tradicionales, los testigos recordaron los asesinatos de sus familiares, las torturas, las violaciones de madres e hijas, los robos y la quema de sus hogares con hombres y niños dentro.

En total, más de cien personas declararon ante la jueza Yassmin Barrios. La mayoría eran mujeres de esa etnia. La relación de los hechos ha sido confirmada por 61 peritos, abogados y observadores internacionales de varios organismos.

La sentencia sienta un precedente. “Guatemala se constituye en el primer país latinoamericano que aplica el crimen de genocidio con relación al rol de la clase política dominante en el contexto del conflicto armado”, explica David Martínez Amador, profesor de etnografía del crimen organizado.

De hecho, se introduce una nueva variable en los libros de historia guatemalteca y es la de “poder afirmar que la clase política militar elaboró planes sistemáticos, con pleno conocimiento de causa del grupo dirigente, con plena funcionalidad de la cadena de mando, que da para asegurar que no solamente hubo el deseo y la intención, si no la materialización de ´eliminar parcialmente´ a un grupo étnico, en particular por su membresía étnica”, añade el profesor en entrevista con Efe.

El experto establece una comparación numérica. “Los 1770 indígenas ixiles masacrados durante el gobierno de Ríos Montt fueron masacrados con conocimiento de causa del Estado guatemalteco. Esto significa, en proporción, que por cada mestizo muerto en el área del Triángulo Ixil murieron 8 indígenas. La estadística es congruente con la hipótesis del genocidio”.

Por otro lado, añade Martínez Amador, no solamente se juzgaba la participación del Estado sino también el acto de omisión, es decir, ninguno de los actores en el poder hizo nada para detener las masacres ordenadas.

SIENTA PRECEDENTE.

Y es que, siempre según el catedrático, “ninguno de los procesos similares en América Latina había conceptualizado desde esta posición, ni en Argentina, ni en Chile, ni en el Uruguay.

“No se trata únicamente de aceptar las grotescas acciones cometidas por ambos bandos en el conflicto”, asegura el experto, “si no de afirmar que el Estado de Guatemala dirigido a lo largo de la historia por guatemaltecos mestizos, utilizó los mecanismos de Estado durante un gobierno de militares mestizos, en complicidad con la élite económica de guatemaltecos “blancos” para eliminar directamente a grupos indígenas considerados históricamente, no solamente como ciudadanos de tercera, sino además como entornos “afines a la insurgencia”.

El juicio es histórico porque sucede en una Guatemala gobernada por un partido político compuesto en su mayoría por exmilitares (más de 150 exgenerales asesoran al Presidente actual, Otto Pérez Molina). Un presidente carismático y con buena planta que se formó en la famosa Escuela de las Américas, con “compañeros de estudios” tan siniestros como el dictador argentino Jorge Rafael Videla.

Martínez Amador considera que esta sentencia no solo establece el precedente legal sino que deja la puerta abierta a un posible juicio contra Pérez Molina, una vez pierda la inmunidad. ¿Por qué? “Por su participación como militar en el conflicto armado”, explica.

Para Marta Casaus, socióloga, politóloga y escritora guatemalteca, la sentencia es histórica “no solo para nuestro país sino para toda América Latina y para el derecho internacional, porque es la primera vez que se juzga a un exdictador en su país por genocidio y de acuerdo al derecho penal guatemalteco y no a las leyes internacionales”.

“NEGAR EL GENOCIDIO”.

Según la también catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid (España), “esto tuvo la ventaja de no contar con las presiones de otros estados para condenar a un estado como genocida, (como de hecho se ha impedido en otros juicios como Bosnia, Ruanda o Darfur), pero tuvo la enorme desventaja de contar con toda la oposición de las elites de poder, empresarios, militares, medios, clases medias e intelectuales, que se unieron para negar el genocidio, sobre todo porque podía “dañar la imagen del país” y porque no querían reconocer la serie de crímenes de lesa humanidad y el genocidio que tuvo lugar en Guatemala”.

En opinión de Casaus, la sentencia va a servir para sanar heridas, fortalecer la justicia y sentar las bases de un estado de derecho más sólido y con mayor legitimidad interna e internacional.

“Eso siempre es bueno para cualquier país del mundo y para Guatemala era algo imprescindible”, enfatiza a Efe.

LAS MEDIDAS APROBADAS.

Una vez entregado el resarcimiento moral, ese que asegura a las víctimas que “no tuvieron culpa de nada” y que les permitió curar sus mentes y sus corazones, se espera el resarcimiento material y simbólico como un monumento en honor a los muertos, un museo, etc.

Los 12 medidas “medidas reparadoras” aprobadas tras la sentencia por genocidio son:.

a) Que el Estado de Guatemala pida perdón al pueblo ixil, con una ceremonia en el palacio Nacional de la Cultura, así como en las cabeceras municipales de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul (el Triángulo Ixil), en Quiché.

b) Que entidades del Ejecutivo, como la Secretaría Presidencial de la Mujer, pidan perdón a las mujeres ixiles por la violencia sexual sufrida.

c) Que el 23 de marzo de cada año sea declarado por el Congreso como día nacional contra el genocidio.

d) Erigir un centro cultural para promover la recuperación de la memoria histórica.

e) Que se incluya el Derecho Internacional Humanitario en los programas educativos, para asegurar que hechos como este –genocidio- no se repitan nunca más.

f) Que el Ejecutivo ordene la construcción de un monumento en cada uno de los tres municipios (Chajul, Cotzal y Nebaj) en homenaje a las víctimas.

g) Que el Ejecutivo implemente más centros de estudio en esas tres poblaciones.

h) Que el Ejecutivo incluya en el Programa Nacional de Resarcimiento los temas de genocidio y delitos de lesa humanidad.

i) Que el Ejecutivo implemente a través de los medios de comunicación un programa de difusión de la sentencia en el caso de los dos generales del procesados penalmente.

j) Que el Ejecutivo cree un museo itinerante que promueva la identidad indígena para que episodios como el vivido en el Triángulo Ixil no se repitan.

k) La elaboración de un mural que reafirme el compromiso del Ministerio Público con las investigaciones que debe seguir realizando al respecto.

l) Que las máximas autoridades del Estado depositen un pergamino en las municipalidades de cada uno de esos tres municipios con aspectos relacionados a esta etapa de la historia.

VOCES DISCORDANTES.

Pero hay que mantenerse prudente. Ahora llegan los recursos, las apelaciones, estudiar si le corresponde al estado de Guatemala compensar a las víctimas y, sobre todo, asegurar que los recursos planteados por la defensa del exmilitar Ríos Montt y por los sectores más conservadores no dejen sin vinculación la sentencia ya emitida.

De hecho, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (CACIF) ya ha sugerido que se anule el proceso.

Sin duda, todo puede pasar en un país donde los entornos mestizos y la clase media urbana no celebra el juicio. El triunfo lo aplaude la izquierda intelectual, los activistas de derechos humanos, la comunidad internacional y las comunidades indígenas. “Pero la Guatemala que lee medios, que ve la televisión, que se pronuncia en las redes sociales, esa Guatemala nunca se dio cuenta de la pobreza y marginación que generó el conflicto. Incluso niega el genocidio porque no acepta el racismo histórico implícito del Estado”, critica Martínez Amador.

Casaus sostiene, por su parte, que aparte de todas esas supuestas voces subalternas, “las únicas que han mantenido una posición firme, coherente y consecuente con la sentencia han sido las mujeres, tanto las feministas mestizo-ladinas, como las intelectuales y las periodistas que se han volcado en el juicio para apoyar la condena por genocidio y que han formado auténticas redes de solidaridad”.

Aunque la sentencia genere, como es lógico, esperanzas en un país con un sistema judicial que hasta ahora había venido avalando la total impunidad, es duro aceptar que un Estado cometió atropellos de este tipo.

Como concluye el académico: “Siempre ha existido, para la clase política guatemalteca y para las élites (no sólo económicas) un “Otro” que pone en peligro la conformación de esta “identidad fija y unitaria””. Y, sobretodo, sus intereses y privilegios históricos.

Coincide con este, Marta Casaus: “Existe una ideología racista y una dispersión de dicha ideología hacia el conjunto de la sociedad, en donde” la muerte de un indio no es igual que la de un ladino y o mestizo” y sobre todo, agrega, “existe, el temor inconsciente de que a “los indios” si se les da la razón y se produce una sentencia por genocidio van a empezar a tomarse la justicia por su cuenta y a vengarse de todos los ladinos. Es una opinión que aparece reflejada en muchos de blogs”.

Se trata del “Otro”. Ese “Otro” que ha sido siempre el mundo indígena presente en las llanuras de Quiché, un mundo que no quiere olvidar como otro mundo quiso borrarle del mapa (y casi lo consigue).