ColLa gente exige, pero no quiere escuchar razones

Christián Gutiérrez

En Michoacán sube la presión social. Me atrevo a decir que miles de personas y algunos periodistas exigen que el titular del Poder Ejecutivo barra a ciertos estudiantes de escuelas normales y a ciertos profesores de la CNTE, que se manifiestan en contra de políticas y legislaciones federales, cerrando calles y avenidas.

El dilema que yo tengo es saber si todas estas personas que exigen el uso de poder de imperio por parte “del Estado” han pensado en lo que se podría generar al aplicar la violencia legítima que puede utilizar el gobierno, bajo ciertas circunstancias. Con franqueza me parece que no, y eso es un gran problema, pues no se quiere reconocer la estrategia inmediata que puede haber detrás, y los motivos reales que podrían tener estos grupos disidentes al régimen político en turno.

Particularmente, me parece que buscan: a) un muertito como bandera social, para justificar con mayor fuerza su movimiento; b) una bandera política, por ejemplo, un gobierno represor, con el mismo objetivo; c) obtener canonjías económicas, de manera ilegal; d) imponer sus condiciones y estilo de hacer política.

Desde luego, al igual que mucha gente, no estoy de acuerdo con que los gobiernos de la república se muevan entre o toleren la impunidad (ausencia de castigo), sin embargo, también es indispensable reconocer que aquellos tiempos de un partido político hegemónico (PRI) y de un gobierno omnipotente que todo lo podía ya se fueron. Hoy, la realidad es muy distinta, y los actos de gobierno también deben estar sujetos a proteger, de manera puntual, los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Por ello creo que el tema de disuadir movimientos sociales violentos, con el uso de la violencia por parte del gobierno, debe ser mucho más debatido, analizado, reforzado y legitimado con leyes, reglamentos y protocolos, voluntad y con el apoyo de todos los partidos políticos, la sociedad civil, los medios de comunicación, los actores sociales y económicos, y desde luego, con la participación de los tres poderes públicos del Estado.

También, es necesario entender este tipo de problemas en su justa dimensión. Por una parte, la gente exige, pero no quiere escuchar razones y argumentos por parte de la autoridad. Por otro lado, hay algunas autoridades en México que dudan en qué momento se puede y debe utilizar el poder de imperio. Por esta razón, vale la pena recordar lo que hay en el contexto actual, para entender el tema del uso de la fuerza pública para disuadir movimientos sociales violentos. El PAN, PRI y PRD firmaron el consentimiento del Pacto por México, el cual en el compromiso 28 establece crear una “Ley sobre el uso legítimo de la fuerza pública, que establezca parámetros claros para el uso de la misma”. Por lo tanto, bien valdría la pena que los legisladores de Michoacán consideraran el acuerdo 28, en aras de trabajar a la brevedad en una legislación estatal que permita, siempre como última instancia, hacer uso de la fuerza pública de manera legítima y apegada a los derechos de todas las partes. Los michoacanos y los mexicanos agradeceríamos legislaciones apegadas más a la realidad.

El autor es Politólogo.

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