Todo les perdonan
Félix Fuentes Medina
Fue un error monumental la puesta en libertad de cuatro maestros acusados de terrorismo, motín, sedición y daños materiales, porque si funcionarios de Gobernación pactaron el fin del conflicto magisterial y el levantamiento de Guerrero, a cambio de los liberados, esa historia se repetirá.
La subversión es latente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán. Los integrantes de la CNTE y la CETEG saben el camino: pueden suspender clases, bloquear por largas horas carreteras como la de México-Acapulco, destruir sedes de partidos políticos e instalaciones estatales, así como burlarse de autoridades federales y locales. Al cabo de tantos desmanes son perdonados de todo.
El jueves 2 de este mes, cuando llegó a México el presidente Barack Obama fueron detenidos por la policía ministerial de Guerrero los profesores Genaro Guevara Hernández, José Lucas Juárez, Mauro Lázaro García y Cesáreo Rosendo Feliciano.
Causó sospechas que sólo fueran cumplidas cuatro órdenes de aprehensión de las 39 anunciadas por el gobernador guerrerense Ángel Aguirre. ¿Hubo otros acuerdos mantenidos en secreto?
Luego de los arrestos se informó que dos de los detenidos fueron llevados a un presidio de máxima seguridad de Veracruz y a los otros se les condujo a un reclusorio de Nayarit para “evitar conflictos en Chilpancingo”.
Cuando mucha gente celebraba la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto, de imponer orden entre los subversivos de Guerrero, como lo hizo con el bando de Elba Esther Gordillo, cayó la noticia bomba: al cabo de 12 horas fueron liberado dichos profesores, tras un encuentro de dirigentes de la CNTE y la CETEG con el subsecretario de Gobernación, Enrique Miranda.
Entre diversas versiones circuló la de que el presidente Peña Nieto autorizó a Miranda para liberar a los cuatro maestros. Entre ellos hay comunicación permanente porque Miranda fue secretario general de Gobierno del Edomex en el régimen de Peña Nieto.
Si a los mencionados maestros les fueron señalados delitos tan graves como la sedición, los cuales son penados hasta con 50 años de prisión, debieron permanecer en presidio. En vez de eso, los presuntos educadores fueron paseados en aeronaves del gobierno federal y al retornar a Guerrero les expresaron, seguramente, el “ustedes disculpen”.
Entre los cuatro arrestados figuraba el maestro disfrazado de muerte que amenazó al comandante Spartaco de ir por él. Ese jefe policiaco ordenó el retiro, a empujones, de quienes bloqueaban la autopista a Acapulco.
El gobernador Ángel Aguirre presumió órdenes de aprehensión contra de los principales líderes de la CETEG, Gonzalo Juárez y Minervino Moral, pero no fueron ejecutadas. A Juárez ya no se le vio en los últimos mítines, ni en la marcha realizada el lunes pasado en la Ciudad de México.
A los maestros acarreados se les hizo creer que harían un plantón permanente en el Zócalo capitalino, pero de pronto se les indicó volver a clases en Guerrero.
Diputados locales guerrerenses protestan por el acuerdo centralista de Gobernación. A su juicio, no se procedió contra los depredadores, causantes de daños a golpes de barretas, palos y piedras contra el mismo Congreso del Estado. Los destrozos son cuantiosos.
Los legisladores de Guerrero saben que las arcas del Estado se quedaron vacías, como ha sucedido con las de Oaxaca tras satisfacer las exigencias de la CNTE. Afirman, asimismo, que los agitadores volverán por más, si no se les aplica el peso de la justicia.
¿De esa manera va a ser resuelto el asunto de los normalistas de Michoacán que secuestran, queman camiones, saquean comercios y ahuyentan a los empresarios?