Entrevista a Fernando Zárate/Diputado federal perredista

Moisés Castillo

Dicen que cuando se trata de dinero todos son de la misma religión. Y el polémico caso de los permisos para instalar centros de apuesta y casinos que surgió en los dos sexenios panistas no huele nada bien. Pago de favores, tráfico de influencias y corrupción es la constante de la información que se ha revelado en los últimos años y que involucra a panistas destacados como Santiago Creel o más recientemente al senador Roberto Gil Zuarth.

 

La historia

Hay que recordar que antes de que dejara la Secretaría de Gobernación para buscar la candidatura presidencial del PAN rumbo al 2006, Creel autorizó permisos a un grupo destacado de empresarios mexicanos, la mayoría del ramo de las telecomunicaciones como Emilio Azcárraga Jean, de Televisa; Olegario Vázquez Raña, de Grupo Imagen; y Carlos Enrique Abraham Mafud, de TV Azteca en Yucatán, según información de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de Gobernación.

Días después de la tragedia en el Casino Royale de Monterrey, Creel dijo que durante su gestión como secretario de Gobernación, se revocó el permiso al operador del casino pues no cumplía con los requisitos, pero en 2006 la revocación se canceló.

“Ya basta de estar volteando para otros lados buscando chivos expiatorios, aquí hay que entrarle de frente y si hay un acto de corrupción habrá que castigar a quienes lo cometieron”, afirmó el entonces aspirante a la candidatura presidencial del PAN en 2012.

Ahora, Talía Vázquez Alatorre acusa al legislador Gil Zuarth de haber recibido 900 mil dólares para gestionar el permiso para un casino. Vázquez Alatorre fue esposa de Juan Iván Peña Neder, exfuncionario de Gobernación, y asegura que varios exservidores públicos “elaboraban y vendían permisos ilegales para la operación de casinos”.

Vázquez Alatorre afirma que vio a su expareja entregar el dinero al hoy senador, ya que la entrega se hizo en su casa en tiempos cuando Gil  Zuarth era secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón. “Yo sé porque me consta, porque lo vi”, sostuvo el pasado 11 de enero en una entrevista concedida a Noticias MVS.

Cinco días después, el mismo legislador panista apoyó la propuesta del diputado Ricardo Monreal para que se realice una investigación integral a cargo de una comisión plural de diputados.

“Desde el primer momento en que esas imputaciones fueron realizadas —dijo Gil Zuarth—, todas ellas sin ningún elemento probatorio que me incriminase o me involucrara, he salido a dar la cara, a dar paso a cada una de esas acusaciones. Y precisamente por eso vengo hoy a esta tribuna, al Congreso al que pertenezco, no solamente a respaldar esas investigaciones, sino a someterme a las investigaciones que este Congreso determine”.

Desde el 17 de septiembre de 2009, Gobernación tiene una lista de casinos ilegales instalados en todo el país, y en la cual incluía al Royale de Monterrey. En San Lázaro, Jesús Zambrano, entonces diputado del PRD, se la dio a Fernando Gómez Mont, titular en ese momento de Gobernación.

“Le entrego una lista de establecimientos en los que operan  casinos de forma irregular a lo largo y ancho del país, bajo la complacencia de su secretaría. Esperamos que se investigue y se aplique la ley”, dijo el perredista.

Gobernación no emitió respuesta oficial sobre esta lista de casinos ilegales ni con el posterior secretario Francisco Blake Mora.

Diagnóstico

En tanto, la comisión especial para investigar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos en la Cámara de Diputados, elabora un diagnóstico completo respecto a si las concesiones de casinos otorgadas durante los dos últimos sexenios se efectuaron con irregularidades o violaciones a la ley.

Para Fernando Zárate, diputado del PRD y secretario de la la Comisión Especial de Juegos y Sorteos de San Lázaro, existe la voluntad plena de todos los partidos y del gobierno federal para ir al fondo del asunto.

“Es evidente —dijo— la excesiva entrega de permisos para juegos y sorteos y percibo que hay muchos exfuncionarios del PAN involucrados. No debemos aislar esto de la discusión. Hay priistas involucrados y debemos averiguar si hay perredistas también. Uno involucrado es suficiente para tener un mal resultado. Lo importante es que se transparente”.

¿Cómo van las investigaciones sobre este tema controvertido?

Es un tema muy polémico que fundamentalmente se está poniendo en el ojo del huracán a gobiernos emanados del PAN y se está analizando temas serios de corrupción, incluso algunos señalamientos que la señora Talía Vázquez ha advertido a la comisión. Nuestra obligación es única y exclusivamente investigar estos actos de corrupción, revisar ilegalidades que hayan existido tanto en el otorgamiento de permisos como en toda la gestión. Puede haber delitos de concertación de funciones, colusión entre funcionarios, incluso el propio senador Gil Zuarth está acusado ello. Pero no es lo único que está revisando la comisión especial. También está generando un marco jurídico que le pueda dar certeza a la industria, a los ciudadanos, para definir cuál es el objetivo de los juegos y los sorteos en México. Lo que se encuentra en el centro del debate es brindar los instrumentos necesarios para que estos centros de apuesta estén debidamente regulados y esto no implica que nos olvidemos de lo que ha pasado.

¿Se cuenta con un diagnóstico integral del caso?

El diagnóstico lo vamos a tener pronto, pero no queremos meter a nadie a una caldera ardiendo y decir quién fue más responsable o más negligente. Ese diagnóstico se dará a conocer para saber si se mantendrá el procedimiento de los casinos irregulares o ya no es conveniente para el país seguir otorgando licencias para más casinos. El diagnóstico nos ofrecerá un medio real para saber hacia dónde vamos a trabajar en materia de juegos y sorteos. No nos va a dar un resultado de quién fue más mafioso o rufián.

¿Qué panistas o exfuncionarios de Gobernación están involucrados?

Son muchos porque fue una actividad de gobierno. Es decir, Gobernación es la principal responsable de otorgar los permisos, las autorizaciones y las licencias para el funcionamiento de estos giros. Todos los funcionarios involucrados en la Dirección de Juegos y Sorteos, incluso vinculados con la Presidencia de la República. Directamente estarían involucrados 50 o 60 exfuncionarios y servidores públicos.

 

La legislación es un caos

¿La comisión puede citar a Creel o Gil Zuarth?

Como comisión no tenemos facultad, ni la Cámara de Diputados para llamar a personas físicas que no son funcionarios públicos. Creel no está en el ejercicio de ningún cargo y el senador Gil Zuarth ocupa un espacio de representación popular. Legalmente no tenemos facultad, pero me parece que sí tenemos la virtud de representar los intereses públicos y como legisladores podemos citarlos a una reunión para que acudan a coadyuvar en el futuro de la industria y revisar lo que se hizo bien y mal en su gestión para mejorar la legislación que actualmente es un caos.

¿Existen pruebas contundentes de que el senador Gil Zuarth recibió 900 mil dólares como sostiene Talía Vázquez Alatorre?

Hasta hoy es el dicho de la ciudadana y nosotros también conocemos el del senador. Nosotros no somos la autoridad para revisar ese tipo de denuncias. Nosotros estamos obligados a escuchar a todas las partes involucradas y tomar resoluciones. Escuchamos la acusaciones de índole política hacia el senador Gil, nosotros tenemos interés de conocer la respuesta política del panista y que pueda ofrecer sus argumentos. Estamos interesados en saber cómo vivió la industria de juegos y sorteos bajo su ejercicio de subsecretario de Gobierno y como secretario particular del presidente Calderón.

¿Cómo califica el accionar de los gobiernos panistas en materia de juegos y sorteos?

Lo que se trata es generar un precedente de que las cosas se pueden hacer bien en México con una regulación adecuada con la participación de todos. Estamos en un ánimo de construir y así esperamos que el presidente de la comisión, Ricardo Mejía, actúe y que no pretenda incendiar para sacar raja política de esto y que asuma su responsabilidad como titular de la comisión para que tengamos como conclusión una nueva ley de juegos y sorteos. Sería irresponsable de su parte que a partir de las investigaciones quisiera salir como el prócer de la patria.

¿Hay fechas fatales para esclarecer este asunto?

Hay un calendario y eso va de la mano con diversas actividades del grupo de trabajo que investiga los permisos otorgados a nivel federal, licencias en materia local que tiene que ver con el uso de suelo, el reglamento de la ley de juegos y sorteos que está impugnado en la Suprema Corte y la elaboración de una nueva ley.