Pone fin a la impunidad en Guatemala

Bernardo González Solano

Con frecuencia se abusa del uso de la palabra histórico. A cualquier babosada política se le impone el sobado calificativo. No en esta ocasión. Después de 53 días de un controvertido juicio, el viernes 10 del presente (Día de la Madre en México), el Tribunal Penal de Mayor Riesgo A de Guatemala, presidido por la jueza Yazmín Barrios (con un historial de sentencias emblemáticas contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos en la ultima década), condenó a 80 años de prisión al expresidente de facto y exgeneral José Efraín Ríos Montt (nació el 16 de junio de 1926 en Huehuetenango, departamento fronterizo con México): 50 por genocidio y 30 por crímenes de lesa humanidad, al encontrarlo culpable por la muerte de mil 771 indígenas mayas ixiles en el departamento de Quiché, durante su gobierno de 1982-1983.

Yazmín Barrios, aproximadamente de 50 años, leyó la sentencia —con su característica voz aguda y quebradiza pero de firme carácter— condenatoria contra el anciano golpista, quien pasará el resto de sus días en la prisión Matamoros para civiles ubicada dentro de un cuartel militar. Barrios manifestó: “Ríos Montt es responsable por el delito de genocidio. Se le impone la pena de 50 años de prisión inconmutables… No queremos que hechos de esta nauraleza vuelvan a repetirse… Para que haya paz en Guatemala debe existir previamente justicia… Se deja abierto el caso para que el Ministerio Público siga investigando para ver quiénes más pudieron estar involucrados en estos hechos…” Durante la lectura de la sentencia, aproximadamente mil personas situadas alrededor del Tribunal al unísono cantaron —primero en maya y después en castellano— “sólo queremos ser humanos”. Entre las asistentes al histórico acto se encontraba la Premio Nobel de la Paz 1992, la lideresa indígena guatemalteca quiché, Rigoberta Menchú Tum, personaje mundial que se ha convertido en defensora profesional de los derechos indígenas. La Premio Nobel no podía faltar a la sentencia del genocida guatemalteco. No era cualquier ceremonia. Se trataba de la primera condena por genocidio y delitos de lesa humanidad en contra de un exdictador iberoamericano.

Tres jueces (dos mujeres y un varón) conforman el tribunal que condenó a Ríos Montt: la propia Jazmín Barrios; la jueza vocal, Patricia Bustamante, y el otro vocal, el juez Pablo Xitumul. La primera encabezó el juicio que condenó en agosto de 2011 a 6 mil 060 años de prisión —aunque la pena máxima en Guatemala es de 50 años— a cuatro exmiembros de la unidad élite contrainsurgente del Ejército, los denominados Kaibiles, culpables de la matanza de 201 campesinos en la aldea Dos Erres entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, cuando gobernaba Guatemala el general José Efraín Ríos Montt. Por primera vez se condenó a militares por una matanza colectiva durante la guerra que duró 36 años en el país centroamericano.

“Show político”, dice Ríos Montt

Por su parte, ante la prensa, Efraín Ríos Montt ese mismo día calificó su condena de show político internacional. Anunció que presentaría una apelación del veredicto que fue recibido con gritos de alegría y los aplausos de los familiares y amigos de las víctimas de las matanzas en la sala del Tribunal Supremo de Justicia. Según un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la guerra civil en Guatemala (1960-1990) causó 200 mil muertos y desaparecidos. De las mil 771 víctimas, de las cuales hay osamentas, por lo menos 232 han sido identificadas plenamente con nombres completos; además, 197 fueron indentificadas por edades y se estableció que 88 fueron niños asesinados.

El exgeneral sentenciado aprovechó el momento para pregonar su inocencia. El octogenario (87 años) exmandatario guatemalteco, que ejerció su mando con mano de hierro, descargó la responsabilidad de las matanzas en su viceministro y en los oficiales con mando en la zona de combate, para asegurar que su actuación en la jefatura del Estado fue, fundamentalmente, en el ámbito político.

Ríos Montt aludió que en el momento de acceder al poder —por un golpe de mano militar—, Guatemala era una nación paria en el concierto internacional. Su aislamiento era absoluto, sobre todo después del salvaje asalto a la embajada de España, el 32 de enero de 1980, bajo el gobierno de Fernando Romeo Lucas García, considerado uno de los militares más sangrientos de la represión militar. En aquel asalto murieron 37 personas, inlcuyendo 3 españoles y el padre de Rigoberta Menchú. Salvaron la vida el embajador Máximo Cajal y el líder indígena Gregorio Yujá, que pocas horas más tarde sería secuestrado y asesinado.

“Soy inocente”, clamó

“Soy y me declaro inocente”, dijo melodramáticamente Ríos Montt, que no dejó de secarse el sudor con un pañuelo.  Y repetió: “Nunca autoricé, nunca firmé, nunca ordené que se atentara contra una raza, etnia o grupo religioso”.

El acusado y sus defensores recurrirán la sentencia, pero lo único que se logrará con esto será alargar unas cuantas semanas el desenlace del proceso llamado en Guatemala el juicio del siglo. Como sea, el hecho de sentar a Ríos Montt en el banquillo de los acusados alertó a los sectores más recalcitrantes de la extrema derecha para quienes la condena por genocidio implicaría una reaparición de la violencia política en Guatemala.

De tal suerte, el sociólogo Gustavo Porras, quien en 1996 firmó la paz con la guerrilla en representación del gobierno conservador de Álvaro Arzú, fue entrevistado por un periódico madrileño al que declaró: “Es un temor fundamentado por varias circunstancias. La primera que afecta a un número importante de oficiales, tanto retirados como en activo”. De acuerdo con Porras, el temor de la oficialidad radica en que si se aplicaba el principio de la línea de mando, toda la escala jerárquica puede ser afectada. Este sentimiento se agudizó a partir de que un testigo protegido de la fiscalía acusó directamente al actual presidente Otto Pérez Molina, de ordenar matanzas contra la población civil desarmada cuando era un mando del Ejército destacado precisamente en la zona donde se produjeron los hechos juzgados.

En tal sentido, el sábado 11 de mayo, Otto Pérez Molina afirmó que sería respetuoso y no interferiría en el fallo que un día antes declaró culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad al expresidente Efraín Ríos Montt. El genocidio es un espinoso asunto para el presidente guatemalteco, señalado, como ya se apuntó, de haber participado en ejecuciones y quema de viviendas contra mayas ixiles. Otto Pérez Molina reconoció que durante su época de militar “actuó en territorio ixil”, pero afirma que nunca firmó ni ordenó ningún ataque contra esas comunidades. Asimismo, justificó que el alias que empleó en aquel momento, Mayor Tito Arias, fue porque “soy un hombre público” y “nosotros estábamos autorizados para utilizar un seudónimo de guerra”.

Pérez Molinia negó que haya habido genocidio durante el conflicto que se desarrolló en los municipios del llamado Triángulo Ixil, aunque sostuvo que la guerrilla llevó el conflicto a esa zona cuando él estuvo adscrito a la misma. Pero, durante una entrevista no pudo contestar cuando se le preguntó lo que había editado en un documental el periodista estadounidense Allan Nairn en septiembre de 1982. Pérez declaró en aquella ocasión: “Todas las familias —en la comunidad de Quiché—  están con la guerrilla”, lo que pondría en claro el papel jugado por la tropa contra los indígenas de la zona.

Mucho se escribirá a raíz de la condena dispuesta por el tribunal guatemalteco. A favor y en contra de Ríos Montt. Lo cierto es que dicha sentencia pone fin a la impunidad en Guatemala. Eso es fundamental. Los jueces consideraron probado que el exgeneral conocía y no impidió el asesinato masivo por sus tropas de miembros de la etnia ixil durante el escaso año y medio de su presidencia, por cierto la etapa más cruenta de una guerra civil de más de tres décadas que terminó en 1996.

Atrocidades contra campesinos

Nadie puede ocultar que bajo el mandato de Ríos Montt —primero católico ferviente, cuyo hermano menor, Mario Enrique (1932) es obispo auxiliar de la ciudad de Guatemala, y después fanático ministro de la Iglesia Pentecostal de la Palabra que nunca dejaba de referirse a la Biblia—, a quien la administración de Ronald Reagan utilizó como un aliado fiable en su lucha contra la guerrilla centroamericana, el Ejército guatemalteco se entregó sin freno a las atrocidades contra las comunidades campesinas mayas, sobre todo en el Quiché, a las que acusaba como colaboradoras directas de los guerrilleros comunistas.

En fin, el editorial Un veredicto histórico del principal periódico de Madrid finaliza así: “El proceso de Ríos Montt ha agudizado la polarización guatemalteca. Su condena, especialmente por el delito de genocidio, reabre heridas sin cicatrizar en una sociedad que todavía intenta manejar el legado de una interminable guerra intestina en la que murieron más de 200 mil personas. Pero la acerada sentencia del tribunal presidido por la jueza Barrios no sólo es el acto de justicia que durante décadas han estado esperando las familias de una pequeña parte de las olvidadas víctimas indígenas de aquella vesania militar. El precedente histórico significa también un clarinazo para otras zonas del mundo, donde dirigentes presentes o pretéritos gozan todavía de libertad  y privilegios, pese a su probada implicación en hechos semejantes”.

Rigoberta Menchú, paradigma para la mayoría de los mayas guatemaltecos, manifestó que para ella la sentencia puede ser importante para introducir cambios en la relación entre indígenas y ladinos (mestizos), para dar paso a un país igualitario: “Esperamos que esa sentencia contribuya a ese acercamiento igualitario”. La Premio Nobel de la Paz cree que en el juicio quedó claro que no se trata de una persecución política, lo que se demuestra con la absolución del exjefe de inteligencia militar de Ríos Montt, el también general retirado Mauricio Rodríguez.

El de Ríos Montt, sin duda, es un juicio histórico. Su desmayo el lunes 13, al ser trasladado a los tribunales, no le ayudará mucho. Su caso está juzgado. Nada más, nada menos.