Clara Luz Álvarez/Investigadora del IIJ-UNAM y miembro de la Cofetel

Nora Rodríguez Aceves

“El gran reto de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada por el Congreso de la Unión será la ley reglamentaria, porque ahí es donde el diablo está en los detalles. En el punto final es donde estará el desafío tan grande de traducir estas reformas constitucionales en un impacto verdaderamente positivo a la ciudadanía. En grandes líneas, parece ser que sí será muy positivo, sin embargo, yo no echaría campanas al vuelo hasta no ver la materialización de la ley reglamentaria”, afirma Clara Luz Álvarez, especialista en materia de telecomunicaciones.

“Sabemos que en esta iniciativa el beneficiario principal no fue el ciudadano de a pie y la sociedad; colateralmente sí se benefician, se establece un derecho de acceso a las tecnologías de la información, o sea, hay elementos que sí son benéficos, pero también hay que ver cómo se materializan, porque el derecho de acceso a Internet, el derecho de acceso a la tecnología, puede quedar rezagado como lo ha sido el derecho a la educación o el derecho a la salud en México, el derecho a una vivienda digna, todo eso está en la Constitución Política; es más, el derecho a la educación está desde 1917, aquí la gran pregunta es: ¿ese derecho a la educación se ha materializado en una educación para todos? No. ¿En una educación de calidad para los que sí van a la escuela? Tampoco. Igual y somos escépticos, pero el punto positivo es que sí, yo creo que México estará mejor con esta reforma que no tenerla, pero no hay que convertirla en la reforma milagro”.

La también investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) y miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) explica a Siempre! que México estará mejor con esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, “aunque pudo haber estado mucho mejor; dicho de otra manera: ¿es una reforma positiva? Sí, en términos generales es una reforma positiva. Aunque faltó, en mi opinión, tener más presente a la sociedad y a los ciudadanos de a pie que las luchas entre empresas”.

Sin embargo, “esto no debe quitarle méritos a la reforma, aunque parezca mentira la reforma constitucional es la parte más fácil de este eslabón, en México ya sabemos que a la pobre Constitución la reforman cada vez que se quiere, no hay un respeto a lo que debe de ser una Carta Magna, una Constitución, contrario a lo que se pensaría en cualquier país democrático donde la Constitución establece los principios generales y sólo se modifica cuando es algo de verdadera urgencia, aquí tenemos una reforma constitucional que más parece un reglamento o una norma oficial mexicana del nivel de detalle que pusieron”.

Predominan los intereses privados

Por eso yo insisto, “no fue tanto considerando como beneficiario directo y principal a la ciudadanía, a la sociedad, nosotros notamos cómo en esta reforma existen ciertas peleas añejas entre los grandes corporativos, vemos cómo se dedico más tiempo en resolver esas peleas e interceder por los intereses privados que poner énfasis en las necesidades de la población, y esto no es quitarle méritos a la reforma sino también hacer una crítica honesta y seria”.

El pasado 30 de abril, el Senado de la República aprobó con 108 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Tras su aprobación, la Cámara alta envió el proyecto de derecho que modifica los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Carta Magna a los congresos estatales para su discusión y aprobación para los efectos del artículo 135 constitucional.

De acuerdo con información de la Cámara alta, “con la reforma, las telecomunicaciones serán consideradas como servicios públicos de interés general, por lo que el Estado debe garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión y convergencia”.

“Dispone que la radiodifusión sea un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional.”

En contraste, Clara Luz Álvarez señala que si quisiéramos hablar de los aspectos que le faltó considerar a esta iniciativa de ley, lo primero que diríamos es que “esta reforma se fue a un extremo cuando hablamos del tema de la suspensión en el amparo, de un sector con una litigiosidad excesiva quisieron irse a un extremo opuesto donde solamente se permite como medio de defensa el amparo indirecto y está prohibido de manera terminante el que se otorgue la suspensión en el amparo, esto lo que implicaría es que puede haber una resolución del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) o de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), y el gobernado solamente puede promover un amparo indirecto, pero no puede suspender los efectos de estas resoluciones. Un ejemplo, si hoy llega una orden de demolición de mi casa y me dicen que sólo tengo derecho al amparo indirecto, yo voy al amparo indirecto y lo que me interesa es recibir la suspensión para que no tiren mi casa; de nada me sirve que tres años después me digan que yo efectivamente tenía razón, que la autoridad estaba actuando arbitrariamente, si ya demolieron mi casa; aquí lo que se dice es que cualquier acto, omisión o norma general del Instituto Federal de Telecomunicaciones no será sujeto de la suspensión de manera liso y llano”.

“En cuanto a los actos de la Comisión Federal de Competencia Económica, el Senado le hizo, digamos, una excepción; dice: «no van a proceder las suspensiones para actos, omisiones o normas generales de la CFCE, salvo cuando se trate de multas y desincorporación de activos» y ahí llama la atención porque la Comisión Federal de Competencia Económica y todos los temas de combate a monopolios generalmente están pensados y se dirigen a las empresas que tienen poder de mercado, es decir, a los grandes corporativos o aquellas empresas que tienen regional o nacionalmente un poder tal de mercado que sus competidores o los consumidores no podemos contrarrestarlo.”

Desigualdad ante la ley

Sin embargo, “el Senado —sin justificar por qué esa misma racionalidad que justificaba establecer estas excepciones para la Comisión Federal de Competencia Económica— nunca dijo por qué eso no sería igualmente aplicable al Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque el Ifetel regula empresas grandes, pero también regula las radios comunitarias, también regula las estaciones de televisión universitarias, por ejemplo, también regula a pequeños y medianos empresarios que no tienen la fuerza para tener todo un ejército de abogados luchando contra estas resoluciones, entonces vemos cómo hay estas distinciones”.

Asimismo, la investigadora del IIJ-UNAM advierte que “también se dispone en el artículo 6, apartado B, fracción IV, en una redacción incomprensible que se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y eso de regir contenidos no lo explicó ni la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto ni los dictámenes de la Cámara de Diputados ni el dictamen del Senado, no explicaron qué quería decir eso. Y el problema de poner una frase de «se establecerán condiciones que deberán regir contenidos» es que eso se puede interpretar en un futuro como una autorización para que el poder político decida qué es lo que se transmite y qué es lo que no se transmite en los medios de comunicación”.

“¡Es horrible! ¡Es lo peor de la reforma!, pero pasó por alto. Ahora aparentemente lo que quisieron decir era otra cosa, pero por qué no lo dijeron en ninguno de los dictámenes, porque no se dijo en la iniciativa del presidente Peña Nieto, por lo tanto, ahí lo que estamos es a merced de lo que quisieron decir y quién lo va a interpretar, hoy quizá nadie vaya a tratar de limitar nuestra libertad de expresión, pero no sabemos si en un futuro con ese fundamento constitucional se realice.”

En materia de concesiones, la doctora en Derecho por la Universidad Panamericana, destaca que “el problema de México es hacer cumplir la ley y en este caso hacer cumplir la Constitución, porque si seguimos en el camino que hemos andado, el problema no es la ley sino que nunca se hace cumplir o se cumple selectivamente; a quien quiero perjudicar le pongo todo el peso de la ley, a los que no, no se las aplico. El gran reto es hacer cumplir, en este caso, la normativa que será a nivel constitucional y, en su momento, las disposiciones de la ley”.

“Ésa no es una fórmula mágica, eso es cumplir con el Estado de derecho; la ley, la actual Ley Federal de Telecomunicaciones, es una ley convergente de vanguardia, el problema es que no se aplicaron los elementos más importantes, el problema es que la práctica administrativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones puede obstaculizar la entrada a la competencia con el pretexto de trámites burocráticos. Se convirtieron en el guardián que impide la entrada al mercado en vez de hacerlo como hacen los europeos, que permiten a todos la entrada al mercado, pero aquél que incumpla con las disposiciones de orden público, ése se sale de la fiesta; aquí es al revés, aquí impido la entrada a la fiesta.”

Barrera de entrada

“Me convierto en una barrera de entrada artificial, sin razón, y ése no es un problema de la ley, la Ley Federal de Telecomunicaciones no establecía esas barreras que se impusieron administrativa y burocráticamente. Si usted me pregunta: ¿esto va a cambiar?, ¿el sector va a incentivar la competencia?, espero que ésa sea mi respuesta, porque si a la mera hora la práctica administrativa la distorsiona y la convierte en una burocracia como hoy día o, por ejemplo, cuando establecieron a nivel constitucional la doble ventanilla, exigiendo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones les pida opinión tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como a la Secretaría de Hacienda, que tienen 30 días para resolver…, si no resuelven, ya los ignoran, pero para qué; la pregunta es para qué, o éste va a ser el pretexto para convertirse otra vez en una barrera de entrada.”

“La reforma tal cual está no nos garantiza que vaya a haber competencia en nuestro país, nos da la esperanza que, de aplicarse bien, podría haber competencia, pero eso está por verse, habremos de ver qué es lo que dice la ley reglamentaria.”

Para Clara Luz Álvarez, los órganos autónomos son una parte fundamental en la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, por eso explica que “en el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica no le establecieron estas opiniones previas, pero en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones sí se las pusieron; en pocas palabras dijeron: vas a ser autónomo a nivel constitucional, es decir, la máxima autonomía que se permite en el Estado mexicano, pero para que tu actúes necesitas opinión previa, no vinculante sino previa, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Hacienda, entonces, ¿sí es autónomo o no. ¿O simplemente era conservar esa facultad de incidir?, bueno pues ¿no que estábamos dejando atrás al Ejecutivo Federal para aislarlo de política?, o ¿solamente era la manera de justificar una burocracia absurda? Eso lo pasaron por alto los diputados y los senadores, y va a quedar en el texto de la Constitución desafortunadamente”.

“La queja permanente del sector de las telecomunicaciones fue la doble ventanilla que existía primero en un decreto de creación de la Cofetel, después la Ley Televisa la elevó a rango de ley, y ahora con esta reforma se eleva esa doble ventanilla a un rango constitucional; esperemos que no se obstaculice más la entrada al sector, pero ya hay una doble ventanilla que no tiene una razón de ser.”

De ahí que la investigadora en materia de telecomunicaciones reitere que los grandes retos estarán cuando inicie la discusión de la ley reglamentaria, “ahí es cuando vendrá el verdadero reto, ahí es cuando tendremos que ver si realmente será benéfico o no, porque en grandes líneas parece ser que sí va a ser muy positivo, pero ahí es donde empezaremos a ver si realmente fue en beneficio de la sociedad o solamente fue para buscar resolverle los problemas a los grandes corporativos”.