Estigma indeleble
Raúl Jiménez Vázquez
El derecho penal internacional prevé y sanciona los delitos más graves que ofenden, afectan y trascienden el conjunto de la comunidad de naciones: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes contra la paz o guerras agresivas. Se trata de una rama del derecho relativamente joven emergida a raíz del histórico enjuiciamiento de la jerarquía nazi por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, órgano jurisdiccional al que sucedieron otras instituciones de carácter supranacional avocadas al conocimiento de los casos de la ex Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, Camboya y Timor Oriental. Su plena consolidación tuvo lugar con la entrada en vigor del Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002, tratado multilateral con el que se dio origen a la Corte Penal Internacional y del que nuestro país es parte adherente a partir del 1 de enero del 2006.
La relevancia política y social de esta disciplina perteneciente al derecho internacional es evidente por sí misma; empero, recientemente ha sido recalcada a través del juicio instaurado en contra del mandatario de facto de Guatemala Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad en agravio de mil 771 indígenas mayas ixiles asentados en el Departamento de Quiché; asunto del que ya dimos cuenta en una anterior entrega.
Hace unos días, la jueza Yasmín Barrios, titular del Tribunal A de Mayor Riesgo, luego de haber sorteado con audacia e inteligencia tanto el fuego amigo proveniente de ministros de la Corte Constitucional adictos al viejo régimen como los embates de un poderosísimo bloque oligárquico, declaró culpable al veterano militar y lo condenó a 80 años de prisión. Dentro del fallo, la valiente togada dejó plasmada la siguiente afirmación: “El reconocimiento del delito de genocidio afecta a todos los guatemaltecos. El reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado. La aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas. Estos hechos no deben volver a repetirse porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz”.
El afán de hacer justicia fue mucho más allá del simple hecho de la condena privativa de libertad y asimismo se decretaron diversas medidas de reparación en favor de los agraviados y sus familias, determinación que sentó un colosal precedente ético y jurídico cuyas ondas expansivas se extendieron de inmediato por todo el orbe: I) la sentencia debe ser difundida masivamente entre la población guatemalteca, enalteciendo la diversidad; II) el Estado debe pedir perdón públicamente en sendas ceremonias a realizarse en Palacio Nacional y cada una de las cabeceras municipales de la región Ixil; III) la fecha en que Ríos Montt asumió el poder por vía del golpe de estado debe ser declarada oficialmente Día Nacional contra el Genocidio; IV) el Ministerio de Educación debe crear un museo itinerante destinado a promover el respeto de los pueblos y la convivencia pacífica; V) las autoridades deben erigir un centro cultural para preservar la memoria histórica e identidad cultural de los pueblos indígenas.
Sin lugar a dudas, esta admirable juzgadora, junto con la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, la fiscal Claudia Paz y los indígenas sobrevivientes de las políticas genocidas han dado al mundo una magistral lección de perseverancia, coraje, dignidad, amor a la vida, compromiso con la verdad y fe en la justicia real.
En La Divina Comedia del gran poeta florentino Dante Alighieri, a lo largo de treinta y tres cantos se detallan los llamados nueve círculos del infierno. El primer recinto del séptimo círculo está reservado para los violentos que dañan a los demás mediante la fuerza, quienes a fin de expiar sus pecados son sumergidos en las aguas de sangre hirviente del río Flegetonte. A dichos condenados se refirió el insigne escritor renacentista con la siguiente máxima: “Ésos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí lloran sus despiadadas culpas”.
El epígrafe del séptimo círculo de Dante es el estigma indeleble que habrá de perseguir al exgobernante de nuestro vecino del sur, así como a quienes perpetraron los genocidios del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, las ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas de la guerra sucia, y las matanzas de Acteal, Aguas Blancas, El Charco y el Bosque. Ese mismo mal fario acompañará también a los responsables del sacrificio de más de 100 mil vidas humanas y la desaparición de más de 26 mil personas ocurridos a lo largo de la nefanda guerra antinarco.