El servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá dar a conocer a los estados y municipios les condonó el pago del ISR cuyo beneficio ascendió a 4 mil 997 millones de pesos, así lo resolvió el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
En una nota informativa, el Instituto informó que en este caso, por tratarse de entidades públicas las beneficiarias de la condonación, debe prevalecer el principio de publicidad por en cima del secreto fiscal que invocó el SAT para reservar la información.
“El interés público de transparentar la manera en el que SAT ejerce sus atribuciones para comprobar la procedencia de la condonación de créditos fiscales es mayor que el interés de proteger los datos fiscales de la entidades federativas y municipios favorecidos con dicha determinación gubernamental”, considero el IFAI.
El Instituto señaló que un particular le solicitó al SAT conocer a qué entidades federativas y municipios les fue condonado el adeudo del Impuesto sobre la Rente, especificando el monto y el periodo en el que les fue aplicado este beneficio.
El SAT respondió que no podía darla a conocer debido a que si lo hacía vulneraría el derecho al secreto fiscal, pues para esta dependencia las entidades federativas y municipios tenían carácter de personas morales y no de ente públicos.
Argumentó que los datos de contribuyentes y los relacionados con créditos fiscales están protegidos por el secreto fiscal, lo cual obliga a los servidores públicos del SAT a guardar absoluta reserva de las declaraciones y demás información suministrada por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como de los datos obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación”, refirió el IFAI.
Sin embargo, al analizar el caso, la comisionada ponente Jacqueline Peschard determinó que debía pesar más el derecho a la información, pues se trata de recursos públicos que involucran a entidades públicas, por lo que no era procedente la reserva de 12 años determinada por el SAT.
“Asimismo la difusión de la información transparentaría la gestión del SAT respecto de cómo ha operado dicho Decreto y daría certeza al resto de los contribuyentes de que son tratados en igualdad de circunstancias, es decir, que las autoridades fiscales se sujetan a lo previsto en la Ley y no existen favoritismos”, indicó el Instituto.