Algo tendrá que decir Peña Nieto
Raúl Jiménez Vázquez
La vida es el bien supremo por excelencia, el valor más apreciado por la humanidad entera. Por ello en el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos está expresamente consignado que el derecho a la vida es inherente a la persona humana; su transgresión es un hecho que reviste la mayor de las gravedades, al grado de que cuando adopta la forma de un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil se convierte en un crimen de lesa humanidad previsto y sancionado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al cual le es consustancial el principio de imprescriptibilidad y debe ser perseguido y castigado sin importar el tiempo transcurrido desde su perpetración.
Esta cuestión ha merecido la atención de las Naciones Unidas. El 24 de mayo de 1989 el Consejo Económico y Social aprobó los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o extrajudiciales, donde se contemplan veinte acciones ejecutivas que los Estados deben instrumentar a efecto de prevenir, investigar y castigar severamente esta terrible patología, destacando por su importancia la necesidad de que se garantice un control estricto, con jerarquía de mando claramente determinada, de todos los funcionarios responsables de las funciones de captura, detención, arresto, custodia y encarcelamiento, así como de los servidores públicos autorizados por la ley para usar armas de fuego.
Para asegurar el cumplimiento de estos postulados jurídicos, la ONU cuenta con un relator especial, cargo actualmente ocupado por el jurista sudafricano Christof Heyns quien, tras una indigna y estéril oposición mostrada por el gobierno calderonista, acaba de realizar una visita oficial a nuestro país.
Hay que recordar que hace aproximadamente catorce años la relatora especial Asma Jahangir, colega suya, también llevó a cabo una investigación similar cuyos resultados están detallados en un informe en que se dio cuenta y razón pormenorizada de las ejecuciones sumarias perpetradas en el contexto de las execrables matanzas de Acteal, El Bosque, El Charco y Aguas Blancas; ahí se alude a innumerables irregularidades, observaciones y recomendaciones que, sin embargo, fueron desdeñadas por completo y ahora, para vergüenza nuestra, tendrán que ser retomadas por el relator Heyns.
Otro aspecto que sin duda alguna concitará el interés del funcionario internacional es el imborrable y sangriento pasivo que implicó la llamada guerra sucia de los años setenta y principios de los ochenta, al que se refirió puntualmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación 26/2001, en que aparecen registradas múltiples ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que fueron irresponsablemente soslayadas por los regímenes emanados del partido blanquiazul.
En los encuentros que sostendrá con activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales el representante de la ONU seguramente será enterado de que la caja negra de las ejecuciones extrajudiciales está perfectamente descrita dentro del libro Obligado a matar, fusilamiento de civiles en México, en que constan las impactantes revelaciones hechas por el desertor de las Fuerzas Armadas Zacarías Osorio Cruz, quien ante un tribunal canadiense de apelaciones en materia migratoria aseguró haber formado parte de un pelotón ad hoc al que los mandos superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional encomendaron el fusilamiento de numerosos civiles en el interior de las instalaciones militares ubicadas en las inmediaciones de San Miguel de los Jagüeyes y San Juan Teotihuacán, en el Estado de México.
Las 27 mil desapariciones forzadas y casi 100 mil vidas truncadas que acarreó la guerra antinarco emprendida por Felipe Calderón en los albores de su administración, tragedia ya denunciada ante instancias internacionales, serán también un foco rojo de alertamiento al que habrá de abocarse el ilustre visitante.
La supina negligencia gubernamental que ha prevalecido a lo largo del tiempo en el ámbito de la promoción y protección de la dignidad y el derecho humano a la vida hace pensar que la indagatoria del relator arrojará un resultado catastrófico: una vez más seremos objeto de amargos reproches y delicados señalamientos a nivel internacional. Algo tiene que decir a este respecto la administración de Enrique Peña Nieto.