La Procuraduría General de la República (PGR) informó que entre 2066 y 2012 registró a un total de 379 personas que se acogieron a la figura de “testigos colaboradores” conocidos popularmente como testigos protegidos.

Así lo dio a conocer en respuesta a una solicitud de acceso a la información hecha por un particular, quien se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) por que no le fueron proporcionados los nombres de los narcotraficantes que se han acogido a dicho programa.

El particular pretendía saber el nombre de los narcotraficantes adscritos dicho programa, organización delictiva a la que pertenecían, utilidad de la información que proporcionaron beneficio que obtuvieron los narcotraficantes por ser testigos colaboradores; así como los requisitos o condiciones que tuvieron que cumplir para poder ser testigos de está categoría.

A través de la subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, indicó que durante el tiempo requerido se tiene registro del número de testigos colaboradores de manera general, y no a nivel del detalle, como lo solicitó la particular.

Asimismo, proporciono un cuadro estadístico en que indica que, de 2006 a 2012 se han registrado un total de 379 testigos colaboradores: 43, en 2006; 50 en 2007; 57 en 2008, 61 en 2009; 43 en 2010; 60 en 2001 y 65 en 2012.

La PGR indicó que los nombres de esos testigos están reservados por 12 años “por encontrarse inmersos en averiguaciones previas, en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).

Agregó que la información relativa a los miembros de la delincuencia organizada que prestaron ayuda para las investigaciones, así como el grupo o banda al cual pertenecían, y la utilidad que tuvieron sus datos, también es reservada con fundamento en los artículos 13, fracción IV, y 14, fracciones I y III de la LFTAIPG, que de hacerse pública pondría en riesgo la integridad física de dichas personas y sus familias, con lo cual se violaría lo dispuesto en los artículos 3, fracción II, y 18, fracción II de la ley de la materia.

Con respecto a lo anterior, la comisionada María Elena Pérez-Jaén, a quien se le turnó este caso, encontró dos boletines de prensa en el portal electrónico de la PGR, en los que publicó nombres de algunos narcotraficantes que formaban o siguen siendo parte del programa de testigos colaboradores. Tal es el caso de Edgar Enrique Bayardo del Villar y Jesús Zambada Reyes.

También se encontraron notas periodísticas en las cuales se hacen públicos algunos nombres de los miembros de organizaciones criminales de narcotraficantes que se acogieron al beneficio de testigos colaboradores.

Ante tal caso, el pleno del IFAI instruyó a la PGR a realizar una búsqueda en sus comunicados de prensa y entregar aquellos en los cuales se adviertan los nombres de los testigos colaboradores relacionados con el narcotráfico, de diciembre de 2006 al mismo mes del 2012, cuando dicha información ya se ha hecho del conocimiento público.

En el caso de testigos colaboradores cuyos nombres no se han difundido, el IFAI determinó reservarlos, “ya que darlos a conocer pondría en riesgo la integridad física de dichas personas y sus familias, así como las investigaciones en curso”,de algunos casos como; El Michoacanazo, el caso “Tomas Angeles Dauahare”, Ex gobernadores de Tamaulipas entre otros.