Reforma sin visos de utilidad práctica

Humberto Musacchio

El Ejecutivo federal acaba de enviar al Congreso una iniciativa de reformas legales para combatir el terrorismo. El asunto no pasaría de ser un caso legislativo más si no fuera porque México no es precisamente el blanco de atentados de ese talante y, sobre todo, porque el empeño de combatir por cualquier medio el terrorismo es un asunto que ocupa muy especialmente al gobierno de Estados Unidos.

En México, en la inacabable e intrincada maraña de leyes con que contamos, las hay que castigan los actos que perturban la paz pública y sancionan a quienes los ejecutan, lo que incluye el hecho de que pueden ser englobados dentro del concepto de terrorismo.

Así pues, parezca ocioso legislar sobre ese asunto en particular, pese a que disponemos de mecanismos jurídicos para hacerle frente a cualquier eventualidad. Es como la legislación sobre feminicidio —homicidio de una o más mujeres—, que resulta superflua si se considera que hay abundantes disposiciones que castigan a quien mata hombres o mujeres.

En esta situación, es inevitable suponer que la iniciativa se debe a presiones de Washington, al afán de quedar bien con el vecino imperial o, peor todavía, al miedo que suscitan las acciones terroristas a nuestros gobernantes, quienes levantan el espantajo de leyes redundantes cuando que las que existen, que son más que suficientes, no se aplican.

Pero ya sabemos que en México, ante la inseguridad, en lugar de responder con actos inteligentes y resueltos, la autoridad esgrime la ley no como dique a la criminalidad, que sería lo esperable, sino como fetiche que se agita a la vista de los ciudadanos: no sabemos ni podemos aplicar las leyes existentes, pero inventamos nuevas que tampoco sabremos ni podremos poner en práctica.

Lo ocurrido a las Torres Gemelas desató en Estados Unidos una explicable paranoia que el anterior presidente estadounidense aprovechó para coartar libertades y tomar el acontecimiento de pretexto para descargar sobre Irak la furia imperial en busca de beneficios para empresas petroleras y de otras ramas. Mero negocio, pues, al costo de asesinar a decenas de miles de iraquíes.

Pero la guerra contra el terrorismo no es nuestra guerra. Involucrar a México en una cruzada contra los infieles puede ser acto grato a los halcones del Pentágono, pero nada tiene qué ver con el interés de los mexicanos. Además, hay el riesgo de que la legislación que se propone sirva para castigar la disidencia política y la protesta social. El Congreso de la Unión debe rechazar ese intento de reforma sin visos de utilidad práctica. Estamos a tiempo.