Entrevista a Jaime Cárdenas/Investigador del IIJ de la UNAM
Moisés Castillo
Luego de cuatro meses de la renuncia de Sergio García Ramírez como consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral (IFE), aún no existe un consejero sustituto. Hay que recordar que su voto fue decisivo para no imponer multas al PRI por el polémico caso Monex del proceso electoral de 2012.
Ante este escenario incierto, todo apunta a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal Electoral) se vea obligado a nombrar al integrante del Consejo General del IFE, como ya sucedió en Sonora.
La Comisión Permanente de la Cámara de Diputados rechazó citar a un periodo extraordinario para destrabar lo que consideran algunos especialistas como una crisis político-jurídica en el IFE. En este caso, las cuotas de los partidos políticos prevalecen en el funcionamiento de un instituto que presume ser ciudadano.
El consejero electoral Marco Antonio Baños lamentó el incumplimiento de la sentencia de los magistrados que ordenó a los diputados designar inmediatamente al consejero faltante.
“Ante la falta de esos consensos, se ha llegado a esa determinación de que no haya un periodo extraordinario de sesiones, pero es un hecho que en el fondo jurídico del asunto hay una desatención a una sentencia del Tribunal Electoral, es decir, hay una inejecución de la sentencia.”
En un texto publicado por el periódico Excélsior, en junio pasado, el magistrado del Tribunal Electoral detalló el fallo del organismo y pidió cristalizar esta tarea pendiente por parte del legislativo.
“Se destacó que la falta absoluta de un consejero electoral del IFE, desde la perspectiva de la ley, podría implicar consecuencias en la actividad del consejo general así como de las comisiones que se conforman en el Instituto para atender rubros de medular importancia. Se puso de relieve que el orden normativo que rige la votación de las decisiones tomadas al seno del consejo general, no prevé un instrumento de definición como es el voto de calidad del presidente del órgano, lo que revela una problemática, porque actualmente está conformado por ocho integrantes —número par.”
Diputados deben nombrar consejero
Asimismo, el presidente del Tribunal Electoral, José Alejandro Luna Ramos, urgió a la Cámara de Diputados nombrar al consejero faltante del IFE, ya que de lo contrario asumirá el órgano esa responsabilidad.
“Haremos los requerimientos que sean necesarios a efecto de tratar de hacer cumplir nuestra sentencia, como ordenan nuestras leyes, y después determinaremos conforme a derecho… Nombramos cinco consejeros en alguna ocasión en Yucatán, y en cuanto a ordenarle a la Cámara de Diputados que designe a las personas que deben ocupar este puesto, también ya lo hicimos la vez pasada, cuando faltaban tres consejeros.”
Por su parte, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que sería ilegal que el Tribunal Electoral defina al consejero electoral vacante.
“Si el Congreso de la Unión, en su momento, determina incluir el tema en un periodo ordinario de sesiones será su atribución, sin embargo las autoridades electorales sólo pueden hacer aquello para lo cual se facultó, cumplir responsabilidades y obligaciones.”
Para Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Tribunal Electoral debe salvaguardar la vigencia de la Constitución ante la negativa de los diputados de normar al consejero electoral faltante.
“Después de avisar y señalar en varias ocasiones a la Cámara de Diputados para designar al consejero, el Tribunal podrá hacerlo en defecto de la Cámara, ya que está desacatando el fallo del organismo electoral.”
Para evitar empates
¿Qué repercusiones tiene para el IFE la carencia del consejero número nueve?
Para la vida del IFE es bastante grave porque la ley electoral establece que un consejero no puede estar más allá de dos comisiones. El hecho de que no haya un consejo completo implica una violación a la literalidad del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por otra parte, al tener siete consejeros más puede haber decisiones en las que se empate. Por ejemplo, en los próximos días, en el mes de julio, el Consejo General tendrá que resolver el tema de los informes de gastos de campaña. Este tema ya había provocado un tipo de conflicto en enero de este año cuando se regresó a la Unidad de Fiscalización el proyecto de informe sobre el rebase de topes de gastos de campaña. El tema se va a plantear y puede haber una decisión de empate. El no estar totalmente integrado el instituto genera problemas de empates y esto implica la parálisis de funciones importantes en el IFE. Desde el punto de vista político, habla muy mal de la Cámara de Diputados que no se pueda poner de acuerdo: aprueban un procedimiento, lanzan una convocatoria, participan ciudadanos para ser consejeros y la Cámara es incapaz de concluir el procedimiento. Políticamente habla de la inoperancia e ineficiencia de la clase política para ponerse acuerdo en algo que aparentemente no es complicado.
Pero no habrá periodo extraordinario de sesiones…
Me parece que es grave porque el Tribunal Electoral dictó una resolución. Esa sentencia debe ser cumplida por la Cámara de Diputados, está en pleno desacato. Lo adecuado sería que la Comisión Permanente reformulara su decisión, la estudiara y fuese respetuosa con el mandato del Tribunal, y que por lo menos concluya el procedimiento. Que lleguen los cinco finalistas, que los lleven al pleno y ver si ahí se alcanza la mayoría de dos terceras partes, si no, tendría que iniciarse otro procedimiento para la designación de los consejeros. Es una irresponsabilidad política y una falta jurídica el no concluir lo que los mismos diputados aprobaron cuando emitieron la convocatoria para designar al consejero electoral.
Dice el presidente del PRD, Jesús Zambrano, que sería ilegal si el Tribunal Electoral designa, ¿es así?
No. La Cámara de Diputados es la que debe elegir porque tiene la atribución constitucional, pero si, ante repetidos señalamientos del Tribunal de concluir el procedimiento, la Cámara de Diputados no hace nada, pues lo que debe salvaguardar el Tribunal Electoral es la vigencia de la Constitución, implica que los órganos de poder autónomos estén debidamente integrados.
La lógica de las “cuotas”
¿Las cuotas partidistas son el fiel de la balanza?
Desde luego, en el fondo hay todo esto. Los órganos electorales en este país se han pervertido y las designaciones se hacen respetando la cuota. El PRI quiere designarlo porque entendían que Sergio García Ramírez era un consejero cercano a ellos y el PRI quiere uno así. En el caso del PAN y PRD están en la lógica de “espérate PRI, vamos a verlos a todos en el mes de octubre y noviembre, cuando tengamos que elegir a los que van a salir a finales de año”. La lógica que está detrás por parte de los partidos en la Cámara de Diputados es la lógica de las cuotas.
¿Cómo puede recobrar el IFE la confianza de la ciudadanía ante problemas que viene arrastrando desde el 2006?
Creo que uno de los temas pendientes es discutir el mecanismo de elección de los consejeros y magistrados electorales. Actualmente responde al sistema de cuotas, esto provoca mucha falta de confianza de las autoridades electorales. Muchos académicos hemos pensado en un mecanismo distinto. Por ejemplo, una forma sería un concurso en donde los más aptos y los que tengan las más altas calificaciones sean sometidos a un sorteo y de ahí se escoja al consejero electoral. Es algo que ha propuesto John Ackerman. Yo propongo el concurso para que queden los más aptos, los mejor calificados y que éstos sean sometidos a la votación de los ciudadanos durante las elecciones. Desde luego hay que cambiar este mecanismo de designación porque provoca mucha desconfianza el sistema de cuotas que hoy impera.
Por otra parte, algo que también molesta a los ciudadanos es el costo tanto de los procesos electorales como de la autoridad electoral, esto obliga a una reforma para disminuir el financiamiento público a los partidos y el costo burocrático del IFE.
Por ejemplo, terminé de ser consejero en 2003, había aproximadamente 10 mil empleados de base en toda la república, ahora los empleados son alrededor de 14 mil. Aquí hay que tener un ajuste, no se trata de despedir a trabajadores, sino de que no crezca más y que haya un mecanismo más transparente y de rendición de cuentas en el manejo de recurso. El IFE debe redoblar esfuerzos en estos temas y ya no incrementar su carga burocrática.
¿Qué soluciones se perfilan para este caso?
Si la Cámara de Diputados sigue renuente a aceptar la resolución del Tribunal Electoral, éste tendrá que designar al consejero. Ahí hay dos mecanismos: un sorteo de los cinco finalistas, o por méritos, analizar los currículum de cada uno y escoger al más calificado. La Cámara de Diputados debe ser más sensible y debe permitirse el periodo de sesiones de julio o agosto para la designación del consejero, por lo menos agotar el procedimiento porque, si no, sí entrarían en franco desacato del fallo del Tribunal Electoral.