Reaparece la violencia criminal
Para que el mal triunfe, sólo es necesario
que los buenos no hagan nada.
Edmund Burke
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Calificada por décadas como la capital del crimen, el primer gobierno democrático del Distrito Federal tuvo que diseñar profundas políticas sociales y de prevención del delito a fin de contrarrestar décadas de corrupción policial y embestidas enderezadas desde los gobiernos federales para desprestigiar el acceso de la izquierda al gobierno de la ciudad de México en 1997.
Baste recordar la escalada mediática que desató el asesinato de Paco Stanley —popular presentador televisivo asesinado en un restaurante del Periférico— y las presiones desatadas por un empresariado que tras el reclamo social de seguridad pretendió desvirtuar las acciones de gobiernos a las que constantemente descalificó.
Ante la desesperada búsqueda de legitimidad de Felipe Calderón en 2006, el gobierno federal colocó el país en un estado de guerra no convencional, que detonó una escalada de violencia, cuya devastadora acción se contabiliza por decenas de miles de muertes violentas, desapariciones y desplazamientos forzados, como resultado de la errática y vengativa política de quien apostó al terror para imponerse.
Inmersa en la estrategia republicana de George Bush hijo, la determinación calderonista de transformar el país en escenario de guerra, provocó la creación de diversos frentes de violencia que obligaron a las autoridades capitalinas a fortalecer sus esquemas de prevención y contención de la violencia delictiva, a fin de sostener los avances obtenidos a favor de la seguridad y convivencia social, programas que permitieron consolidar la otrora capital del crimen en una de las regiones menos inseguras del país.
En tanto que importantes entidades de la república veían perdida su emblemática tranquilidad provinciana, el gobierno del Distrito Federal se ufanó en enfrentar con inteligencia y acciones preventivas la delincuencia del Barrio Bravo de Tepito, aplicando por vez primera en la república la figura de extinción de dominio de inmuebles utilizados por el crimen organizado, edificios transformados en espacio comunitario, dando con ello un claro mensaje a favor de la seguridad en uno de los más tradicionales espacios de la antigua ciudad de México.
Con la transformación de La Fortaleza —ubicada en Jesús Carranza 33— en el Centro DIF, el gobierno capitalino ratificó su convicción en las acciones de prevención del delito, como la columna vertebral de la política de seguridad pública de la capital del país, contrastando con ello el mensaje de lucha frontal que enorgulleció al gobierno de Calderón.
Por ello, es motivo de preocupación y atención coordinada la reaparición de la violencia criminal en ese viejo barrio capitalino, y sobre todo su sigilosa expansión a otros espacios de la ciudad —tal y como lo están reflejando tanto el asesinato y el secuestro de un restaurantero registrados a fines de mayo en la colonia Condesa, y el levantón de 12 personas en las instalaciones de un bar ubicado en plena Zona Rosa—, hechos que según algunas de las líneas de investigación parecen entrelazarse con acciones de venganza entre bandas rivales, lo que de acreditarse nos apremia a actuar para evitar que la sombra de la violencia nacional campee en nuestra ciudad.
La simple hipótesis de que la violencia vuelva a apoderarse de la capital —como ocurrió a fines del pasado siglo XX— obliga a recuperar el profundo valor de la sentencia del irlandés Burke, para quien “para que el mal no triunfe” sólo se necesita la “falta de acción de los buenos”, es decir, sociedad y gobierno.